Ley Nº 1284 / MERCADO DE VALORES

Artículo 2º. Los usos y costumbres bursátiles se aplicarán supletoriamente a las leyes y resoluciones que rigen el mercado de valores.

Artículo 3º. Se reserva en forma exclusiva el uso de las expresiones “bolsa”, “bolsa de valores”, “casa de bolsa” u otras semejantes o equivalentes en cualquier idioma, que impliquen la facultad de realizar algunas de las actividades que están sometidas a las disposiciones que rigen el mercado de valores, para ser utilizadas, respectivamente, por las personas que, de acuerdo con la presente ley,  gocen de la autorización correspondiente.

Artículo 5º. Toda oferta pública de valores requerirá autorización previa de la Comisión.

Artículo 6º. La Comisión podrá eximir a ciertas ofertas públicas del cumplimiento de alguno de los requisitos de la presente ley, mediante normas de carácter general.
Los emisores que estén en liquidación no podrán hacer oferta pública de valores.

Artículo 7º. Los valores deberán ser negociables, tener las mismas características y otorgar iguales derechos dentro de su clase.

Artículo 8º. Los valores se representarán en títulos, que son instrumentos necesarios para ejercitar el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna.
También podrá efectuarse oferta pública con valores no consignados por escrito que representen derechos de crédito, de suscripción, de propiedad, de participación, u otros, en cuyo caso se deberán expedir certificados en los que consten los derechos que confieren, conforme lo reglamente la Comisión.

Artículo 9º. Los valores objeto de oferta pública emitidos por el Estado, las gobernaciones, los municipios, las instituciones públicas centralizadas y descentralizadas y el Banco Central del Paraguay, estarán sujetos a las disposiciones de esta ley únicamente en cuanto a su intermediación, en los casos en que ésta se lleve a cabo por intermediarios de valores. La inscripción de estos títulos en el Registro del Mercado de Valores, en adelante el Registro, así como en la Bolsa, se entenderá efectuada de pleno derecho. Su inscripción en la Bolsa de Valores se hará, en su caso, mediante la simple solicitud del emisor, indicando todas las características de la emisión.
La colocación de los valores emitidos referidos en el párrafo anterior, deberán efectuarse vía Bolsa de Valores. La Comisión podrá exonerar a algunas emisiones del cumplimiento de esta obligación.
No obstante lo dispuesto en el presente artículo, las entidades públicas mencionadas comunicarán a la Comisión acerca de las características de los valores emitidos dentro de los diez días siguientes a su emisión.
Las demás personas jurídicas en las que el Estado tenga participación y que emitan valores de oferta pública, se someterán en todo a lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 10. Las personas jurídicas constituidas en el exterior que pretendan realizar oferta pública de valores en el país, deberán sujetarse a las disposiciones de la presente ley y demás disposiciones normativas del mercado de valores.
En todo caso, la autorización de la Comisión estará supeditada al tratamiento recíproco por parte del país extranjero, en relación a los valores nacionales o si, a juicio de la Comisión, convenga a los intereses del país.

Artículo 11. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las emisiones de valores extranjeros que se realicen en el país que provengan de empresas emisoras de países miembros del Tratado de Asunción (Mercosur) o de países que se asocien a dicho tratado, se regirán por las pautas o normas establecidas por los protocolos suscritos por los países miembros.
Dichas emisiones deberán inscribirse en el Registro y estarán sometidas al régimen de información aplicable a los emisores locales.

Artículo 12. Asimismo, las personas con valores o programas de emisión inscriptos en el Registro, que pretendan efectuar oferta de valores en el exterior, deberán presentar a la Comisión la información correspondiente de acuerdo a las disposiciones de carácter general que esta entidad establezca.

Artículo 14. En el Registro se inscribirán:
a) los valores que sean objeto de oferta pública;
b) los emisores, que podrán ser sociedades anónimas y las demás personas jurídicas que la Comisión autorice mediante reglamentación de carácter general;
c) las bolsas de valores;
d) las casas de bolsa;
e) las sociedades administradoras de fondos;
f) los auditores externos;
g) las sociedades calificadoras de riesgo;
h) las sociedades securitizadoras; e,
i) lo que determinen otras leyes o la Comisión, en su caso.

Artículo 15. Sólo podrá hacerse oferta pública de valores cuando éstos y su emisor hayan sido inscriptos en el Registro.
El Registro es público y las certificaciones que él otorgue harán plena fe.

Artículo 16. Toda emisión de cualquier valor requerirá ser inscripta en el Registro, aunque sea de iguales características a los de una emisión ya registrada.

Artículo 17. Para proceder a la inscripción de un emisor, de un valor, o de un intermediario, la Comisión dispondrá de un plazo de quince días hábiles contados desde la fecha de recepción de la solicitud o de la presentación de documentos e informaciones que fuesen exigidos. Dicho plazo se suspenderá si la Comisión, mediante comunicación escrita, pide información adicional al peticionario o le solicita que modifique la petición o que rectifique sus antecedentes por no ajustarse éstos a las normas establecidas, reanudándose tan sólo cuando se haya cumplido con dicho trámite.
Subsanándose los defectos o atendidas las observaciones formuladas en su caso o vencido el plazo a que se refiere el parágrafo precedente, la Comisión deberá efectuar  la inscripción dentro de los tres días hábiles siguientes.

Artículo 18. Además de la inscripción en el Registro, los emisores y los valores de oferta pública deberán estar inscriptos en una Bolsa de Valores, la cual deberá hacerlo dentro de un plazo máximo de diez días hábiles desde que fueron presentados los documentos aprobados por la Comisión.  En caso contrario se entenderá denegada la inscripción a los efectos señalados en el Artículo 87.

Artículo 20. Todo prospecto, publicidad o información dirigidos al público sobre valores o sobre los servicios u operaciones realizadas por las entidades regidas por esta ley, deberán contar con la aprobación previa de la Comisión.

Artículo 21. Las personas que directamente, o a través de otras, sean titulares del diez por ciento o más del capital social de una sociedad de capital abierto, o que a causa de una adquisición de acciones lleguen a tener dicho porcentaje, deberán informar a la Comisión y a cada una de las bolsas de valores del país en que la sociedad tenga valores registrados para su cotización, de toda adquisición o enajenación de acciones que efectúen de esa sociedad, dentro de los cinco días siguientes al de la transacción.

Artículo 22. Cuando una o más personas directamente o a través de personas vinculadas, pretendan obtener el control de una sociedad sometida a la fiscalización de la Comisión a través de la oferta pública, deberán informar previamente tal propósito al público en general. En dicha información se indicará a lo menos el precio y condiciones de la oferta.
Para los fines del presente artículo se enviará comunicación escrita a la Comisión y a las bolsas de valores y, cumplido lo anterior, se publicará un aviso destacado en un diario de circulación nacional.
La adquisición de acciones sólo podrá perfeccionarse transcurridos cinco días hábiles desde la fecha en que se publique el aviso a que se refiere el parágrafo anterior.

Artículo 23. Las casas de bolsas cuyos representantes, asesores financieros y demás dependientes participen en la administración de un emisor de valores de oferta pública o de sus empresas vinculadas, quedarán obligadas a informar a sus clientes de esta situación, en la forma que determine la Comisión.
Los intermediarios de valores deberán abstenerse de realizar para sí, o para personas vinculadas a los mismos, cualquier transacción de valores emitidos o garantizados por dicho emisor.

Artículo 24. La publicidad, propaganda y difusión que por cualquier medio hagan emisores, casas de bolsa, bolsas de valores y cualesquiera otras personas que participen en una emisión o colocación de valores, no podrán contener declaraciones que puedan inducir a error al público sobre la naturaleza, precios, rentabilidad, rescates, liquidez, garantías o cualesquiera otras características de los valores de oferta pública o de sus emisores.

Artículo 26. Se entiende por información privilegiada aquella no divulgada al mercado proveniente de un emisor referida a éste, a sus negocios o a uno o varios valores por el emitidos o garantizados, cuyo conocimiento público sea capaz de influir en la cotización de los valores emitidos.
También se entenderá por información privilegiada la que se tiene de las operaciones de valores a realizar, de adquisición o enajenación, por un inversionista institucional en el mercado de valores.

Artículo 27. Salvo prueba en contrario, se presume que poseen información privilegiada las personas vinculadas a los inversionistas institucionales y a las casas de bolsa que operen con valores del emisor, así como las personas vinculadas a este último.
Tratándose de las personas indicadas en este literal, la presunción señalada se entenderá referida exclusivamente a la información privilegiada definida en el parágrafo segundo del Artículo 26 y respecto de la información que tuvieren sobre la colocación de acciones de primera emisión que les hubiere sido encomendada.

Artículo 28. Además, salvo prueba en contrario, se presume que tienen información privilegiada, en la medida en que puedan tener acceso al hecho objeto de la información, las siguientes personas:
a) los directores, funcionarios, apoderados, consultores y asesores de la bolsa de  valores;
b) los socios y administradores de los auditores externos del emisor;
c) los socios, administradores y miembros de los consejos de calificación de las sociedades calificadoras de riesgo, que califiquen valores del emisor o a este último;
d) los dependientes que trabajen bajo la dirección o supervisión directa de los directores o administradores del emisor o del inversionista institucional;
e) las personas que presten servicios de asesoría permanente o temporal al emisor;
f) los funcionarios públicos dependientes de las instituciones que fiscalicen a emisores de valores de oferta pública o a fondos patrimoniales autorizados por ley; y,
g) los cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, de las personas señaladas en los incisos anteriores.

Artículo 29. Los directores, administradores o asesores que presten servicios a la sociedad y las personas que en razón de su cargo o posición hayan tenido o tengan acceso a información privilegiada, estarán obligados a dar cumplimiento a lo establecido en el siguiente artículo hasta un año de concluidas sus funciones.

Artículo 30. Las personas que posean información privilegiada, tienen prohibido:
a) revelar o confiar la información a otras personas hasta que ésta se divulgue al mercado;
b) recomendar la realización de las operaciones con valores respecto de los cuales se tiene información privilegiada; y,
c) hacer uso indebido y valerse, directa o indirectamente, en beneficio propio o de terceros, de la información privilegiada.
Estas personas están obligadas a velar porque sus subordinados acaten las prohibiciones establecidas en el presente artículo; no obstante, quedarán liberadas de responsabilidades si demuestran haber puesto la debida diligencia al respecto.

Artículo 32. Las operaciones o negociaciones primarias son aquellas realizadas por el propio emisor o a través de un agente intermediario colocador, con el fin de obtener directamente del público la captación de recursos financieros por los valores colocados por primera vez, constituyéndose así el mercado primario de valores.

