Ley Nº 642 / TELECOMUNICACIONES

Artículo 1º.- La emisión y la propagación de las señales de comunicación electromagnéticas son del dominio público del Estado y su empleo se hará de conformidad a lo establecido por la Constitución Nacional, los tratados y demás instrumentos internacionales vigentes sobre la materia, la presente ley y sus disposiciones reglamentarias, con el fin de lograr una mejor calidad, confiabilidad, eficiencia y disponibilidad de las mismas.

Artículo 2º.- Las disposiciones que reglamenten las telecomunicaciones, en sus distintas formas y modalidades, deberán asegurar la igualdad de oportunidades para el acceso al aprovechamiento del espectro radioeléctrico.

Artículo 3º.- Corresponde al Estado el fomento, control y reglamentación de las telecomunicaciones; el cual implementará dichas funciones a través de una Comisión Nacional de Telecomunicaciones en el marco de una política integrada de servicios, prestadores, usuarios, tecnología e industria.

Artículo 4º.- Toda persona física o jurídica tiene libre e igualitario derecho de acceso al uso y prestación de servicios de telecomunicaciones, con sujeción a la presente ley y demás disposiciones que regulan la materia.

Para el pleno ejercicio de este derecho se promoverá la integración de los lugares más apartados de los centros urbanos.

Artículo 5º.- La instalación, operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones ubicados en el territorio nacional se realizarán conforme a las especificaciones técnicas que establezca la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Artículo 6º.- Créase la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, entidad autárquica con personería jurídica de derecho público, encargada de la regulación de las telecomunicaciones nacionales. Las relaciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones con el Poder Ejecutivo se realizarán a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Artículo 7º.- Ejercerá la dirección de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones un Directorio compuesto por cinco Miembros: un Presidente y cuatro Directores, todos ellos designados por el Poder Ejecutivo. En caso de vacancia de la presidencia o de ausencia temporaria del Presidente sin delegación del cargo, los Directores designarán un Presidente interino. El Presidente, o quien haga sus veces, tendrá doble voto en caso de empate.

El Poder Ejecutivo designará, asimismo, dos Directores Suplentes que reemplazarán a los Titulares en caso de impedimento por cualquier motivo.

El Presidente y los Directores Titulares gozarán de las retribuciones previstas en el presupuesto anual de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Los Directores Suplentes serán retribuidos por el tiempo efectivo que reemplacen a los Titulares de los cargos.

Artículo 8º.- Los miembros del Directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones permanecerán en el ejercicio de sus funciones por cinco años, a excepción del Presidente cuyo mandato coincidirá con el del Presidente de la República.  

Para sesionar se requerirá la presencia de la mayoría absoluta de integrantes del Directorio. Las resoluciones se adoptarán por el voto coincidente de tres de sus miembros, como mínimo.

Artículo 9º.- Para ser miembro del Directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones se requiere:

1) Nacionalidad paraguaya;

2) Tener 25 (veinticinco) años cumplidos; y,

3) Solvencia moral e idoneidad en la materia.

Los miembros Titulares del Directorio se desempeñarán en régimen de dedicación exclusiva. 

Artículo 10.- No podrán ser designados, ni en su caso, ejercer el cargo de Miembros de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones:

a) Las personas suspendidas en el ejercicio de la ciudadanía;

b) Las personas que sean entre sí parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;

c) Los inhibidos de bienes, los concursados y los fallidos;

d) Los incapaces para ejercer el comercio y los declarados tales según las leyes;

e) Los condenados por delitos, con penas privativas de libertad; y,

f) Los condenados a inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Artículo 11.- Los funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones no podrán ser directores, gerentes, socios, accionistas o empleados de personas físicas o jurídicas, sujetas a la supervisión de dicha comisión.

Artículo 12.- Los miembros de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones cesarán en sus cargos por:

a) Expiración del término de su designación;

b) Renuncia presentada al Poder Ejecutivo; y,

c) Destitución por Decreto del Poder Ejecutivo por faltas graves debidamente comprobadas, previo sumario administrativo.

Artículo 13.- Las normas reglamentarias de la presente ley determinarán la forma y condiciones de funcionamiento de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Artículo 14.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones tendrá su domicilio en la ciudad de Asunción y ejercerá su competencia en toda la República.

Artículo 15.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones tendrá a su cargo la regulación administrativa y técnica y la planificación, programación, control, fiscalización y verificación de las telecomunicaciones conforme a la normativa aplicable y las políticas del Gobierno para el sector. 

La Comisión ejercerá sus funciones en forma exclusiva, sin que ellas puedan ser delegadas ni objeto de avocamiento por parte de otros organismos del Estado. 

Artículo 16.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones ejercerá las siguientes funciones:

a) Dictar los reglamentos en materia de telecomunicaciones;

b) Aprobar las normas técnicas;

c) Elaborar y aplicar el Plan Nacional de Telecomunicaciones y el Plan Nacional de Frecuencias con el objeto de regular el libre acceso al aprovechamiento del espectro radioeléctrico;

d) Administrar el espectro radioeléctrico;

e) Regular y fiscalizar las condiciones de elegibilidad para las concesiones y el otorgamiento y cesión de las licencias y autorizaciones;

f) Aplicar las sanciones previstas en la ley y en los correspondientes contratos de concesión, licencias y autorizaciones;

g) Estudiar y proponer al Poder Ejecutivo los regímenes tarifarios, tasas, derechos y aranceles de los servicios de telecomunicaciones y fiscalizar su aplicación;

h) Proponer al Poder Ejecutivo el régimen de seguridad en los sistemas de telecomunicaciones en los casos en que se declare el estado de excepción, previsto en el artículo 288 de la Constitución;

i) Adoptar reglas para establecer estándares técnicos y procedimientos para la aprobación de redes y equipos que aseguren que la interconexión, el uso de terminales y otros equipos no dañarán las redes;

j) Establecer las bases a las que deberán ajustarse los contra¬tos de interconexión, controlar su cumplimiento y oficiar de árbitro a petición de las partes, a fin de dirimir eventuales controversias;

k) Prevenir conductas anticompetitivas y discriminatorias y las bajas o alzas artificiales de precios y tarifas;

l) Controlar el cumplimiento de las condiciones que establezcan los prestadores de servicios de telecomunicaciones a sus usuarios;

m) Percibir las tasas, derechos y aranceles en materia de telecomunicaciones, con los cuales financiará su operatoria, y supervisar su cumplimiento;

n) Homologar los equipos y sistemas de telecomunicaciones que se instalen en el país;

ñ) Llevar el Registro Nacional de Servicios de Telecomunicaciones, el que deberá ser público;

o) Resolver en la instancia administrativa las acciones interpuestas por usuarios, prestadores de servicios de telecomunicaciones o terceros interesados;

p) Elaborar y administrar su presupuesto conforme a las asignaciones fijadas en la presente ley y sus reglamentos;

q) Crear y estructurar las dependencias necesarias dentro de la misma, establecer sus funciones y atribuciones y modificarlas. Ejercer la supervisión de las mismas;

r) Administrar el Fondo de Servicios Universales, de acuerdo con las disposiciones de esta ley y sus normas reglamentarias;

s) Asesorar al Poder Ejecutivo acerca del régimen de prestación de nuevos servicios que se introduzcan en el mercado. Los nuevos servicios se prestarán en régimen de exclusividad, sólo cuando ello sea técnica o económicamente imprescindible;

t) Proponer al Poder Ejecutivo la actualización de la legislación en materia de telecomunicaciones;

u) Fomentar la investigación y asistencia técnica para el progreso y perfeccionamiento de las telecomunicaciones, estimulando el crecimiento de la industria nacional en dicho rubro;

v) Aprobar los reglamentos de las entidades que presten servicios de telecomunicaciones cuando ellas se adecuen a las normas establecidas en la presente ley y sus reglamentaciones;

w) Cumplir y hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y las demás disposiciones conexas;

x) Determinar las normas de selección de corresponsales en el exterior para la prestación de servicios internacionales; e,

y) Fijar la equivalencia del franco oro y de la unidad monetaria del Fondo Monetario Internacional en moneda paraguaya, para su utilización en los servicios internacionales que correspondan de conformidad con los tratados y convenios internacionales vigentes y las normas del Banco Central del Paraguay.

Artículo 17.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones está exenta del impuesto a la renta y de todo tributo sobre los inmuebles, los muebles y útiles, así como respecto a las actividades y operaciones que efectúe. 

Artículo 18.- Los bienes importados directamente por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones estarán libres de impuestos; y sólo podrán ser enajenados con autorización del Poder Ejecutivo, previa justificación de que ya no son adecuados para el cumplimiento de los fines de la entidad.

Artículo 19.- Las telecomunicaciones en la República del Paraguay se clasifican en:

1) Servicios Básicos: 

1.1.) Local; 

1.2.) De Larga Distancia Nacional; y,

1.3.) De Larga Distancia Internacional.

2) Servicios de Difusión.

3) Otros Servicios.

1.1.) Servicios de Valor Agregado;

1.2.) Servicios Privados;

1.3.) Radioafición;

1.4.) Servicios de Radiodifusión de pequeña cobertura; y,

1.5.) Servicios Reservados al Estado.

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones podrá incluir dentro del marco de la clasificación general establecida aquellos servicios y modalidades no considerados expresamente en la ley y los que surjan en el futuro como consecuencia del avance tecnológico y científico.

Artículo 20.- Los servicios básicos son servicios públicos que se prestan en régimen de concesión. Los servicios de difusión y los servicios de valor agregado se prestan en régimen de licencia. Los clasificados en esta ley como "Otros Servicios" se prestan en régimen de autorización.

Artículo 21.- Servicio básico es el servicio telefónico conmutado punto a punto mediante el uso de cable -o radio fija, utilizada como sustituto o extensión de la red de cableado.

Artículo 22.- A los fines de la instalación y operación de sistemas de telecomunicaciones afectados a la prestación de servicios básicos se destinará en forma preferencial el uso del suelo, sub-suelo, y del espacio aéreo del dominio público o privado, nacional, departamental o municipal, con carácter temporario o permanente, y conforme lo determine la reglamentación. Este uso estará exento de todo gravamen.

Artículo 23.- Cuando para la realización de una obra sea necesario trasladar, remover o modificar instalaciones de servicios básicos de telecomunicaciones, emplazados en bienes del dominio público, el gasto que se origine será de cargo exclusivo del interesado en la ejecución de la obra.

Artículo 24.- Los prestadores de servicios básicos tienen derecho a efectuar las instalaciones correspondientes en o a través de inmuebles pertenecientes a particulares. En todos los casos se buscará la conformidad de los propietarios; de no lograrse, el Estado podrá expropiarlos por causa de utilidad pública o imponer servidumbres forzosas para llevar a cabo la instalación de los servicios de acuerdo con las leyes vigentes en la materia.     

Artículo 25.- Para la conservación de las instalaciones de los servicios básicos, sus prestadores podrán acceder a los bienes del dominio público o privado del Estado y a la propiedad privada de los particulares, en la forma y condiciones que determine la reglamentación.     

Artículo 26.- Siempre que el retiro de apoyos o instalaciones en terrenos abiertos, construcciones o edificios privados sea indispensable por causa de demolición, ampliación o modificación, el propietario estará exento de pagar los gastos que se originen en consecuencia.

En esta situación, se requerirá que la solicitud se curse con una anticipación de tres meses al retiro de las instalaciones que obstaculicen la realización de la obra.

Artículo 27.- La emisión y la propagación de señales de comunicación radioeléctrica son de dominio público del Estado.

Se asegurará, en igualdad de oportunidades, el libre acceso al aprovechamiento del espectro radioeléctrico, sin más límites que los impuestos por los convenios internacionales ratificados por la República del Paraguay, y las normas técnicas vigentes en la materia. 

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones administrará el empleo de las señales de comunicación radioeléctrica.

Artículo 28.- Son servicios de difusión los servicios de telecomunicaciones, que permiten la transmisión o emisión de comunicaciones en un solo sentido a varios puntos de recepción simultáneamente. Se consideran servicios de difusión, entre otros, los de radiodifusión sonora, televisión, cablecomunicación, teledistribución, radiodistribución y cabledistribución. Los mismos podrán ser explotados por personas físicas o jurídicas titulares de licencias conforme lo determine la reglamentación.

Las disposiciones reglamentarias de la presente ley señalarán las modalidades de los servicios de difusión.

Artículo 29.- Los servicios de difusión se prestarán en régimen de libre competencia.

Artículo 30.- Es requisito previo e indispensable para la prestación de servicios de difusión, obtener la aprobación por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, de los correspondientes proyectos o propuestas técnicas de las instalaciones y de los reglamentos técnicos y de servicios.

Artículo 31.- La prestación de servicios de difusión requerirá de licencia.

Artículo 32.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones establecerá el número máximo de licencias por persona.