Artículo 33. Las operaciones o negociaciones secundarias son las que se realizan con posterioridad a la primera colocación y quienes reciben los recursos son los titulares de los valores como vendedores de los mismos, sea a través de un intermediario de valores o actuando su titular directa y privadamente, fuera de bolsa; constituyéndose así el mercado secundario de valores.

Artículo 35. Son también personas vinculadas aquellas que mediante acuerdo de actuación conjunta reúnan frente a la sociedad los requisitos de los incisos a), b) y c) del artículo anterior.

Artículo 36. La Comisión podrá calificar que entre dos o más personas existe acuerdo de actuación conjunta, por más que el instrumento respectivo no sea exhibido o no exista, tomando en consideración el número de empresas en cuya propiedad participen simultáneamente y la frecuencia de votación coincidente tanto para la elección de directores o administradores como en las asambleas extraordinarias de accionistas.

Artículo 37. Previa reglamentación de carácter general, la Comisión también podrá calificar como personas vinculadas a las entidades fiscalizadas, a aquellas cuyo activo esté significativamente comprometido con las  mismas, o entre las cuales exista un importante nivel de endeudamiento.

Artículo 38. Las entidades fiscalizadas por la Comisión proporcionarán a ésta y a la Bolsa información acerca de operaciones con sus personas vinculadas. 
La Comisión determinará mediante reglamentación de carácter general el contenido, la periodicidad de la información y la publicidad de las operaciones con personas vinculadas.

Artículo 39. La Comisión mantendrá un registro de las personas vinculadas, calificadas conforme a lo dispuesto en el presente capítulo, que será de conocimiento público.

Artículo 40. La Comisión tendrá amplias facultades para requerir de las entidades fiscalizadas, de sus socios y de sus acreedores y deudores toda información necesaria para evaluar la posible calificación como personas vinculadas.
Tratándose de sociedades anónimas con acciones al portador, la Comisión podrá tener por socios a quienes figuran como tales en el correspondiente libro de asistencia a las asambleas de los últimos dos años, salvo prueba en contrario.

Artículo 41. Entre las entidades fiscalizadas y sus personas vinculadas no podrá tenerse participación recíproca en sus respectivos capitales.  Tampoco podrán hacerlo en forma indirecta, a través de otras personas físicas o jurídicas.

Artículo 42. Se tendrá por filial aquella en la cual una matriz controla directamente o a través de otra persona más del cincuenta por ciento de su capital con derecho a voto, o pueda designar o hacer elegir a la mayoría de sus directores o administradores.

Artículo 43. La participación recíproca en el capital que ocurra en virtud de fusiones o de adquisiciones del control de sociedades anónimas deberá constar en las respectivas memorias y terminar en el plazo de un año desde que el evento ocurra.

Artículo 44. Las operaciones entre sociedades anónimas matrices y filiales entre sí, como asimismo entre las demás personas vinculadas, deberán conservar condiciones de equidad, similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado, salvo autorización expresa de las asambleas respectivas. Los directores serán responsables personalmente de las operaciones hechas en infracción a este artículo.

Artículo 45. En la memoria anual, el directorio deberá señalar las inversiones de la sociedad en sociedades filiales o vinculadas y las modificaciones ocurridas durante el ejercicio, debiendo dar a conocer a los accionistas los balances de las referidas empresas y las memorias explicativas de sus negocios.
Las notas explicativas de los estados contables que hacen referencia a las inversiones, deberán contener información precisa sobre las sociedades vinculadas y filiales, en la forma que determine la Comisión.
En todo caso, la existencia de inversiones en sociedades filiales obliga a la sociedad matriz a exponer en nota anexa el cuadro de pérdidas y ganancias y los resultados de las inversiones en forma consolidada.

Artículo 46. Las operaciones de la sociedad filial en que algún director de la sociedad matriz tuviere interés, sólo podrán celebrarse en la forma y condiciones del Artículo 44.
Los acuerdos que se adopten serán dados a conocer en la primera asamblea ordinaria de accionistas de ambas sociedades, por quienes las presidan.

Artículo 47. Es controlador de una sociedad toda persona o grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta que, directamente o a través de otras personas físicas o jurídicas, participa en su propiedad y tiene poder de decisión para realizar alguna de las siguientes actuaciones:       
a) tratándose de sociedades anónimas de capital abierto puedan asegurar la mayoría de votos en las asambleas de accionistas y elegir a la mayoría de los directores;
b) asegurar la mayoría de votos en las sesiones de directorio;
c) designar al administrador o representante legal en otro tipo o en otra sociedad; o,
d) influir decisivamente en la administración de la sociedad.
Cuando un grupo de personas tiene acuerdo de actuación conjunta para ejercer influencia en alguna de las formas antes señaladas, cada una de ellas será considerada miembro del grupo controlador.

Artículo 48. Se entenderá que influye decisivamente en la administración o en la gestión de una sociedad toda persona, o grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta que, directamente o a través de otras personas físicas o jurídicas, controla al menos un 25% (veinticinco por ciento) del capital con derecho a voto de la sociedad, o del capital de ella si no se tratare de una sociedad por acciones, con las siguientes excepciones:
a) que exista otra persona, u otro grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta, que controle, directamente o a través de otras personas físicas o jurídicas, un porcentaje igual o mayor;

b) que no controle directamente o a través de otras personas físicas o jurídicas más del 40% (cuarenta por ciento) del capital con derecho a voto de la sociedad, o del capital de ella si no se tratare de una sociedad por acciones y que simultáneamente el porcentaje controlado sea inferior a la suma de las participaciones de los demás socios o accionistas con más de un 5% (cinco por ciento) de dicho capital. Para determinar el porcentaje en que participen dichos socios o accionistas, se deberá sumar el que posean por sí solos con el de aquellos con quienes tengan acuerdo de actuación conjunta; y,

c) cuando así lo determine la Comisión en consideración a la distribución y dispersión de la propiedad de la sociedad.

Artículo 50. Salvo disposición en contrario de los estatutos, el directorio está suficientemente facultado para la emisión de bonos, sin necesidad de obtener el acuerdo previo de la asamblea de accionistas. 
Deberá informarse de este hecho a los accionistas mediante carta certificada a los domicilios que tengan registrados en la sociedad, tan pronto el directorio acuerde la emisión y con no menos de diez días antes de efectuar la colocación de dichos valores.  Ello sin perjuicio de dar cuenta acerca de la respectiva emisión, en la próxima asamblea ordinaria anual de accionistas.

Artículo 51. El emisor de los bonos podrá designar un representante de los obligacionistas o fiduciario, en cuyo caso celebrará con el mismo un contrato de emisión de bonos, que contendrá las previsiones mínimas de los Artículos 1140 y 1141 del Código Civil.
De no ser designado por el emisor, los obligacionistas podrán nombrar dicho representante en asamblea de obligacionistas.
La remuneración del representante de los obligacionistas recaerá en quien lo haya designado.

Artículo 52. Sólo los bancos y las demás entidades financieras, los intermediarios de valores, las empresas fiduciarias u otras entidades especializadas autorizadas al efecto por la Comisión, podrán ser designadas como representantes de los obligacionistas.
No podrá designarse como representante de los obligacionistas al emisor, ni a las personas vinculadas con el mismo.

Artículo 53. Además de las previstas en el Artículo 1145 del Código Civil, las  funciones del representante de los obligacionistas son las siguientes:
a) velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por el emisor frente a los obligacionistas;
b) verificar que las garantías de la emisión hayan sido debidamente constituidas;
c) comprobar la existencia y el valor de los bienes afectados en garantía y cuidar que se encuentren debidamente asegurados, al menos por un monto proporcional al importe de las obligaciones en circulación;
d) requerir al emisor o a sus auditores externos, en todo momento y sin afectar la gestión social, los informes escritos necesarios para una adecuada protección de los intereses de sus representados;
e) guardar estricta reserva de la información interna del emisor de que hubiera tomado conocimiento, sin perjuicio del pleno ejercicio de las facultades con que cuenta para el cumplimiento de sus funciones; y,
f) las demás impuestas por la Comisión, el Código Civil, el contrato de emisión y la Asamblea de Obligacionistas.

Artículo 54. El representante de los obligacionistas no podrá apartarse de sus funciones hasta que la Asamblea de Obligacionistas designe a su sustituto, salvo que hubiera transcurrido un plazo de treinta días de notificada la renuncia, acordada la remoción o producida la causa que origine el cese de sus funciones.

Artículo 55. El representante de los obligacionistas tendrá a su cargo la defensa de los derechos e intereses que colectivamente correspondan a los obligacionistas, a cuyo efecto estará investido de las facultades ordinarias y especiales a que se refiere el Artículo 1144 del Código Civil.

Artículo 56. Los títulos de los bonos deberán contener al menos las menciones establecidas en el Artículo 1137 del Código Civil.
Los emisores podrán emitir certificados globales de sus obligaciones negociables, cumpliendo con los requisitos del párrafo anterior, para su inscripción en regímenes de depósito colectivo. Estos certificados se consideran definitivos, negociables y divisibles.

Artículo 57. Los bonos podrán emitirse con cláusulas de reajuste monetario a ser aprobadas por la Comisión.

Artículo 58. Sólo podrán preverse procedimientos de rescates anticipados que se efectúen mediante sorteos u otros mecanismos que aseguren un tratamiento equitativo para todos los tenedores de bonos.   

Artículo 59. La emisión de bonos podrá efectuarse con las garantías establecidas en el Código Civil. 
Las garantías se constituyen por las manifestaciones que el emisor realice en las resoluciones que dispongan la emisión y deben inscribirse, cuando corresponda según su tipo, en los registros correspondientes.
La inscripción en dichos registros deberá ser acreditada ante la Comisión con anterioridad al comienzo del período de colocación. La hipoteca se constituirá y cancelará por declaración unilateral de la emisión cuando no concurra un representante de los obligacionistas en los términos del Artículo 51 y no requiere de la aceptación por los acreedores. La cancelación solo procederá si media certificación contable acerca de la amortización o rescate total de las obligaciones negociables garantizadas, o conformidad unánime de los obligacionistas; requerirá además la conformidad de la Comisión.

Artículo 60. Dicha emisión podrá también garantizarse mediante fianzas bancarias, depósitos bancarios, certificados bancarios en moneda extranjera depositados en una entidad financiera del país, pólizas de caución de empresas de seguros u otras que la Comisión establezca mediante disposiciones de carácter general.

Artículo 61. En el caso de la emisión de bonos con garantías, se podrá designar un representante de obligacionistas a cuyo nombre se constituirán las citadas garantías.