Artículo 33.- Se garantiza el derecho de libre recepción. La recepción de emisiones de radiodifusión será gratuita. La recepción de las emisoras de teledistribución y de toda otra forma de telecomunicaciones destinada a la distribución de programas sonoros o de televisión a un número determinado de puntos, podrá ser onerosa.

Artículo 34.- Los servicios de difusión se instalarán y operarán conforme al Plan Nacional de Frecuencias. Los licenciatarios determinarán el equipo técnico y las características edilicias de sus plantas. El Plan Nacional de Frecuencias recogerá, para su formación, las normas técnicas de los tratados internacionales ratificados por la República del Paraguay.

En el Plan Nacional de Frecuencias, se reservará al Estado:

a) Una frecuencia para la prestación de servicios de televisión con sus correspondientes estaciones repetidoras que cubran todos los departamentos del país; y,

b) Una frecuencia para radiodifusión sonora en amplitud modulada (AM) de cobertura nacional; una frecuencia para radiodifusión sonora en frecuencia modulada (FM) en cada departamento y frecuencias en ondas cortas.

Artículo 35.- Créase el Consejo de Radiodifusión, órgano dependiente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que estará integrado por el Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, quien lo preside, y por cinco miembros titulares, que representarán a:

1) Un representante de los licenciatarios de las radios de la capital.

2) Un representante de los licenciatarios de las radios del interior.

3) Un representante de los licenciatarios de estaciones de televisión.

4) Un representante de los trabajadores de radio y televisión organizados.

5) Un representante de los licenciatarios de la televisión por cable y teledirigida.

Artículo 36.- Los miembros del Consejo de Radiodifusión serán nombrados por el Poder Ejecutivo dentro de treinta días de ser nominados y recaerán en personas que propongan los sectores citados en el artículo anterior. En caso de que no existan nominados, el Poder Ejecutivo nombrará directamente a los miembros que integrarán este Consejo.

El Poder Ejecutivo designará, al mismo tiempo, cinco miembros suplentes, en igual forma que los titulares.

Artículo 37.- Los Miembros del Consejo de Radiodifusión durarán cinco años en sus funciones pudiendo ser reelectos por un período más. 

En caso de vacancia por muerte, incapacidad, renuncia o remoción de uno o más miembros titulares, entrarán a reemplazar a los mismos los suplentes respectivos hasta completar el período del titular.

Artículo 38.- En caso de ausencia temporal o impedimento del Presidente del Consejo de Radiodifusión o cuando el cargo quede vacante, asumirá las funciones del Presidente el Miembro del Consejo Nacional de Telecomunicaciones designado al efecto hasta que se restituya el titular o sea nombrado un nuevo Presidente.

Artículo 39.- Para sesionar el Consejo de Radiodifusión se requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros. Las resoluciones se adoptarán por mayoría simple.

Artículo 40.- El Presidente y los miembros del Consejo de Radiodifusión no gozarán de retribución alguna por el desempeño de dicho cargo.

Artículo 41.- Para ser Miembro del Consejo de Radiodifusión se requiere:

1) Nacionalidad paraguaya;

2) Tener 25 (veinticinco) años cumplidos; y,

3) Solvencia moral e idoneidad en la materia.

Artículo 42.-  No podrán ser designados, ni en su caso, ejercer el cargo de Miembros del Consejo de Radiodifusión:

a) Las personas suspendidas en el ejercicio de la ciudadanía;

b) Las personas que sean entre sí parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;

c) Los inhibidos de bienes, los concursados y los fallidos;

d) Los incapaces para ejercer el comercio y los declarados tales según las leyes;

e) Los condenados por delitos, con penas privativas de libertad; y,

f) Los condenados a inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Artículo 43.- Los Miembros del Consejo de Radiodifusión cesarán en sus cargos por:

a) Expiración del término de su designación;

b) Renuncia presentada al Poder Ejecutivo; y,

c) Faltas graves debidamente comprobadas, previo sumario administrativo.

Artículo 44.- Son funciones del Consejo de Radiodifusión:

a) Asesorar y aconsejar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones respecto de todas las propuestas y proyectos de adjudicación de frecuencias;  

b) Participar en la elaboración, modificación o actualización del Reglamento de Radiodifusión; y,

c) Evacuar las consultas que le formule la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Deben ser fundadas las Resoluciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que no hagan lugar a la adjudicación de frecuencias recomendada por el Consejo de Radiodifusión.

Artículo 45.- Las normas reglamentarias de la presente ley determinarán la forma y condiciones de funcionamiento del Consejo de Radiodifusión.

Artículo 46.- Se consideran servicios de valor agregado, aquellos que utilizando como soporte servicios básicos o de difusión, añaden alguna característica o facilidad al servicio que le sirve de base. Son servicios de valor agregado, entre otros, el facsímil, el videotex, el teletexto, la teleacción, el telemando, la telealarma, el almacenamiento y retransmisión de datos, el teleproceso y la telefonía móvil celular.

Las disposiciones reglamentarias de esta ley determinarán los servicios de valor agregado y sus modalidades.

Artículo 47.- Los servicios de valor agregado se prestarán en régimen de libre competencia.

Artículo 48.- La explotación de los servicios de valor agregado podrá ser realizada por personas físicas o jurídicas, observando las regulaciones contenidas en la presente ley y sus disposiciones reglamentarias. Los prestadores de estos servicios se inscribirán en el Registro Nacional de Servicios de Telecomunicaciones. 

Artículo 49.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones determinará los servicios de valor agregado que requerirán de licencia y las condiciones y términos de explotación de los mismos. 

Artículo 50.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones podrá suspender un servicio de valor agregado, en caso de que su operación cause perjuicio a la red de telecomunicaciones.

Artículo 51.- Los servicios de valor agregado que requieran de redes propias de telecomunicaciones, distintas a las de los servicios básicos, deben obtener expresa autorización de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Artículo 52.- Se consideran servicios privados de telecomunicaciones aquellos servicios establecidos por una persona física o jurídica para satisfacer sus propias necesidades de comunicación dentro del territorio nacional.

A efectos de su clasificación como servicios privados se considerarán como una misma persona a los socios, filiales y subsidiarias de una misma persona jurídica que opere como un conjunto económico.

Estos servicios no pueden ser brindados a terceros, salvo que se trate del suministro de servicios de valor agregado para el cumplimiento de su objeto social.

Artículo 53.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones orientará, fomentará e impulsará la actividad de radioafición.

Artículo 54.- A los efectos de la presente ley, se reconocerá como radioaficionado a aquella persona debidamente autorizada que se interese en la radiotecnia con carácter exclusivamente personal, sin fines de lucro. 

Artículo 55.- La estación de radioaficionados no podrá destinarse a otro uso que el específico. El contenido de cada radiocomunicación entre radioaficionados deberá ajustarse a la finalidad establecida en la presente ley y su reglamentación.

Artículo 56.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones determinará los requisitos para el otorgamiento de autorizaciones por categorías, su duración, instalación de equipos, funcionamiento de las estaciones y las condiciones en que proceda conceder autorizaciones a radioaficionados extranjeros en tránsito o con residencia temporaria en el país, conforme con las normas nacionales e internacionales en la materia.   

Artículo 57.- Constitúyese el servicio de radiodifusión alternativa, que incluirá las radios comunitarias, educativas, asociativas y ciudadanas, de pequeña y mediana cobertura. Una reglamentación especial establecerá el alcance, la potencia y las características técnicas de las mismas.

Artículo 58.- El objetivo de estos servicios consiste en emitir programas de carácter cultural, educativos, artísticos e informativos sin fines de lucro.

Artículo 59.- Podrán ser prestadores de la radiodifusión alternativa, las organizaciones intermedias sin fines comerciales, legalmente constituidas en el país, que no sean subsidiarias o filiales de empresas nacionales o extranjeras.

Artículo 60.- Los servicios de telecomunicaciones reservados al Estado, por gestión directa o por sus entes públicos, son los siguientes:

- Servicios radioeléctricos de ayuda a la meteorología;

- Servicios radioeléctricos de ayuda a la navegación aérea;

- Servicios radioeléctricos de ayuda a la navegación fluvial y  marítima;

- Servicios radioeléctricos de navegación aero-espacial;

- Servicios radioeléctricos de radio astronomía; 

- Servicios de socorro y seguridad de la vida humana en los ríos de la República y en alta mar;

- Servicios de telecomunicaciones, información y auxilio en carretera; y,

- Aquellos servicios que afecten la seguridad de la vida humana, o cuando por razones de interés público así lo establezca el Poder Ejecutivo.

El Estado podrá otorgar en concesión la prestación temporaria de estos servicios a particulares en las condiciones que se determinen en las respectivas normas legales, reglamentarias y contractuales.

Artículo 61.- Quedan exceptuadas de la clasificación de servicios de la presente ley, las telecomunicaciones instaladas dentro de un mismo inmueble que no utilizan el espectro radioeléctrico y no tengan conexión con redes exteriores.

Artículo 62.- Se denomina concesión el acto jurídico mediante el cual el Estado cede a una persona física o jurídica la facultad de prestar un servicio público, por un plazo determinado. La concesión se perfecciona mediante contrato escrito, aprobado por el Congreso Nacional.

Artículo 63.- Se denomina licencia el acto jurídico por el cual el Estado faculta a una persona física o jurídica el establecimiento y explotación de servicios de telecomunicaciones, que no requieran de concesión.

Artículo 64.- Se denomina autorización el acto jurídico por el cual el Estado faculta a una persona física o jurídica a instalar equipos de radiocomunicaciones para uso privado, en un lugar determinado.

Artículo 65.- Las licencias y autorizaciones serán otorgadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Artículo 66.- Los derechos otorgados por el Estado en los artículos anteriores son intransferibles, salvo previa autorización de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. La inobservancia de esta condición produce la resolución de pleno derecho del contrato de concesión o la anulación automática de la autorización o licencia.

El incumplimiento de las leyes y reglamentaciones vigentes en materia de telecomunicaciones será pasible de las sanciones previstas en la presente ley.

Artículo 67.- Las licencias y autorizaciones se ajustarán estrictamente a los requisitos que establezca la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Artículo 68.- Las condiciones que deberán reunir los que se postulen para titulares de licencias y autorizaciones, serán definidas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en las reglamentaciones respectivas.

Artículo 69.- Toda modificación estatutaria de las entidades adjudicatarias de concesiones, autorizaciones o licencias, así como el cambio de los directores, administradores o apoderados deberán ser notificados en el plazo de treinta días de su acaecimiento, a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones adjuntando los recaudos que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente ley. Toda modificación de la titularidad de las acciones nominativas de las entidades que presten servicios de telecomunicaciones, requerirá previa autorización de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Artículo 70.- Las concesiones, licencias y autorizaciones estarán sujetas al pago de un derecho, por única vez, que deberá verificarse en el plazo de sesenta días de su obtención. La explotación comercial de los servicios estará sujeta al pago de una tasa anual de hasta el uno por ciento de los ingresos brutos del prestador.

Artículo 71.- Las concesiones, licencias y autorizaciones otorgadas conforme a la presente ley se extinguen:

a) Por el vencimiento del plazo de vigencia y renovación de las mismas;

b) Por resolución o revocación por causas justificadas de acuerdo a la presente ley, previo sumario administrativo;

c) Por incapacidad sobreviniente o inhabilitación judicial del titular de la concesión, licencia o autorización, o por quiebra, disolución social o renuncia del mismo;

d) Por fallecimiento del titular de la concesión, licencia o autorización. En este caso los herederos tendrán preferencia para el otorgamiento de una concesión, licencia o autorización en condiciones similares a terceros interesados; y,

e) Por todo hecho o acto que implique la pérdida o modificación de los requisitos legales, reglamentarios y técnicos que se tuvieron en cuenta al tiempo de otorgarlos.

Declarada la extinción, el destino de los bienes afectados a la explotación o prestación del servicio será el determinado por la concesión,  autorización o licencia. En todos los casos, el prestador deberá mantener la continuidad y regularidad del servicio en las mismas condiciones, hasta tanto la autoridad de aplicación disponga el cese efectivo y/o nombre un administrador interino.

Artículo 72.- Las concesiones, licencias y autorizaciones se prorrogarán precariamente en la forma y condiciones de otorgamiento hasta que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones se pronuncie sobre la renovación de las mismas o su otorgamiento a distinto titular. El plazo de la prórroga no podrá exceder de noventa días, prorrogable por única vez por otros noventa días. 

Artículo 73.- Las concesiones, licencias y autorizaciones otorgadas de acuerdo a la presente ley tendrán un plazo máximo de:

a) Veinte años para los servicios públicos de telecomunicaciones, renovables, según los términos establecidos en el contrato de concesión;

b) Diez años para los servicios de difusión, renovables por igual período por única vez, conforme a los términos establecidos en la licencia; y,

C) Cinco años para los demás servicios, renovables a solicitud del interesado.

Artículo 74.- Las instalaciones de telecomunicaciones están sujetas a la homologación, inspección y contralor que determine la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, con el objeto de garantizar la integridad de la red de telecomunicaciones, del espectro de radio y la seguridad del usuario.