Artículo 62. Las citaciones y notificaciones que de acuerdo con la ley deben practicarse respecto de los acreedores hipotecarios o prendarios, se entenderán cumplidas al efectuarse al representante de los tenedores de bonos, en caso de que se haya optado por su designación.

Artículo 63. Corresponde a la asamblea de obligacionistas aceptar o no las decisiones de la sociedad relativas a la anticipación o la prórroga del plazo establecido para la redención de las obligaciones o su conversión en acciones cuando no hubiera sido prevista en el contrato de emisión y, en general, sobre toda modificación de las condiciones de emisión.

Artículo 64. Los bonos convertibles en acciones sólo podrán emitirse por decisión de la asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad, la cual deberá determinar las bases y modalidades de la conversión y acordará aumentar el capital en la cuantía necesaria.

Artículo 65. Los accionistas tendrán derecho de suscripción preferente sobre las obligaciones convertibles en acciones que emita la sociedad, de acuerdo a su clase y en proporción a sus respectivas tenencias.

Artículo 66. La asamblea extraordinaria de accionistas puede suprimir el derecho de preferencia para la suscripción de obligaciones convertibles con la mayoría exigida por el Artículo 1091 del Código Civil, acordándose en dicho caso a los socios disconformes el derecho conferido en el Artículo 1092 del Código Civil.

Artículo 67. En tanto existan bonos convertibles, no se podrá acordar una reducción de capital que implique la devolución de aportes a los accionistas o la condonación de los dividendos pasivos a no ser que se ofrezca previamente a los obligacionistas la posibilidad de realizar la conversión antes de dicha reducción o que la operación sea aprobada por la totalidad de los obligacionistas.
Mientras existan bonos convertibles, si se produce un aumento de capital con cargo a utilidades o reservas o se reduce el capital por pérdidas, se deberá modificar la relación de cambio de los bonos por acciones en proporción a la cuantía del aumento o la reducción, de forma tal que afecte de igual manera a los accionistas y a los obligacionistas. Asimismo, en los casos de aumento de capital por nuevos aportes se deberá efectuar el respectivo ajuste en la fórmula de conversión de bonos convertibles en acciones.

Artículo 68. La Comisión reglamentará la emisión de bonos convertibles en acciones.

Artículo 69. Además de los bonos pueden utilizarse como instrumentos representativos de deuda los pagarés, las letras de cambio o los otros valores que determine la Comisión.

Artículo 71. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los bonos que emitan las sociedades que se acojan a estas normas, no podrán exceder del 75% (setenta y cinco por ciento) máximo del patrimonio neto según balance anual debidamente informado por el contador de la sociedad emisora.
Estas emisoras no podrán reducir su capital, incluso en los casos previstos por el Código Civil, sino en proporción al reembolso que se haga sobre las obligaciones por ellas emitidas, ni podrán cambiar su objeto, domicilio o denominación, acordar su disolución anticipada, ni enajenar sus principales activos.

Artículo 73. Las bolsas deberán incluir en su denominación la expresión: "Bolsa de Valores".

Artículo 74. El objeto social de las bolsas será proveer a sus miembros la estructura, los mecanismos y los servicios necesarios para que puedan realizar eficientemente transacciones de valores.
Será también actividad esencial de las bolsas promover y fomentar el desarrollo de un mercado regular, ágil, transparente, ordenado, competitivo y público de valores.
Las bolsas podrán efectuar, además, otras actividades que la Comisión les autorice o exija de acuerdo a sus facultades, y que sean conducentes al desarrollo del mercado de valores.

Artículo 75. Las bolsas deberán constituirse con un número de casas de bolsa no inferior a diez.

Artículo 76. La calidad de accionista de la bolsa habilita al propietario a constituir una casa de bolsa.
Cada accionista sólo podrá ser propietario de una acción en la bolsa respectiva.

Artículo 77. Las acciones de la bolsa serán nominativas, tendrán igual valor y otorgarán los mismos derechos. No podrán establecerse acciones con preferencias en el voto o patrimoniales.

Artículo 78. Los accionistas no tendrán derecho de opción preferente para la suscripción de nuevas emisiones de acciones que realice la bolsa.

Artículo 79. La compra de la acción que permita la constitución de una casa de bolsa se podrá hacer a través de una oferta en firme en bolsa por un período de hasta sesenta días, y por un precio no inferior al mayor valor entre el promedio de precio de transacciones en bolsa de su acción del último año y el valor libro actualizado a la fecha de la oferta. Si en ese período no se hubiera tenido oferta alguna de venta, el interesado podrá exigir de la bolsa la emisión de una acción y la bolsa estará obligada a emitirla, la que deberá ser adquirida al valor más alto de los previamente indicados. Los estatutos se considerarán modificados de pleno derecho en cuanto al aumento del capital social por el valor nominal de la acción emitida conforme al presente artículo, para lo cual bastará una resolución del Directorio de la Bolsa.

Artículo 80. Si un socio deseara enajenar su acción lo deberá comunicar previamente al directorio de la bolsa.
La enajenación de la acción se llevará a cabo en remate dentro de la bolsa y la base de venta no podrá ser inferior al valor libro o el obtenido en la última venta de la última acción en la bolsa, optándose por el mayor.

Artículo 81. En el caso establecido en el Artículo 75, el adquirente deberá solicitar a la Comisión su inscripción como casa de bolsa dentro de los treinta días siguientes al de la compra de la acción, debiendo reunir todos los requisitos exigidos para el efecto.
La transferencia y entrega de la acción, como asimismo el pago por su adquisición, estarán sujetos a la condición suspensiva de haber cumplido el interesado, dentro del plazo indicado, con todos los requisitos legales y reglamentarios para constituirse como casa de bolsa.

Artículo 82. Las bolsas no podrán distribuir dividendos y sus utilidades se destinarán exclusivamente al desarrollo y perfeccionamiento de la actividad bursátil.

Artículo 83. Las bolsas requerirán autorización de la Comisión para operar.
Para su registro ante la Comisión, las bolsas deberán acreditar haber cumplido con los requisitos exigidos legal y reglamentariamente.

Artículo 84. Las bolsas deberán dictar las normas necesarias para regular y vigilar las operaciones bursátiles y la actividad de las casas de bolsa, estableciendo la información que éstas deban brindar.
Los reglamentos internos de la bolsa deben ser aprobados previamente por la Comisión, y contendrán normas que fijen lo siguiente:

a) los derechos y obligaciones de las casas de bolsa, en especial en lo concerniente a la oportunidad en que deben llevar al mercado las órdenes de sus clientes y a la prioridad, paridad y precedencia que deben darles; a las condiciones en que pueden efectuar negociaciones por cuenta propia; a la manera de efectuar las transacciones y la asesoría de inversión que brinden a sus clientes;

b) los derechos, obligaciones y sanciones de los emisores, en especial la obligación de informar sobre su situación jurídica, económica y financiera y sobre los hechos que pudieran influir  en la cotización de sus valores inscriptos en la bolsa;

c) la concesión a los inversionistas de un tratamiento justo, exento de fraudes, manipulación del mercado y aprovechamiento ilícito de la información u otras prácticas irregulares;

d) los procedimientos operativos para las ruedas de bolsa y demás mecanismos de negociación, el registro de las cotizaciones y la divulgación de la información relativa a ellas y a los emisores;

e) las sanciones a los miembros del directorio de la bolsa y a sus socios, así como a los funcionarios y a los empleados de éstos, por infracción de la ley, las normas de la Comisión y el propio reglamento;

f) el registro de los reclamos que se interpusiese contra las casas de bolsa y sus apoderados y empleados, así como el registro de las sanciones aplicadas por la bolsa y por la Comisión; y,

g) las demás reglas que apruebe la Comisión. 

Artículo 85. Las bolsas podrán requerir de sus accionistas, en cualquier tiempo, el pago de cuotas para sufragar los gastos de manutención y reposición de sus bienes y de expansión y mejoramiento de sus actividades. El monto de las cuotas se establecerá mediante resolución del directorio de la bolsa.

Artículo 86.  La bolsa determinará el arancel de inscripción de las diversas clases y categorías de valores, así como los derechos que percibirá por las transacciones de valores negociados en su recinto. El arancel deberá ser aprobado previamente por la Comisión, la que deberá expedirse en un plazo no superior a los treinta días hábiles a contar de la fecha de la solicitud.

Artículo 87. Las personas cuya inscripción o la de sus valores les sea denegada, o que hayan sido suspendidas, expulsadas, u objeto de cualquier otra sanción o medida impuesta por las bolsas, podrán interponer recurso de apelación dentro de los diez días hábiles de la notificación de las medidas adoptadas.
La apelación deberá interponerse ante la Comisión en escrito debidamente fundado, del cual se correrá traslado a la bolsa, por el plazo de diez días.
La Comisión podrá, como medida de urgencia, suspender la aplicación de la sanción o medida dispuesta por la bolsa, u ordenar la inscripción respectiva si así lo estima procedente.
Una vez contestado el traslado corrido a la bolsa, o transcurrido el plazo para hacerlo, la Comisión procederá de acuerdo a las reglas establecidas para el procedimiento sumario, en el cual será también parte la bolsa.

Artículo 88. Los documentos emitidos por las bolsas o por los intermediarios de valores, que acrediten la liquidación de una operación efectuada entre ellos o con sus clientes, tendrá fuerza ejecutiva.

Artículo 89. Para ser director de una bolsa se requiere por lo menos:
a) que la Comisión no haya sancionado con las medidas de suspensión o de cancelación de la inscripción en el Registro del Mercado de Valores, a entidades fiscalizadas en que el mismo actuara como director, administrador o síndico;
b) no haber sido condenado por los delitos establecidos en la presente ley, y en general, por delitos comunes que merezcan pena de penitenciaría mayores de dos años, con excepción de delitos ocurridos en accidentes de tránsito; y,
c) no estar en convocatoria de acreedores o haber sido declarado en quiebra.

De las ruedas de bolsa

Artículo 90. Las operaciones en rueda de bolsa se regirán por la reglamentación interna de la bolsa y por lo dispuesto en los artículos siguientes.
La presente sección será aplicable además, en lo pertinente, a los sistemas electrónicos de negociación bursátil que apruebe la Comisión.

Artículo 91. Durante el desarrollo de las negociaciones en rueda, el jefe de rueda  podrá suspender las operaciones de un determinado valor, cuando se estime que existen factores que no son de conocimiento general, o que la información existente en el mercado, por ser incompleta o inexacta, impida que la negociación se efectúe en condiciones transparentes y competitivas.
La suspensión deberá ser comunicada de inmediato en rueda, así como al emisor, a la respectiva Casa de Bolsa, a las demás bolsas nacionales o extranjeras en su caso, y a la Comisión.