Los titulares de concesiones, autorizaciones o licencias y usuarios de las mismas están obligados a facilitar esa función, en la forma y condiciones que establezca la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Artículo 75.- La conexión total o parcial de equipos o aparatos de telecomunicaciones requerirá de homologación, salvo las excepciones que establezca la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones dictará las normas reglamentarias relativas a la homologación de equipos y aparatos de telecomunicaciones, y aprobará y publicará una lista de marcas y modelos homologados. La inclusión en esta lista supone el cumplimiento automático del requisito que exige este artículo. Esta lista será permanentemente actualizada de oficio o a petición de parte. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones tendrá la obligación de pronunciarse sobre la homologación de  equipos y aparatos en el plazo que fije la reglamentación de la presente ley, pero no superior a los noventa días.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones propondrá al Poder Ejecutivo el monto de las tasas aplicables en el proceso de obtención de la homologación, con la finalidad de absorber los costos de las pruebas que deben realizarse en las tareas de verificación.

Artículo 76.- Se prohíbe la comercialización y operación de equipos y aparatos de telecomunicaciones que no hayan sido homologados, no se ajusten a las disposiciones de la presente ley o su reglamentación, o hayan sido alterados mecánica o electrónicamente después de su homologación, salvo las excepciones expresamente previstas en la ley y los reglamentos correspondientes.

Artículo 77.- La interconexión de las redes de los servicios públicos de telecomunicaciones entre sí es de interés público; y por tanto obligatoria. Está prohibida la interconexión de servicios privados entre sí, salvo las excepciones que establezca la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y se hallen previstas en la reglamentación correspondiente.

Artículo 78.- Los acuerdos de interconexión deben constar por escrito y estar en armonía con los principios de neutralidad, no discriminación e igualdad de acceso. Su ejecución debe realizarse en los términos y condiciones que establezca la reglamentación; los mismos serán revisados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la cual podrá introducir las modificaciones necesarias conforme a la presente ley y sus disposiciones reglamentarias.

La interconexión debe realizarse en términos, condiciones y tarifas iguales a las de ofrecimiento a subsidiarias y afiliadas para servicios similares. Cuando ella sea interna a la compañía o a través de una subsidiaria o afiliada, los métodos contables apropiados deben instrumentarse de modo a identificar el tipo y costo de la interconexión.

Artículo 79.- Los prestadores de servicios permitirán, facilitarán y en su caso realizarán la interconexión a sus redes de servicios y sistemas, de otros operadores de telecomunicaciones, de acuerdo con las normas que la reglamentación establezca y con lo previsto en las respectivas concesiones, licencias y autorizaciones. En caso de que las partes interesadas en la interconexión no logren ponerse de acuerdo, cualquiera de ellas podrá someter la a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la que resolverá directamente o requiriendo la intervención de terceros.

Artículo 80.- La forma, modo y condiciones de intercambio interno de telecomunicaciones entre las distintas empresas prestadoras de servicios públicos, se establecerán por acuerdo de partes, los cuales para su validez deberán ser presentados a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Artículo 81.- Sin perjuicio de los demás derechos que la presente ley y sus disposiciones reglamentarias consagren a favor de los abonados y usuarios, en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, las concesiones, autorizaciones y licencias establecerán y garantizarán el principio de igualdad de trato y sus titulares se obligarán a prestar los correspondientes servicios sobre una base justa y razonable, debiéndoseles otorgar idéntico tratamiento en iguales situaciones. 

Artículo 82.- El usuario tiene derecho a elegir el operador del servicio de telecomunicaciones que a su criterio le convenga. A tal efecto los prestadores de servicios de telecomunicaciones se abstendrán de realizar prácticas que impidan o distorsionen el derecho del usuario a la libre elección.        

Artículo 83.- Los titulares de concesiones y licencias someterán a consideración de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones los modelos de contratos de servicios necesarios y sus modificaciones, con la finalidad de obtener la aprobación de las condiciones de prestación de los mismos.          

Artículo 84.- Los titulares de concesiones y licencias establecerán mecanismos eficientes de recepción de quejas y reparación de fallas e informarán a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones el número de quejas, el resultado de las reparaciones y el otorgamiento de compensaciones a los abonados derivados de la interrupción de los servicios.

Artículo 85.- Los titulares de concesiones y licencias deberán establecer y mantener un eficiente servicio de atención a los abonados y usuarios, dentro de los parámetros que indiquen las disposiciones reglamentarias aplicables, no pudiendo hacer por motivo alguno discriminaciones injustas o no razonables dentro de cada una de las distintas categorías de abonados y usuarios.

Artículo 86.- Los titulares de concesiones y licencias sólo podrán suspender la prestación de servicios, en los casos previstos en las disposiciones reglamentarias de la presente ley y sus respectivos contratos.

Artículo 87.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones deberá realizar actuaciones destinadas a fiscalizar si los términos y condiciones de las concesiones, licencias y autorizaciones se cumplen y se adecuan a las normas de la presente ley y sus disposiciones reglamentarias, ya sea de oficio o a petición de usuarios, o de terceros interesados. Las operaciones de fiscalización, salvo en caso de violaciones graves, evitarán perturbar la gestión del prestador.

Artículo 88.- Los titulares de la explotación de servicios de telecomunicaciones facilitarán a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones el ejercicio de sus facultades de control.  Asimismo deberán presentar balances y estados de cuenta en la forma y oportunidad que establezca dicha autoridad. Quedan excluidos de dicha obligación las personas que exploten servicios bajo autorización.

Artículo 89.- Se establece la inviolabilidad del secreto de la correspondencia realizada por los servicios de telecomunicaciones y del patrimonio documental, salvo  orden judicial. Esta disposición es aplicable tanto al personal de telecomunicaciones, como a toda persona o usuario que tenga conocimiento de la existencia o contenido de las mismas.

Artículo 90.- La inviolabilidad del secreto de la correspondencia de telecomunicaciones importa la prohibición de abrir, sustraer, interferir, cambiar texto, desviar curso, publicar, usar, tratar de conocer o facilitar que persona ajena al destinatario tenga conocimiento de la existencia o el contenido de comunicaciones confiadas a  prestadores de servicios y la de dar ocasión para cometer tales actos.

Artículo 91.- Es obligación de los titulares de la explotación de servicios públicos de telecomunicaciones, publicar y distribuir en forma gratuita las guías y nóminas de sus respectivos usuarios abonados, de conformidad con las normas reglamentarias correspondientes. Los usuarios tendrán derecho a la no inclusión de sus nombres en dichas guías y nóminas.