Artículo 92. Los valores que se negocian en rueda no son reivindicables, sin perjuicio de la responsabilidad de la casa de bolsa interviniente por el incumplimiento de las obligaciones que le competen, y de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar.

Artículo 93. Todas las operaciones concertadas por los miembros de una bolsa fuera de la rueda, pero dentro del recinto de la bolsa y que versen sobre valores inscriptos, deberán ser registradas a la iniciación de la rueda inmediatamente siguiente.

Artículo 94. Los certificados expedidos por una bolsa de valores a través de las personas autorizadas para el efecto, sobre el precio bursátil de un determinado valor inscripto en ella, tendrán la fuerza probatoria de los instrumentos públicos.

Artículo 95. Todas las operaciones de valores que se concreten al contado o a plazo deberán liquidarse en un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas, por conducto de la misma bolsa o por caja de valores, con la entrega de lo negociado y el pago del precio estipulado.
Quedan prohibidas las operaciones nominales o que no impliquen traspaso real del valor negociado.

Artículo 97. Dicho fondo estará constituido con las contribuciones de las casas de bolsa, según los reglamentos internos de la bolsa.
La Comisión podrá exigir garantías adicionales en la forma que determine, a los efectos de que el fondo guarde relación con los volúmenes negociados en bolsa.

Artículo 98. Los recursos del fondo de garantía sólo pueden ser invertidos en depósitos en instituciones financieras, valores representativos de deuda que cuenten con calificación de riesgo en una de las tres mejores categorías, valores no accionarios emitidos o garantizados por el Estado o por instituciones bancarias o financieras, así como otros que previamente autorice la Comisión mediante disposiciones de carácter general.

Artículo 99. La retribución que corresponde a la bolsa por la administración del fondo de garantía debe ser aprobada mediante resolución de la Comisión.

Artículo 100. Las garantías que tengan por objeto caucionar obligaciones de las casas de bolsa entre sí, o con las bolsas de valores, o con sus clientes, o de cualquiera de éstos para con aquéllos,  se constituirán en la siguiente forma:
a) si la garantía recayere sobre monedas, oro o plata, o títulos de crédito u otros valores mobiliarios al portador, la prenda se constituirá mediante el otorgamiento de un instrumento privado de fecha cierta, firmado por las partes ante una Casa de Bolsa que no sea parte en las obligaciones caucionadas, o ante el representante de la bolsa, en el que se individualizarán los bienes entregados en prenda.
Además, será esencial la entrega material de los bienes dados en prenda al acreedor o a un tercero que de común acuerdo designen las partes.

b) si la garantía recayere sobre títulos de crédito emitidos con la cláusula "a la orden" o que puedan transferirse mediante su endoso, la prenda se constituirá mediante el endoso en garantía del título y la entrega material del mismo, con la cláusula "valor en garantía" o "valor en prenda"; y,

c) si la garantía recayere sobre acciones, bonos o valores mobiliarios nominativos, que contengan la cláusula de "no endosables", la prenda se constituirá mediante el otorgamiento del instrumento privado a que se refiere la letra a) precedente y la entrega material al acreedor de los títulos pertinentes, en los que se dejará constancia bajo la firma del deudor de su entrega en garantía al acreedor que señale. Si estas acciones, bonos o valores nominativos estuvieren sujetos a inscripción obligatoria en un Registro, la prenda constituida sobre éllos sólo será oponible a terceros desde su inscripción en el Registro respectivo.
En los casos a que se refiere el presente inciso, el deudor quedará liberado de toda responsabilidad si paga a quien le acredite su condición de acreedor por la garantía.

Artículo 101. Los bienes entregados en prenda de conformidad a los  artículos anteriores y sus intereses, frutos e incrementos de cualquier naturaleza, responderán del pago íntegro de los créditos garantizados más sus accesorios. 
Lo prendado sólo podrá ser embargado en juicios entablados por los acreedores a cuyo favor se constituyó la garantía, en cuanto ejerzan acciones protegidas por la garantía.   

Artículo 102. Una vez hechas exigibles las obligaciones garantizadas con títulos de crédito u otros valores mobiliarios, sin necesidad del juicio de ejecución prendaria, el acreedor pondrá a disposición de una bolsa de valores los bienes prendados para que se proceda a su venta en subasta pública, a más tardar al siguiente día hábil al de su entrega.
Los créditos nominativos, cualquiera sea la forma de su otorgamiento y las cláusulas que contengan, se entregarán endosados por el acreedor garantizado a la bolsa de valores respectiva, para su transferencia al adjudicado en la subasta.
Lo producido se entregará al acreedor al siguiente día hábil de realizada la subasta hasta el monto de la obligación garantizada, conforme a la liquidación que apruebe la bolsa.
El remanente, si lo hubiere, será entregado al deudor por la bolsa, deducidos los gastos y comisiones.
En caso que lo producido no cubra la obligación garantizada y sus accesorios, el acreedor podrá reclamar el cobro del saldo por la vía judicial, a cuyo efecto tendrá fuerza ejecutiva la liquidación certificada por la bolsa.

Artículo 103. Si antes de hacerse exigibles las obligaciones garantizadas, vencieron los créditos que caucionan su cumplimiento, el acreedor prendario podrá proceder a su cobro y lo que obtuviere en pago se entenderá legalmente constituido en prenda, con la vigencia y con los efectos a que se refieren estas disposiciones.
El dinero que el acreedor prendario obtuviera de acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo precedente, así como sus frutos e incrementos, serán percibidos por el acreedor o por el depositario de los bienes prendados por cuenta del deudor, salvo que las partes hubieran convenido expresamente que se depositen a interés o que el acreedor consienta en la devolución del dinero a cambio de otros títulos que garanticen las obligaciones caucionadas.

Artículo 105. Las casas de bolsa están facultadas para efectuar las siguientes operaciones:
a) comprar y  vender valores por cuenta de terceros y también por cuenta propia, con recursos propios, en la bolsa o fuera de ella;
b) prestar asesoría en materia de valores y operaciones de bolsa así como brindar a sus clientes un sistema de información y de procesamiento de datos;
c) suscribir transitoriamente, con recursos propios, parte o la totalidad de emisiones primarias de valores;
d) promover el lanzamiento de valores públicos y privados y facilitar su colocación;
e) actuar como representante de los obligacionistas;
f) prestar servicios de administración de carteras y custodia de valores;
g) llevar el registro contable de valores de sus clientes con sujeción a lo establecido en la presente ley, o en las resoluciones que dicte la Comisión al efecto;
h) otorgar créditos, con sus propios recursos, únicamente con el objeto de facilitar la adquisición de valores por sus comitentes, estén o no inscritos en bolsa y con la garantía de tales valores;
i) recibir créditos de empresas del sistema financiero para la realización de las actividades que les son propias; y,
j) efectuar todas las operaciones y servicios que sean compatibles con la actividad de intermediación en el mercado de valores y que previamente y de manera general autorice la Comisión.

Artículo 107. Para ser inscriptos en el Registro, las casas de bolsa deberán acreditar, a satisfacción de la Comisión, lo siguiente:
a) constituirse como sociedades anónimas de objeto exclusivo, conforme a lo establecido en la presente ley y las reglamentaciones que fije la Comisión;
b) contar con el capital social mínimo que establezca la Comisión; 
c) constituir las garantías en la forma y por los montos que se establecen en la presente ley;
d) actuar a través de uno o varios operadores debidamente acreditados ante la bolsa o la Comisión;
e) no haber solicitado convocatoria de acreedores ni haberse declarado su quiebra; y,
f) cualquier otro requisito que la Comisión determine por medio de normas de carácter general.

Artículo 108. Los representantes, apoderados y operadores de las casas de bolsa deberán acreditar los requisitos mínimos que establezcan la bolsa y la Comisión.

Artículo 109. No podrán ser directores, apoderados, operadores y síndicos de una casa de bolsa los que se encuentren comprendidos en las siguientes causales de inhabilidad: 
a) los que se hallen en relación de dependencia con las sociedades y otros entes que cotizan sus valores;
b) los funcionarios públicos;
c) los que estén en convocatoria de acreedores, hayan sido declarados en quiebra o estén inhibidos de bienes;
d) los que hayan sido condenados por delitos contra el patrimonio y la fe pública; y,
e) los que hayan sido expulsados de una bolsa de valores, nacional o extranjera.

Artículo 110. Los bancos e instituciones financieras podrán constituir o participar en el capital de las casas de bolsa con las siguientes limitaciones:
a)  ninguna institución podrá ser accionista de más de una casa de bolsa; y,
b) las casas de bolsa en cuyo capital participen algunas de las mencionadas instituciones, no podrán realizar operaciones con acciones emitidas por dichas entidades vinculadas.

Artículo 111. Previo al inicio de sus actividades, las casas de bolsa deberán constituir una garantía para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones emergentes de las operaciones de intermediación.
La garantía será de un monto inicial equivalente a doscientos cincuenta salarios mínimos mensuales establecidos para actividades diversas no especificadas.
Dicha garantía podrá constituirse en dinero efectivo, póliza de seguros o instrumento de renta fija calificado o cuyo emisor haya sido previamente calificado.
La Comisión podrá exigir mayores garantías en razón del volumen y naturaleza de las operaciones de los intermediarios, de los endeudamientos que las afectaren o de otras circunstancias que así lo justifiquen.
La garantía deberá mantenerse hasta los seis meses posteriores al retiro de la autorización para operar como intermediarios de valores.

Artículo 113. En el desempeño de sus funciones, las casas de bolsa podrán recibir fondos y valores de sus clientes y serán responsables frente a éstos, así como ante las instituciones en las que opera y ante la Comisión, del fiel cumplimiento de lo convenido.

Artículo 114. Los directores, apoderados y dependientes de las casas de bolsa deben guardar reserva sobre sus clientes y sobre las operaciones que éstos realicen, salvo las informaciones que sean requeridas judicialmente, así como las que corresponden a la Comisión y a la bolsa de valores en los términos referidos en las leyes sobre origen de fondos.

Artículo 115. Las casas de bolsa  son responsables de la identidad y capacidad de sus clientes, de la autenticidad e integridad de los valores que negocien, de la inscripción de su último titular en los registros del emisor cuando esto sea necesario, así como de la continuidad de los endosos y de la autenticidad del último de éstos, cuando proceda.