Artículo 92.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones establecerá la estructura y niveles tarifarios, así como los criterios para su determinación y los procedimientos para su modificación, conforme a las disposiciones reglamentarias de la presente ley y los siguientes principios:

a) Las tarifas de los servicios públicos se establecerán en base a un sistema de precios máximos;

b) Las tarifas de los demás servicios estarán sujetas al control de razonabilidad de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones;

c) Las tasas y tarifas correspondientes a los servicios internacionales se regirán por las disposiciones que determine la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, considerando los convenios en los que el país sea parte y los principios y recomendaciones internacionales;

d) Los derechos y tasas para la utilización del espectro radioeléctrico se fijarán de acuerdo al régimen que establezca la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, teniendo en cuenta la cantidad y clase de estaciones, la naturaleza de los servicios, el consumo de frecuencias, las características de las emisiones, requerimientos, horarios y demás factores que incidan en el uso racional del espectro radioeléctrico; y,

e) En aquellas zonas en que no exista disponibilidad de servicios públicos de telecomunicaciones eficientes o imperen razones de interés público o social, de fomento y promoción regional, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones determinará con carácter temporal la aplicación de tarifas y tasas diferenciales reducidas.

Artículo 93.- Las tarifas a fijarse por los prestadores de servicios de telecomunicaciones, se regirán por las siguientes pautas:

a) Deberá publicarse en dos diarios de gran circulación en la jurisdicción donde operan, dentro de los treinta días de entrada en vigencia de las respectivas concesiones, licencias o autorizaciones, la estructura general de sus tarifas con los valores expresados en una unidad no monetaria y el valor monetario de dicha unidad;

b) En lo sucesivo, deberán publicarse por los mismos medios indicados en el inciso precedente, el cambio de valor de la unidad utilizada y, en su caso, las modificaciones de la estructura antes de su aplicación;

c) Remitir, contemporáneamente a la referida publicación, copia firmada de la misma a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones;

d) Tener un ejemplar actualizado de las tarifas a disposición de los usuarios;

e) Las guías de abonados a ser suministradas a los usuarios, incluirán una síntesis de las tarifas en los aspectos que sean de mayor interés para dichos usuarios;

f) Proporcionar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones toda la información contable y de costos, que la misma oportunamente requiera; y,

g) Cumplir las demás condiciones que con respecto al régimen tarifario imponga la concesión, licencia o autorización respectiva.

Artículo 94.- Las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones pueden establecer libremente las tarifas, siempre que no excedan los precios máximos fijados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Artículo 95.- La fijación de tarifas de los demás servicios es libre y se regula por la oferta y la demanda, sujeta al control previsto en el Artículo 92, inc. b) de esta ley. No obstante, la Comisión podrá establecer tarifas en mercados no suficientemente competitivos.

Artículo 96.- Se prohíben las prácticas concertadas que produzcan o puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia.

Artículo 97.- Créase el Fondo de Servicios Universales, que será administrado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, con la finalidad de subsidiar a los prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones en áreas que así lo justifiquen. La reglamentación de la presente ley establecerá los sujetos y condiciones de contribución a dicho Fondo y definirá dichas áreas.

Artículo 98.-  Los titulares de concesiones, licencias o autorizaciones y en general las personas físicas o jurídicas, sometidas a la supervisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, serán pasibles de las sanciones previstas en  el presente capítulo, cuando infrinjan normas de la presente ley y  sus disposiciones reglamentarias.

El ejercicio de la potestad disciplinaria, a que se refiere este capítulo, corresponde a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Las actuaciones judiciales que se lleven a cabo ante la eventual concurrencia de delitos o faltas sancionadas por el Código Penal, serán independientes de la actuación administrativa, como también lo serán las sanciones que en cada instancia se apliquen, las que pueden ser acumulativas.

Artículo 99.- Se consideran normas de ordenación y disciplina de la actividad de telecomunicaciones, las leyes y disposiciones administrativas de carácter general que contengan preceptos específicos referentes a la materia y de obligada observancia para su cumplimiento. Se entienden especialmente comprendidas las resoluciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y las normas técnicas aprobadas en los términos de la presente ley.

Artículo 100.- A efectos de la clausura provisional y de la incautación provisional de equipos la Comisión Nacional de Telecomunicaciones oficiará al Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, para que por el solo mérito de dicho oficio y la transcripción de la resolución de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que autoriza la medida, disponga el diligenciamiento correspondiente, y el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario.     

La prestación ilegal del servicio importará para quienes resulten responsables la inhabilitación por el término de cinco años duplicables en caso de reincidencia, contados desde la declaración de ilegalidad, para ser titulares, socios o miembros de órganos titulares de concesiones, licencias y autorizaciones de servicios de telecomunicaciones.

Artículo 101.- Los titulares de concesiones, licencias y autorizaciones, responsables de contravenciones a la presente ley y sus disposiciones reglamentarias, serán pasibles de las siguientes sanciones:

a) Llamado de atención;

b) Apercibimiento;

c) Multa de 3 (tres) a 1.000 (un mil) salarios mínimos mensuales establecidos para trabajadores de actividades diversas no especificadas en la capital o hasta el ciento por ciento de la suma contravenida, de acuerdo a la gravedad de la infracción;

d) Suspensión de la concesión, licencia o autorización;

e) Cancelación de la concesión, licencia o autorización;

f) Decomiso o incautación; y,

g) Devolución de la tarifa y/o devolución a los usuarios. 

Las sanciones se aplicarán:

a) Teniendo en cuenta las  particulares características y gravedad de la falta; y,

b) Previo sumario administrativo en el que se dará intervención al inculpado o inculpados, garantizando  el derecho a la defensa.

Las sanciones se aplicarán previo sumario administrativo en el que se dará intervención al inculpado o inculpados, garantizando el derecho a la defensa.

La sanción prevista en el apartado e) solamente podrá adoptarse por unanimidad de votos de los miembros de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Artículo 102.- Se consideran faltas las infracciones a las normas de ordenación y disciplina. Se clasificarán en graves y leves.

La tipificación de una acción u omisión como infracción de una determinada clase es absolutamente independiente de la concurrencia o no de circunstancias modificativas de la responsabilidad. La concurrencia de los mismos sólo es apreciable para la graduación de la sanción.

Artículo 103.- Son infracciones leves aquellas acciones u omisiones que supongan el incumplimiento de normas legales o técnicas de obligada observancia que la presente ley no califique como infracciones graves.

Son consideradas infracciones leves, en particular, las facturaciones mal efectuadas o mal aplicadas, y el no cumplimiento de las etapas de tramitación previstas en la reglamentación para atención de quejas de los usuarios.

Artículo 104.- Constituye infracción grave:

a) La realización de actos sin previa autorización de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en los casos que sea expresamente requerida, o con inobservancia de las condiciones básicas establecidas;

b) La simulación o fraude que desvirtúe los términos y alcance de la concesión, licencia o autorización;

c) No iniciar la prestación de  servicios de telecomunicaciones regulares en el plazo y condiciones previstos en la ley,  en la concesión, licencia o autorización;

d) El incumplimiento de las limitaciones o prohibiciones temporales impuestas a  titulares de concesiones, licencias o autorizaciones como sanción por infracciones graves o leves;

e) Incumplir las normas técnicas en perjuicio directo o indirecto de los usuarios y de terceros;

f) La reincidencia en  infracciones de carácter leve;

g) Ocultar información, o suministrar información falsa o distorsionada a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones o a cualquiera de sus reparticiones;

h) Las interrupciones totales o parciales del servicio; e,

i) El incumplimiento en la presentación en tiempo y forma de los documentos e información que estipule la concesión, licencia o autorización y las disposiciones reglamentarias de la presente ley.

Artículo 105.- Además de las sanciones que corresponda imponer a los titulares de concesiones, licencias o autorizaciones, por la comisión de las infracciones mencionadas más arriba, se impondrán a cada uno de sus Directores, Gerentes y Administradores, en su caso, las siguientes sanciones:

Por infracciones graves:

a) Apercibimiento público;

b) Multa, equivalente de 10 (diez) a 100 (cien) salarios mínimos mensuales, establecidos para trabajadores de actividades diversas no especificadas de la capital de la República; y,

c) Remoción del cargo con inhabilitación, por un período de 3 (tres) a 10 (diez) años, para el ejercicio de cargos de director, gerente o administrador de entidades sometidas a la supervisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Por infracciones leves:

a) Apercibimiento privado; y,

b) Multa, equivalente de 1 (uno) a 20 (veinte) salarios mínimos mensuales, establecidos para trabajadores de actividades diversas no especificadas de la capital de la República. 

Artículo 106.- Las acciones derivadas de las infracciones graves prescriben a los tres años contados a partir de la fecha de la infracción.

Las acciones derivadas de las infracciones leves prescriben al año de la fecha de la infracción.

En caso de que la infracción consista en una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo del plazo de prescripción será la de la última actuación.

La prescripción se interrumpe por el inicio de sumario administrativo, y por las demás causas previstas en el Código Civil. 

Artículo 107.- Los titulares de concesiones, licencias o autorizaciones son responsables de las infracciones a las normas técnicas, de ordenación y disciplina cometidas por sus empleados o administradores. Ningún titular de concesión, licencia o autorización puede eximirse de responsabilidad por la actuación culposa o dolosa de sus administradores o empleados.

Artículo 108.- Para la imposición de sanciones se atenderá a los siguientes criterios:

a) Naturaleza de la infracción;

b) Gravedad del peligro o perjuicio causado;

c) Beneficio obtenido como consecuencia de la infracción;

d) Subsanación de la infracción por propia iniciativa; y,

e) Conducta anterior del titular de la concesión, autorización o licencia, en relación con las normas de ordenación y disciplina, considerando sanciones firmes impuestas en los últimos cinco años.

Artículo 109.- No serán pasibles de sanción:

1) El incumplimiento derivado de caso fortuito o fuerza mayor.

2) Las deficiencias en las prestaciones, causadas por trabajos de ampliaciones y mejoras o por reparaciones de los sistemas e instalaciones afectados en cuanto se originen en los mismos, debiendo el concesionario o autorizado presentar la prueba pertinente de descargo.

Artículo 110.- Las infracciones deben probarse en sumario administrativo, a instruirse por un  juez sumariante, funcionario de la asesoría legal de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, con  título de abogado y  designado a ese efecto. Debe intervenir el inculpado, el defensor que él designe o un defensor de oficio.

Artículo 111.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones ordenará la instrucción de sumario, el que se iniciará con escrito fundado y bajo firma responsable,  conteniendo la relación completa de los hechos, actos u omisiones que se le imputen al inculpado. Dicho escrito deberá acompañarse con la totalidad de la prueba documental pertinente. Deberán acompañarse a la notificación las copias para traslado.

Artículo 112.- Los plazos son perentorios e improrrogables. Se computarán solamente los días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación respectiva. Los no expresamente determinados son de cinco días.

Artículo 113.- Las notificaciones se practicarán conforme a las prescripciones establecidas en el Código Procesal Civil.

Artículo 114.- El sumariado  dispondrá de un plazo de nueve días para presentar su escrito de defensa, acompañado de la documentación pertinente, y de las pruebas que hagan a su derecho.

Artículo 115.- Presentados los descargos, si procediese se abrirá un término de prueba de quince días, pudiendo el Juez sumariante ordenar de oficio o a petición de parte el cumplimiento de medidas de mejor proveer.

El número de testigos no podrá exceder de cuatro por cada parte. 

Artículo 116.- Vencido el plazo de prueba y en el término de cinco días, el interesado podrá presentar escrito alegando sobre el mérito de la prueba.

Artículo 117.- Presentado el alegato o vencido el plazo de su presentación, el juez instructor del sumario producirá su dictamen y elevará el sumario a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para que dicte resolución definitiva en el término de veinte días hábiles. Caso contrario el sumariado se considerará sobreseído.

Las resoluciones deben contener, bajo pena de nulidad, las siguientes constancias:

a) Lugar y fecha;

b) Individualización del órgano que dicta la resolución y de los sumariados;

c) Apreciación y valoración de los descargos y pruebas;

d) Fundamentos de hecho y derecho de la resolución;

e) Determinación de las infracciones y las sanciones aplicadas, en su caso;

f) Orden de que se notifique el acto de determinación; y,

g) Firma del funcionario competente.

Artículo 118.- Contra la resolución definitiva dictada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones procederá el recurso de reconsideración en el término perentorio de cinco días hábiles  desde la notificación de dicha resolución, debiendo el directorio de la Comisión expedirse en el plazo de diez días hábiles.

Artículo 119.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior contra la resolución definitiva de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones puede plantearse acción contencioso-administrativa, en el plazo de quince días hábiles contados a partir de la notificación de esa resolución definitiva o, en su caso, de la resolución que ella dicte en el recurso de reconsideración.

Artículo 120.- Los recursos y la acción contencioso-administrativa tendrán efecto suspensivo, salvo las excepciones que establezca la ley.