Artículo 116. Las casas de bolsa deberán cumplir y mantener los márgenes de endeudamiento, de colocaciones y otras condiciones de liquidez y solvencia patrimonial que la Comisión establezca mediante normas de aplicación general que dictará especialmente en relación a la naturaleza de las operaciones, su cuantía, el tipo de instrumentos que se negocien.

Artículo 117. Las casas de bolsa quedarán solidariamente obligadas a pagar el precio de la compra o a hacer entrega de los valores vendidos. Las mismas no podrán compensar las sumas que recibieran para comprar valores, ni el monto que se les entregue por los valores vendidos, con los montos que les sean adeudados por sus clientes.   

Artículo 118. Las comisiones que cobren las casas de bolsa serán fijadas libremente por ellas, dentro de las limitaciones establecidas en esta ley.

Artículo 119. No pueden actuar en una operación de remate dos o más representantes de una misma casa de bolsa.

Artículo 121. Se considerará que representan a más de un accionista los fondos patrimoniales de inversión, otros inversionistas institucionales o entidades que en razón de su objeto o actividad, sean así calificados por la Comisión.

Artículo 122. También serán sociedades anónimas de capital abierto aquellas constituídas mediante el procedimiento de suscripción pública, en cuyo caso los promotores redactarán un programa de fundación por instrumento público o privado, que se someterá a la previa aprobación de la Comisión.   
Al respecto, regirán las disposiciones contenidas en el Código Civil y la reglamentación que dicte la Comisión.

Artículo 124. Las sociedades anónimas de capital abierto, para obtener su inscripción en el Registro, deberán contar con un capital social e integrado no inferior al monto establecido por la Comisión mediante resolución de carácter general.
El capital social estará representado por acciones nominativas.
Las sociedades anónimas emisoras de capital abierto acogidas al régimen extraordinario de retasación y regularización según Ley Nº 548/95 y su modificación la Ley Nº 1106/97, que operan en el mercado de valores a la fecha de promulgación de esta ley, contarán con un plazo adicional de un año estipulado en el Artículo 240 para completar la nominatividad de sus acciones en los términos establecidos en este artículo.

Artículo 125. De no mediar el procedimiento de suscripción pública, al constituirse la sociedad deberá suscribirse por entero el capital social e integrarse una tercera parte por lo menos; el saldo deberá integrarse en un plazo no  superior a tres años.
La integración deberá efectuarse por todos los accionistas en igual proporción y plazo, conforme lo dispongan los estatutos, o el directorio por delegación de éstos.

Artículo 126. La Comisión determinará mediante reglamentación de carácter general un procedimiento de ajuste del patrimonio por efecto de la inflación, a fin de preservar el valor patrimonial de la sociedad.
En caso de ajuste el monto corresponderá a una retasación del activo y pasará a una reserva especial que deberá ser capitalizada en la próxima asamblea ordinaria. Dicho monto será deducible del impuesto a la renta.
Igualmente, las sociedades anónimas emisoras de capital abierto deberán crear y mantener previsiones por cuentas incobrables de la cuenta del activo “cuentas por cobrar” por cada ejercicio. Dichas previsiones serán deducibles del impuesto a la renta del ejercicio en el que se hayan realizado, hasta un 5% (cinco por ciento) del total de la cartera vigente al cierre del correspondiente ejercicio. Las pautas de incobrabilidad serán fijadas por la Comisión mediante normas reglamentarias de carácter general.
Las sociedades anónimas emisoras de capital abierto también podrán crear previsiones a efectos de reflejar la pérdida del valor del inventario de bienes de cambio y de bienes de capital, motivado por razones de obsolencia comercial o técnica, respectivamente. A los efectos del cálculo del Impuesto a la Renta, los mismos serán deducibles hasta un 5% (cinco por ciento) del total del saldo de los bienes de cambio al cierre del correspondiente ejercicio, siempre que sean aplicables a valores o bienes ciertos e individualizables; limitación porcentual que no regirá para los bienes de capital.

Artículo 127. La disminución o el aumento del capital social se hará mediante modificación de los estatutos. 
El aumento conlleva necesariamente la correspondiente emisión de acciones, sin que sea necesaria otra asamblea para el efecto. La asamblea podrá delegar en el directorio la colocación de las acciones y la fijación de la forma de pago y plazos para el efecto.

Artículo 128. El aumento del capital social deberá suscribirse e integrarse dentro del plazo de tres años, en caso contrario, el capital quedará reducido al efectivamente suscrito e integrado. 
Este hecho deberá comunicarse a la Comisión, debiéndose asimismo convocar a una nueva asamblea para la consecuente modificación de los estatutos.   

Artículo 129. Las acciones podrán ser ordinarias de voto único o de voto múltiple, hasta cinco votos por acción, según lo determinen los estatutos. El privilegio en el voto es incompatible con preferencias patrimoniales.

Artículo 130. Las acciones también podrán ser preferidas, en cuyo caso sólo podrán tener derecho a un voto.
Dichas acciones podrán asimismo carecer de voto, o tener derecho de voto con limitaciones, según se consigne expresamente en los estatutos.

Artículo 131. En todo caso, las acciones preferidas tendrán derecho de voto durante el tiempo en que se encuentren en mora en recibir los beneficios que constituyen su preferencia. También lo tendrán si se suspendiera o retirara la cotización de la sociedad en bolsa, mientras subsista esta situación.  Asimismo, podrán votar en los supuestos previstos en los Artículos 1080, inc. c) y 1091 del Código Civil.

Artículo 132. Según se establezca en los estatutos, las acciones podrán o no tener valor nominal.

Artículo 133. Las sociedades que posean acciones con valor nominal no podrán hacer oferta o colocar sus acciones por debajo del valor nominal. 
El plazo y la forma para el ejercicio del derecho de opción preferente para la adquisición de acciones de nuevas emisiones serán reglamentados por la Comisión.   

Artículo 134. Toda cesión de acciones nominativas se formalizará mediante endoso autenticado por un representante del intermediario de valores o ante escribano público.
A la sociedad no le corresponde pronunciarse sobre la transferencia de las acciones y está obligada a inscribir sin más trámite los traspasos que se le presenten.
La Comisión resolverá administrativamente, con audiencia de las partes interesadas, las dificultades que se produzcan con motivo de la tramitación e inscripción del traspaso de acciones.

Artículo 135. La Comisión podrá autorizar a las sociedades sometidas a su control a que simplifiquen en casos calificados la forma de efectuar la transferencia de acciones, pudiendo inclusive utilizar medios electrónicos de transferencia, siempre que dichos sistemas resguarden debidamente los derechos de los accionistas.

Artículo 136. Si así lo faculta el estatuto, las acciones no se representarán en títulos.  A dicho efecto, la sociedad habilitará un registro de acciones escriturales, en el cual las acciones se inscribirán en cuentas llevadas a nombre de sus titulares.  Dicho registro contendrá las mismas menciones del libro de registro de acciones.  

El registro de acciones escriturales también podrá ser llevado por bancos de plaza, o por cajas de valores autorizadas por la Comisión.
La calidad de accionista se presume por las constancias de las cuentas abiertas en el registro de acciones escriturales.  La sociedad será siempre responsable ante los accionistas por los errores o irregularidades de las cuentas, sin perjuicio de la responsabilidad del banco o caja de valores ante la sociedad, en su caso.
La sociedad, la entidad bancaria o la caja de valores, según corresponda, deben otorgar al accionista el comprobante de la apertura de su cuenta y de todo movimiento que inscriban en ella.  Todo accionista tiene además derecho a que se le entregue, en cualquier momento, constancia del saldo de su cuenta, a su costa, así como el comprobante correspondiente para participar en las asambleas de la sociedad.

Artículo 137. Las sociedades autorizadas a hacer oferta pública podrán emitir certificados globales de sus acciones, con los requisitos del Artículo 1069 del Código Civil.  A tal fin, se considerarán definitivos, negociables y divisibles.

Artículo 138. La cesión de las acciones producirá efecto respecto a la sociedad y de terceros desde que se inscriban en el Registro de Accionistas de la sociedad.

Artículo 139. Los estatutos no podrán estipular disposiciones que limiten la libre cesión de las acciones.

Artículo 140. Salvo disposición en contrario de los estatutos, los saldos de las acciones suscritas no pagados en fecha, serán reajustados de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor (IPC); si el valor de las acciones estuviere expresado en moneda extranjera, los saldos no pagados se abonarán en dicha moneda o en moneda nacional al valor del mercado libre de cambios. En este último caso la asamblea determinará si se adopta el tipo de cambio vigente al momento de la suscripción o al momento del pago en efectivo.
Si los estatutos no disponen lo contrario, las acciones no pagadas totalmente gozarán de iguales derechos que las íntegramente abonadas, salvo en lo relativo a la participación que les corresponda en los beneficios sociales y en las devoluciones de capital, casos en los que concurrirán en proporción a la parte pagada.
En ningún caso las acciones cuya integración esté en mora tendrán derecho a voto en las asambleas.

Artículo 141. Salvo disposición en contrario de los estatutos, cuando un accionista estuviera en mora en la integración de la totalidad o parte de las acciones por él suscritas, la sociedad podrá vender en bolsa de valores, por cuenta y riesgo del moroso, el número de acciones que sea necesario para cubrir los saldos impagos y los gastos de enajenación,  previa interpelación para que en el plazo de quince días se haga efectivo el pago correspondiente.

Artículo 142. Las preferencias de las acciones deberán constar en los estatutos sociales y en los títulos de las acciones deberá hacerse referencia a ellas. No podrán estipularse preferencias sin precisar el plazo de su vigencia. Tampoco podrán estipularse preferencias que consistan en el otorgamiento de dividendos que no provengan de utilidades del ejercicio o de utilidades retenidas y de sus respectivas revalorizaciones.

Artículo 143. Las opciones para suscribir acciones de aumento de capital de la sociedad y de bonos convertibles en acciones de la sociedad emisora, o de cualesquiera otros valores que confieran derechos futuros sobre estas acciones, deberán ser ofrecidas con preferencia a los accionistas, en proporción a las acciones que posean y de acuerdo a su clase. En la misma proporción serán distribuídas las acciones liberadas emitidas por la sociedad.
El derecho de opción preferente es esencialmente renunciable y transferible, y deberá ejercerse o transferirse dentro del plazo de treinta días contados desde su última publicación, en la forma y condiciones que determine la Comisión.
Los estatutos o en su defecto la asamblea respectiva determinarán si el derecho de opción preferente de los accionistas a suscribir acciones de nuevas emisiones, será ejercido por su valor nominal o valor libro, ajustándose a las normativas dictadas por la Comisión para el efecto.
Transcurrido el plazo señalado en este artículo, las acciones y en su caso los bonos convertibles en acciones serán colocados por la sociedad conforme al procedimiento indicado por los estatutos, o la asamblea respectiva, o en su defecto por el Directorio.

Artículo 145. Los estatutos deberán determinar si los directores serán o no remunerados por sus funciones y en caso de serlo, la cuantía de las remuneraciones será fijada anualmente por la asamblea ordinaria de accionistas.
Los estatutos podrán establecer la cuantía de las remuneraciones en el acto constitutivo y luego serán establecidas por la asamblea ordinaria de accionistas.
En la memoria anual que las sociedades sometan al conocimiento de la asamblea ordinaria de accionistas deberá constar, en su caso, toda remuneración adicional a la autorizada en asamblea que los directores hayan percibido de la sociedad durante el ejercicio respectivo, incluso las que provengan de funciones distintas del ejercicio de su cargo.           

Artículo 146. Además de los casos previstos en la legislación respectiva, no podrán ser directores de una sociedad anónima de capital abierto, o de sus filiales, los directores, representantes u operadores de los intermediarios de valores.         

Artículo 147. La Comisión por resolución fundada, podrá requerir al directorio para que sesione a fin de que se pronuncie sobre las materias que sometan a su decisión.

Artículo 149. Tanto las asambleas ordinarias como las extraordinarias pueden ser convocadas en cualquier momento, según las materias que sean de su competencia. La asamblea ordinaria deberá convocarse obligatoriamente al menos una vez al año, dentro de los cuatro meses posteriores al cierre del ejercicio, para tratar la memoria anual del Directorio, los estados contables, la distribución de utilidades y los informes de auditoría y del síndico.

Artículo 150. Las sociedades deberán comunicar a la Comisión la celebración de toda asamblea de accionistas, con una anticipación no inferior a diez días.
La Comisión podrá suspender por resolución fundada la citación a asamblea de accionistas y la asamblea misma, cuando fuere contraria a la ley, a los reglamentos o a los estatutos.
La Comisión podrá hacerse representar, con derecho a voz, en toda asamblea de una sociedad sometida a su control, y en élla su representante tendrá facultades para resolver administrativamente con relación a la habilitación de los comparecientes o sus representantes, a la legitimidad de la constitución de la asamblea, a su competencia para los distintos puntos tratados y al quórum requerido para la validez de sus acuerdos.

Artículo 151. Las reformas de estatutos que tengan por objeto la modificación o supresión de preferencias, deberán ser aprobadas con el voto favorable de las dos terceras partes de las acciones de la clase o las clases afectadas.

Artículo 153. Los auditores tendrán la obligación de informar por escrito a la asamblea ordinaria respectiva sobre el cumplimiento de su mandato.  Dicho informe será entregado a la sociedad por lo menos con quince días de anticipación a la fecha de la celebración de la asamblea, a fin de que los accionistas puedan, dentro de dicho plazo, tomar conocimiento de su contenido.
Los auditores podrán concurrir a las asambleas con derecho a voz pero sin derecho a voto.

Artículo 155. Salvo acuerdo diferente adoptado en la asamblea respectiva, por al menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de las acciones presentes con derecho a voto, las sociedades deberán distribuir anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones o en la proporción que establezcan los estatutos si hubiere acciones preferidas, a lo menos el 10% (diez por ciento) de las utilidades líquidas de cada ejercicio.
No se podrá hacer distribución provisoria de dividendos durante el ejercicio con cargo a las utilidades del mismo.

Artículo 156. En caso de que los dividendos no se hayan abonado  en una sola vez, estos se podrán pagar a un plazo que no exceda la fecha de cierre del ejercicio siguiente al que correspondan estos dividendos.

Artículo 157. Salvo acuerdo diferente adoptado en la asamblea respectiva por la mayoría de los accionistas presentes, los dividendos deberán pagarse en dinero. Sin embargo, la sociedad podrá pagar dividendos, en lo que exceda al mínimo obligatorio, otorgando opción a los accionistas para recibirlos en dinero o en acciones de su propia emisión.

Artículo 159. La Comisión deberá ser informada dentro de los cinco días posteriores a la asamblea extraordinaria que resuelve el retiro, acreditándose el cumplimiento de los requisitos para adoptar  tal decisión.
Una vez comprobado dicho cumplimiento, la Comisión aprobará el retiro y suspenderá automáticamente la autorización para efectuar oferta pública de los valores de que se trate.
La sociedad deberá publicar avisos durante tres días anunciando la cancelación de la autorización para efectuar oferta pública. Los avisos se publicarán en un  diario de gran circulación en la República en forma destacada.
La sociedad continuará cumpliendo las obligaciones impuestas por la normativa del mercado de valores hasta que se haga efectiva la cancelación de la inscripción. 
En caso que existan obligaciones de oferta pública pendientes de pago, la sociedad seguirá cumpliendo con la normativa del mercado de valores hasta la total cancelación de las mismas.

Artículo 160. La Comisión conservará la competencia para aplicar sanciones administrativas por infracciones cometidas durante el tiempo en que la sociedad hubiese estado dentro del mercado de valores, aun después de hecha efectiva la cancelación de su inscripción y hasta la cancelación total de sus deudas.

Artículo 161. Cuando se disuelva una sociedad de capital abierto por fusión, la cancelación de la autorización para efectuar oferta pública no procederá hasta que se produzca el canje de valores.

Artículo 162. En los demás casos de disolución de la sociedad, la cancelación procederá:
a) respecto de acciones u obligaciones convertibles, una vez que se aprueben el balance final y el proyecto de distribución; y,
b) respecto de obligaciones no convertibles, una vez que se haya puesto a disposición de los obligacionistas el importe de la amortización total y los intereses que correspondieran.

Artículo 163. También procederá la cancelación cuando se haya declarado, por resolución ejecutoriada, la quiebra de la sociedad, o se haya retirado, también por resolución ejecutoriada, la autorización para funcionar de acuerdo a leyes especiales en razón de su objeto.

Artículo 165. Son funciones de la Comisión:
a) vigilar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y sus reglamentaciones;

b) reglamentar, mediante normas de carácter general, las leyes relativas al mercado de valores;

c) fomentar y preservar un mercado de valores competitivo, ordenado y transparente;

d) velar por la correcta formación de los precios en los mercados, a cuyo efecto la Comisión impartirá reglas de carácter general,

e) facilitar la difusión de la información necesaria para proteger a los inversionistas;

f) supervisar y controlar a las personas que la presente ley u otras leyes así le encomienden;

g) llevar el Registro Público del Mercado de Valores;

h) aplicar las sanciones establecidas en el Título VII de la presente ley;

i) requerir de las personas o entidades fiscalizadas que proporcionen al público, en la forma, plazos y vías que la Comisión reglamente, información veraz, suficiente y oportuna sobre su situación jurídica, económica y financiera;

j) fijar las normas para el contenido, diseño, confección y presentación de las memorias, balances, estados de situación y demás estados financieros de las instituciones fiscalizadas y determinar los principios conforme a los cuales deberán llevar su contabilidad;

k) inspeccionar a las personas o entidades fiscalizadas;

l) vigilar la actuación de los auditores externos, impartirles normas sobre el contenido de sus dictámenes y requerirles cualquier información o antecedentes relativos al cumplimiento de sus funciones;

m) suspender o cancelar una oferta pública cuando se presentaren indicios de que en las negociaciones objeto de la oferta se ha procedido en forma engañosa o irregular, o si la información proporcionada no refleja adecuadamente la situación financiera, patrimonial o jurídica del emisor sujeto a su control o, en general, por requerirlo el interés público;

n) ordenar la suspensión inmediata de la propaganda o información publicitaria de las personas que hagan oferta pública de títulos, o que ofrezcan servicios de intermediación, cuando sean contrarias a la ley o a la reglamentación que haya dictado la Comisión, o cuando ésta considere que es engañosa o que se hacen afirmaciones o se suministran datos que no son verídicos;

o) evacuar las consultas y peticiones formuladas por accionistas, administradores, inversionistas u otros legítimos interesados, e interpretar en materia de su competencia las disposiciones normativas que rigen el mercado de valores;

p) investigar las denuncias o reclamos formulados por accionistas, inversionistas u otros legítimos interesados, en materia de su competencia, siempre que se adecuen a los requisitos establecidos para ello; 

q) autorizar a las entidades fiscalizadas a operar en el mercado de valores, a inscribir ante la misma la modificación de sus estatutos, o a su retiro del mercado;

r) autorizar los aranceles y condiciones generales que podrán cobrar la bolsa y las casas de bolsas. Los señalados en este artículo y en el Artículo 180 para la Comisión, no podrán superar en conjunto por gestiones administrativas anuales más de veinte jornales mínimos o de dos jornales mínimos por cada operación al igual que no podrán exceder el cero con ochenta por ciento por cada negociación de valores en ambas puntas;

s) contratar el servicio de peritos y técnicos para ejercer sus funciones;

t) formar y difundir la estadística nacional de valores;

u) participar en organismos internacionales vinculados a materias de su competencia y celebrar acuerdos con ellos y con entidades reguladoras de los mercados de valores de otros países; y,

v) ejercer las demás facultades que ésta y otras leyes expresamente le confieran.

Artículo 166. Las resoluciones de carácter reglamentario de la Comisión deberán ser publicadas en un diario de amplia circulación nacional y sólo entrarán en vigencia a partir del día siguiente de la última publicación, o desde el día que ellas determinen.

Artículo 167. Los funcionarios designados por la Comisión, en cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, tendrán libre acceso a las oficinas o locales de las entidades fiscalizadas. La Comisión podrá solicitar orden de allanamiento al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de turno, la que será despachada en el día.

Artículo 168. Las empresas bancarias, financieras y de seguros sometidas a la supervisión de Bancos y a la de Seguros, lo estarán también a la de la Comisión, en los aspectos que signifiquen una participación en el Mercado de Valores.

Durarán en sus cargos cinco años, no coincidentes con el período presidencial.

Artículo 170. El presidente y los directores deben ser de nacionalidad paraguaya, probos y de notoria idoneidad en materia del mercado de valores. No pueden desempeñar otra actividad remunerada, salvo la docencia.

Artículo 171. No podrán ser designados presidente ni director de la Comisión:
a) los directores, síndicos, funcionarios, asesores o apoderados de las entidades fiscalizadas por la Comisión;
b) toda persona vinculada directamente de manera comercial, económica o profesional a actividades que pudieran generar conflictos de intereses en las tomas de decisiones propias de la Comisión, mientras duren dichas vinculaciones;
c) dos o más personas que tengan entre sí parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o el segundo de afinidad;
d) los cónyuges simultáneamente;
e) quienes hubieren sido declarados en quiebra, aunque se hubiesen rehabilitado;
f) quienes hayan sido condenados por la comisión de delitos contra el patrimonio, la fe pública o los deberes de función o por delitos tributarios;
g) quienes tengan obligaciones en mora con el Fisco, salvo que las mismas se hallen recurridas y se encuentren pendientes de resolución; y,
h) aquellos a quienes afecte la medida de inhibición general de vender o gravar.