Artículo 121.- En los sumarios administrativos se observarán supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Civil.

Artículo 122.- Las acciones civiles a que hubiera lugar entre los usuarios y los prestadores de servicios de telecomunicaciones prescribirán en el término de un año. 

Artículo 123.- Serán competentes en todos los asuntos judiciales en que fuese actor o demandado la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, los tribunales de la Capital de la República, salvo que la Comisión acepte someterse a otras jurisdicciones, pudiendo constituir domicilios especiales al efecto de la recepción de notificaciones.

Artículo 124.- La Contraloría General de la República ejercerá el control de la gestión administrativa y financiera de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en los términos que establece la ley.

La fiscalización de la observancia por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de las prescripciones de la presente ley y demás disposiciones aplicables a la materia, estará a cargo de un síndico designado por la Contraloría General de la República.

Artículo 125.- Durante el proceso de reforma del sector de telecomunicaciones, ejecutado según las disposiciones de la presente ley, los trabajadores afectados continuarán amparados por todas las garantías constitucionales, legales y  del derecho del trabajo, manteniendo inalterados sus derechos y obligaciones en materia de seguridad social.

Las disposiciones reglamentarias de la presente ley determinarán las constancias que deben  presentarse oportunamente,  para acreditar la condición de empleado del sector. 

Artículo 126.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones absorberá los empleados de la actual Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTELCO), necesarios para el cumplimiento de sus funciones  en un marco de estabilidad  y eficiencia, siempre que éstos cumplan con los requerimientos técnicos y administrativos que establezca la Comisión. 

Artículo 127.- Integrarán el patrimonio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de las tareas de control y fiscalización inherentes a la calidad de autoridad de aplicación de la presente ley, que constituyen  patrimonio de la actual Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTELCO).  

Artículo 128.- Los bienes y equipos incautados como resultado de los decomisos y clausuras definitivas pasarán a integrar el patrimonio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Artículo 129.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones aprobará un glosario de términos en relación a la presente ley  y a las telecomunicaciones en general, observando las definiciones establecidas por los organismos internacionales.

Artículo 130.- La Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTELCO) se regirá por su Ley Orgánica en todo lo que no contradiga a la presente ley, y estará sometida al control y regulación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. 

En el plazo de ciento ochenta días de hallarse en vigencia la presente ley, el Poder Ejecutivo presentará el proyecto de ley que establecerá las modificaciones necesarias y convenientes a la Ley Orgánica de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTELCO).

Dentro de los noventa días de la designación de los miembros de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ésta ordenará una auditoría de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTELCO) que identifique los activos y documentos a  ser transferidos a dicha Comisión. 

El detalle de dichos activos y documentos será aprobado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y sometido al Poder Ejecutivo para su consideración. La transferencia de  activos a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones será ordenada por decreto del Poder Ejecutivo.

Artículo 131.- Las licencias y autorizaciones concedidas a los operadores de servicios de radiodifusión quedarán vigentes hasta el año 2004. Sin embargo, si éstos en el plazo de trescientos sesenta días contados a partir de la promulgación de la presente Ley no se adecuan estrictamente a las normas técnicas y legales del servicio, se producirá la cancelación automática de dichas licencias o autorizaciones. Al vencimiento del plazo de vigencia arriba indicado, los operadores beneficiados con esta norma, interesados en obtener una nueva licencia o autorización, deberán someterse a lo dispuesto en el Título VIII, Capítulo I de la presente ley, así como a las normas reglamentarias dictadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, no siéndoles aplicable, por esta única vez, lo dispuesto en el Artículo 73, inciso b), respecto de la renovación de las mismas. 

Las licencias y autorizaciones para los demás servicios de telecomunicaciones quedarán vigentes por el plazo en que fueron otorgadas. 

Los operadores de dichos servicios deberán realizar ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, los trámites necesarios para su inscripción en el Registro Nacional de Servicios de Telecomunicaciones y presentar nuevas solicitudes, en el plazo de trescientos sesenta días a partir de la promulgación de la presente ley. Vencido este plazo, en el caso de no hacerlo, quedará automáticamente cancelada la licencia o autorización.

Artículo 132.- Es incompatible con el desempeño del cargo de miembro de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, el mantener o haber mantenido durante dos años anteriores a la designación relaciones o intereses en empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, proveedoras de equipos a éstas o afines al sector telecomunicaciones. La incompatibilidad se extiende a los cónyuges y parientes consanguíneos hasta el segundo grado.

Artículo 133.- No obstante lo expresado en el artículo 8°, el Poder Ejecutivo, por única vez, al designar a los integrantes del primer Directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones fijará para cada uno de ellos, a excepción del Presidente que permanecerá en cargo únicamente por el presente período presidencial, el plazo de duración de sus cargos, que será de dos, tres, cuatro y cinco años respectivamente, contados a partir de la promulgación de la presente ley. En la medida que vaya venciendo el período por el que fueron designados, el Poder Ejecutivo deberá aplicar lo previsto en el artículo 8º.

Artículo 134.- Los ingresos recaudados en concepto de derechos, tasas y multas, luego de su aplicación a los fines específicos de la presente ley, serán destinados exclusivamente al desarrollo de las telecomunicaciones, a las tareas de control y fiscalización de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y a sufragar las obligaciones contraídas con organismos internacionales de telecomunicaciones.

Artículo 135.- Dentro de los ciento ochenta días de promulgación de esta ley, el Poder Ejecutivo dictará las normas reglamentarias pertinentes.

Artículo 136. Se otorga un plazo de trescientos sesenta días a contar de la vigencia de la presente ley, para la regularización y adecuación de los prestadores de servicios de telecomunicaciones a las directivas de esta ley y sus normas reglamentarias.

Artículo 137.- Hasta tanto la Comisión Nacional de Telecomunicaciones disponga de la capacidad técnico-administrativa para funcionar conforme a lo prescripto en esta Ley, las facultades regulatorias que actualmente cumple la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTELCO) en las areas respectivas, quedarán temporalmente a cargo de esta última entidad. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones decidirá el momento en que asuma esas funciones, dentro de un plazo no mayor a los seis meses de la designación de sus miembros.

Artículo 138.- Deróganse el Decreto-Ley 6.422 de fecha 18 de diciembre de 1944, y todas aquellas normas contrarias y que se opongan a la presente ley.

Artículo 139.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobada por la Honorable Cámara de Senadores el veinticinco de mayo del año un mil novecientos noventa y cinco y por la Honorable Cámara de Diputados, sancionándose la Ley, el veintisiete de julio del año un mil novecientos noventa y cinco.