Artículo 172. El Presidente de la Comisión es la autoridad máxima de la institución y del Directorio, y tiene la representación legal de la Comisión.

Artículo 173. El presidente será sustituido, en caso de vacancia, ausencia o impedimento temporal, por cualquiera de los otros directores designados a propuesta del sector público, como encargados del despacho de la presidencia. Estos lo reemplazarán en forma rotativa por períodos que no excedan de tres meses cada uno.

Artículo 174. Las sesiones del directorio serán convocadas por el Presidente o a pedido de uno o más directores, por lo menos una vez por semana. El directorio podrá sesionar válidamente con el quórum de tres directores y las resoluciones serán adoptadas por simple mayoría, salvo que la ley exija unanimidad. El presidente tiene derecho a voto. En caso de empate decide con voto doble.
Los directores y demás asistentes a las sesiones no podrán permanecer en ellas cuando se traten asuntos de su interés personal o cuestiones que afecten directa o indirectamente a personas vinculadas o a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, debiendo dejarse constancia en acta de tal circunstancia.
Cuando el directorio lo considere conveniente podrán ser llamados a participar en las deliberaciones funcionarios de la Comisión o personas extrañas a la misma.

Artículo 175. Cuando las resoluciones del directorio contravinieren las disposiciones legales, sus miembros incurrirán en responsabilidad personal y solidaria, salvo aquellos que hiciesen constar en el acta respectiva su voto en disidencia.

Artículo 176. El presidente y los directores cesarán en sus cargos por:
a) expiración del plazo de su nombramiento;
b) renuncia presentada al Poder Ejecutivo;
c) alguna inhabilidad o causa sobreviniente que le impida ejercer el cargo;
d) el mal desempeño de sus funciones; y,
e) condena ejecutoriada por la comisión de delitos comunes.

Artículo 178. Los funcionarios que presten servicios eminentemente técnicos, tendrán dedicación exclusiva y no podrán mantener vínculos de ninguna naturaleza, ni prestar servicios profesionales de ninguna clase a persona física o jurídica alguna sometidas a su fiscalización.
Los miembros del directorio y los funcionarios superiores de la Comisión no podrán mantener ningún tipo de relación con instituciones que estén sujetas a la fiscalización de la Comisión sino transcurridos seis meses desde que hubiesen dejado el cargo.

Artículo 179. Los funcionarios de la Comisión no podrán solicitar créditos a los bancos, empresas financieras u otras entidades que formen parte del sistema financiero, que en virtud de esta ley estén sujetas a su fiscalización por ser emisores de valores de oferta pública, ni adquirir bienes de tales empresas sin haber comunicado previamente al presidente de la Comisión.

Artículo 182. Por las infracciones responderán las personas jurídicas afectadas y las personas que ejercen en las mismas funciones de dirección, de administración y de fiscalización. 
Al solo efecto de atribuir la responsabilidad de estas últimas, para la aplicación de las sanciones administrativas previstas en la presente ley, regirán las disposiciones pertinentes del derecho civil.

Artículo 183. Son infracciones muy graves que afectan a todas las instituciones fiscalizadas por la Comisión:
a) el desarrollo de prácticas dirigidas a falsear la libre formación de los precios en el mercado de valores, o que no impliquen transferencia efectiva de la propiedad, en contravención a la normativa del mercado de valores;        
b) no llevar la contabilidad exigida, o que la misma contenga vicios que impidan conocer su situación patrimonial o sus operaciones;
c) obstruir las actuaciones de inspección y fiscalización de la Comisión;
d) el incumplimiento a las normas sobre información privilegiada o reservada;
e) el incumplimiento del deber de secreto; y,
f) haber sido sancionado por la comisión de tres faltas leves en el período de un año.

Artículo 184. Son infracciones muy graves que afectan a los emisores:
a) la falta de auditoría externa independiente de sus estados contables; y,
b) el incumplimiento del deber de informar los hechos calificados como esenciales por las disposiciones normativas del mercado de valores.

Artículo 185. Son infracciones muy graves que afectan a las bolsas de valores:
a) la admisión de valores a ser negociados en los mercados sin el previo registro en la Comisión, en los casos que corresponda, así como la suspensión o exclusión de negociaciones de valores autorizados por la Comisión, sin causa justificada;
b) no ejercer sus deberes de fiscalización conforme a sus estatutos, reglamentos internos y demás normas que las rijan; y,
c) el incumplimiento reiterado de las normas reguladoras de los mercados, en desatención a los requerimientos formulados por la Comisión.

Artículo 186. Son infracciones muy graves que afectan a los intermediarios:
a) la adquisición o enajenación de valores por cuenta propia cuando solo están autorizados a operar por cuenta ajena;
b) incumplir con la entrega de los valores encomendados para la venta, o no pagar el precio de los valores encomendados para la compra; y,
c) la negociación de valores de oferta pública sin contar con el registro previo en la Comisión, cuando correspondiere.

Artículo 187. Son infracciones muy graves para los auditores externos:
a) el incumplimiento de la obligación de realizar una auditoría de estados contables contratada en tiempo y forma;
b) la emisión de informes de auditoría de estados contables cuyo contenido no esté de acuerdo con las verificaciones obtenidas;
c) el incumplimiento de las normas de auditoría que cause perjuicio económico a terceros o a la entidad auditada; y,
d) la aceptación de trabajos de auditoría de estados contables que superen la capacidad anual medida en horas profesionales, de acuerdo con lo establecido en las normas técnicas de auditoría.

Artículo 188. Son infracciones muy graves para los calificadores de riesgo:
a) el incumplimiento de la obligación de realizar una evaluación de riesgo de valores contratada en tiempo y forma;
b) el incumplimiento de los procedimientos de calificación, que pueda causar perjuicio económico a terceros o a la entidad calificada; y,
c) la emisión de una evaluación de riesgo de un valor cuyo contenido no esté de acuerdo con las verificaciones obtenidas.

Artículo 189. Son también infracciones muy graves:
a) el ejercicio de actividades de intermediación financiera o, en general las ajenas a su objeto social exclusivo por parte de las bolsas y los intermediarios de valores;
b) la reducción del patrimonio de los intermediarios de valores y de las bolsas de valores por al menos seis meses consecutivos; y,
c) realizar trabajos de auditoría o calificación de riesgo sin que las sociedades dedicadas a estas actividades estén inscriptas en los Registros de la Comisión.

Artículo 190. Son infracciones graves que afectan a las entidades emisoras:
a) no presentar en forma oportuna, sin causa justificada, las informaciones económicas y financieras requeridas por las leyes del mercado de valores y las normas dictadas por la Comisión, cuando se tuviera señalado un plazo para el efecto;
b) carecer del informe de auditores externos independientes, en la forma y plazos que establezca la Comisión, salvo que ello sea imputable a los auditores contratados;
c) carecer de la evaluación continua de calificación de riesgos, en la forma y plazos que establezca la Comisión, salvo que ello sea imputable a la calificadora de riesgos contratada; y,
d) mantener reservas o previsiones insuficientes para cubrir riesgos asumidos, conforme a las normas dictadas por la Comisión;

Artículo 191. Son además infracciones graves:
a) la infracción por parte de las bolsas de valores de las obligaciones relacionadas con el registro de operaciones;
b) la suspensión de las ruedas de bolsa sin causa justificada;
c) no tener vigentes las garantías exigidas para los intermediarios de valores;
d) no proporcionar a la Comisión toda información relevante sobre sociedades o situaciones que, por su trascendencia, puedan afectar el precio en el mercado de los valores emitidos; y,
e) la falta de comunicación por parte del directorio de las sociedades emisoras, a las asambleas generales y al síndico, de una sanción administrativa, cuando la Comisión hubiere obligado de modo expreso a ello.

Artículo 192. Son infracciones leves aquellas acciones u omisiones que supongan el incumplimiento de normas de obligada observancia que las leyes del mercado de valores no califiquen como infracción muy grave o grave.

Artículo 193. Las infracciones prescribirán en el plazo de tres años, a contar de la fecha en que se cometieron.
La prescripción se interrumpe, además de las causas previstas en las leyes, por la notificación del sumario administrativo, volviendo a correr el plazo si el expediente permaneciese paralizado durante más de dos meses por causa no imputable al afectado.

Artículo 195. Las sanciones se aplicarán en base a un criterio de graduación que atienda la gravedad de la infracción y la existencia de reiteración o de reincidencia.
En los casos de reiteración en la comisión de una infracción se aplicará el máximo de las sanciones establecidas en el artículo anterior para la infracción más grave de las que hubieran sido cometidas de manera reiterada. En los casos de reincidencia en la comisión de una infracción se aplicará como base una multa de hasta el monto máximo expresado en el artículo anterior, más la sanción que correspondiera, según la gravedad de la infracción.

Artículo 196. La sanción de multa podrá ser acumulada a la suspensión del cargo y prohibición de realizar determinadas operaciones en valores, según corresponda.

Artículo 197. Cuando se aplique la sanción de multa, la Comisión pondrá en conocimiento de la asamblea de los accionistas las infracciones en que hayan incurrido los directores o síndicos, a fin de que aquella pueda removerlos de sus cargos si lo estima conveniente, sin perjuicio de ejercer las acciones judiciales que crean pertinentes.    
La convocatoria a esta asamblea de accionistas deberá hacerla el Directorio dentro del plazo que fije la Comisión, pudiendo ser citada por ella misma si lo estima necesario.

Artículo 198. Cuando se apliquen las sanciones de suspensión o inhabilitación a uno o más directores o síndicos, el Directorio o en su defecto la Comisión podrán convocar a asamblea de accionistas, para que se nombren a el o los reemplazantes, si no hubiera suplentes.

Artículo 199. La cancelación de la inscripción de un valor de las entidades emisoras en el Registro del Mercado de Valores podrá acumularse a otras sanciones administrativas, y procederá cuando la inscripción se hubiese obtenido sin los requisitos correspondientes, o por medio de informaciones o antecedentes falsos. 
También procederá la cancelación cuando con ulterioridad al registro el emisor proporcione informaciones o antecedentes falsos a la Comisión, a las entidades fiscalizadas, o al público en general.

Artículo 200. La suspensión o cancelación de la inscripción de intermediarios podrá acumularse a otras sanciones administrativas, a criterio de la Comisión, en los supuestos de infracciones graves o muy graves.
Lo propio ocurrirá cuando los intermediarios dejen de cumplir con los requisitos necesarios para su funcionamiento, salvo que la Comisión, mediando justa causa debidamente fundada, otorgue al interesado un plazo para subsanar la situación, el que en ningún caso podrá exceder de ciento veinte días.

Artículo 202. La Comisión designará a un instructor del sumario, quien lo conducirá conforme a lo indicado en el presente capítulo.

Artículo 203. Las actuaciones del sumario tendrán carácter reservado frente a terceros, salvo que la Comisión resuelva que por interés general las mismas sean abiertas al público. 
En todo caso, se garantizará que las partes afectadas tengan libre acceso al expediente formado.

Artículo 204. En la instancia administrativa todos los plazos son perentorios, salvo las excepciones previstas en la ley. Las providencias y demás resoluciones se notificarán por Cédula de Notificación y los plazos correrán desde el día siguiente.

Artículo 205. Instruido el sumario, se correrá traslado de la denuncia a los afectados, los cuales presentarán su defensa dentro del plazo de diez días, debiendo ofrecer en el mismo escrito las pruebas de descargo, acompañando las que tuviesen a su disposición o indicando dónde se encuentran si no pudiesen presentarlas.

Artículo 206. En caso de que hubiese peligro por la demora, se podrá disponer la suspensión de la oferta pública de valores de la sociedad emisora inculpada y de la actuación de los intermediarios.
La suspensión podrá ser levantada en cualquier estado del sumario o del juicio una vez que desapareciesen las causas que la motivaron.

Artículo 207. Cuando se haya incoado sumario administrativo en el que resulten inculpadas una o varias personas que ocupen cargos de administración o fiscalización en cualquiera de las instituciones fiscalizadas, la Comisión podrá, mediante resolución fundada, ordenar la suspensión provisional de aquellas en dichos cargos, hasta tanto recaiga resolución en el sumario.
Los cargos de las personas suspendidas no se computarán a efectos del quórum de constitución y de adopción de acuerdos de los órganos de administración de la entidad, salvo que esta última acuerde el cese o sustitución de aquellas,  conforme a las leyes y  a sus estatutos.
La suspensión podrá ser levantada en cualquier estado del sumario o del juicio una vez que desapareciesen las causas que la motivaron.

Artículo 208. Las pruebas serán producidas dentro del plazo de diez días, prorrogables por hasta otro lapso igual para la producción de pruebas cuya falta de diligenciamiento no fuese imputable a los sumariados.

Artículo 209. El instructor del sumario podrá citar y hacer comparecer testigos, recabar informes y testimonios de instrumentos públicos y privados  y disponer inspecciones de libros y documentos de las entidades fiscalizadas y cualesquiera otros medios de prueba. Si se tratare de ofertas públicas de valores, podrá requerir informes y documentos a personas y entidades que participen en el mercado de valores.
Los administradores de las instituciones fiscalizadas, de los intermediarios de valores y de las bolsas de valores, y sus representantes, en su caso, prestarán declaración en las oficinas de la Comisión, salvo que el juez instructor, atendidas las circunstancias, disponga lo contrario.

Artículo 210. El sumariado podrá presentar sus alegatos dentro del plazo de cinco días de cerrado el periodo probatorio. Vencido este plazo, o declarada la cuestión de puro derecho, el instructor del sumario pondrá los autos al despacho del Directorio de la Comisión en el plazo de diez días, el cual dictará resolución dentro de los diez días siguientes, prorrogables de oficio por igual lapso, para el practicamiento de medidas que considere indispensables para mejor proveer.

Artículo 211. Por falta de pronunciamiento dentro del plazo o de su prórroga se tendrá por sobreseído el sumario.  Lo mismo ocurrirá si el expediente permaneciera paralizado por el lapso de al menos tres meses.

Artículo 212. Serán aplicables supletoriamente las disposiciones procesales en las materias contencioso-administrativa, procesal civil y procesal penal.

Artículo 214. La reconsideración se formulará por escrito y contendrá en forma clara y precisa los hechos y el derecho en que se fundamenta.
El plazo para su interposición será de cinco días contados a partir de la notificación del respectivo acto administrativo. 

Artículo 215. La Comisión dispondrá de cinco días para resolver el recurso de reconsideración, transcurridos los cuales, sin que medie resolución, se entenderá que rechaza el recurso para los efectos del parágrafo siguiente.
La interposición del recurso de reconsideración suspenderá el plazo para recurrir ante el Tribunal de Cuentas.

Artículo 217. No tendrán efecto suspensivo la acción contencioso-administrativa y los demás recursos contra las resoluciones que dispongan la prohibición de realizar oferta pública o de la actuación de los intermediarios, así como la suspensión provisional en los cargos de administración o fiscalización en cualquiera de las instituciones fiscalizadas.
La suspensión podrá ser levantada en cualquier estado del sumario o del juicio una vez que desapareciesen las causas que la motivaron.   
En el caso de la aplicación de multas y demás sanciones, los recursos y la acción contencioso-administrativa tendrán efecto suspensivo.

Artículo 219. La bolsa de valores que infringiere las obligaciones relacionadas con el registro de operaciones o suspendiese las ruedas de bolsa por más de cinco días sin causa será pasible de una multa equivalente de uno a cincuenta salarios mínimos mensuales, vigentes para trabajadores de actividades diversas no especificadas.

Artículo 220. Se entenderá que hay reiteración cuando se cometan dos o más infracciones entre las cuales no medie un período superior a doce meses.

Artículo 221. El monto de las multas deberá ser pagado en las oficinas de la Comisión dentro del plazo de treinta días, contados desde la notificación por cédula.

Artículo 222. Si la multa no fuera pagada y hubiera resolución firme, la Comisión podrá demandar judicialmente al infractor por medio de juicio ejecutivo ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la capital, acompañando copia de la resolución que aplicó la sanción o de la sentencia ejecutoriada en su caso, la que tendrá por sí sola fuerza ejecutiva.
En este juicio, el demandado no podrá oponer otras excepciones que  la de prescripción, la falta de acción, y la de pago total.

Artículo 223. De toda multa aplicada a una sociedad o a sus directores o liquidadores responderán solidariamente los directores o liquidadores que concurrieron con su voto favorable a los acuerdos que motivan la sanción.

Artículo 224. El retardo en el pago de toda multa que aplique la Comisión, en conformidad a la ley, devengará los intereses de mercado correspondiente al promedio de la tasa activa.
Si la multa no fuere procedente y no obstante hubiese sido pagada, la Comisión o el juzgado respectivo según corresponda deberá ordenar se devuelva las sumas pagadas, con los intereses establecidos por ley.

Artículo 225. La acción de cobro de una multa prescribe en el plazo de dos años contados desde que se hizo exigible.

Artículo 227. Serán sancionadas con penitenciaría de seis meses a un año:
a) los que hicieren oferta pública de valores sin cumplir con los requisitos de inscripción en el Registro que exige esta ley o lo hicieren respecto de valores cuya inscripción hubiere sido suspendida o cancelada;
b) los que actuaren como intermediarios, auditores externos independientes o calificadores de riesgo sin estar inscriptos en los registros correspondientes o cuya inscripción hubiere sido suspendida o cancelada; y,
c) las personas  que violen deliberadamente las disposiciones de la presente ley relativa a información privilegiada.

Artículo 228. Sufrirán las penas de penitenciaría de uno a dos años:
a) los que maliciosamente proporcionaran antecedentes falsos o certificaran hechos falsos a la Comisión, a una bolsa de valores o al público en general, para los efectos de lo dispuesto en la normativa del mercado de valores;
b) los administradores y apoderados de una bolsa de valores que den certificaciones falsas sobre las operaciones que se realicen en ella;
c) los representantes de los intermediarios de valores que den certificaciones falsas sobre las operaciones en que hubieren intervenido o registren operaciones sin transferencia de valores;
d) los auditores que dictaminen falsamente de forma maliciosa sobre la situación financiera de una persona sujeta a obligación de registro de conformidad a esta ley o maliciosamente suministren datos falsos para obtener la autorización para oferta pública de valores, o la calificación de sociedad de capital abierto o la obtención de incentivos fiscales;
e) las personas que contrariando disposiciones normativas del mercado de valores efectúen transacciones de valores con el objeto de estabilizar, fijar o hacer variar artificialmente los precios;
f) los directores, administradores y gerentes de un emisor de valores de oferta     pública, cuando efectuaren declaraciones maliciosamente falsas en la respectiva escritura de emisión de valores de oferta pública, en el prospecto de inscripción, en los antecedentes acompañados a la solicitud de inscripción, en las informaciones que deban proporcionar a la Comisión de Valores, a la Superintendencia de Bancos o al organismo de control en su caso, o a los tenedores de valores de oferta pública o en las noticias o propaganda divulgada por ellos al mercado; y,
g) las personas que con el objeto de inducir a error en el mercado difundieren noticias falsas o tendenciosas, aún cuando no persiguieren con ello obtener ventajas o beneficios para sí o terceros.

Artículo 229. En los supuestos previstos en el artículo anterior se aplicará accesoriamente la pena de inhabilitación de cinco hasta diez años para desempeñar los cargos de director, administrador, gerente, auditor, consejero calificador o liquidador de una sociedad anónima o cualquier otra persona jurídica.

Artículo 230. Se presume dolosa la conducta patrimonial de un intermediario de valores en el caso de quiebra, producida por incumplimiento de contratos que provengan de operaciones sobre valores ejecutadas por cuenta propia, siempre que a consecuencia de las pérdidas provenientes de esas operaciones no pueda satisfacer el cumplimiento de las que ejecutare por cuenta de sus comitentes.

Artículo 231. Los administradores que sabiendo o debiendo saber el estado de insolvencia en que se encuentran las empresas por ellos administradas, lleven adelante la oferta pública de los valores de las mismas, serán sancionados con las penas señaladas en el Código Penal para el delito de defraudación.
Se aplicará el máximo de la pena prevista para el delito de defraudación si, además de lo anterior, las empresas consumaren su oferta y recibieren efectivamente dinero por los valores que en forma indebida hayan ofertado públicamente.

Artículo 233. Las sociedades anónimas emisoras de capital abierto podrán acogerse a los incentivos fiscales que se especifican en los siguientes artículos.

Artículo 234. Las sociedades anónimas emisoras de capital abierto tendrán un régimen tributario especial, por un plazo de diez ejercicios fiscales, a partir de la vigencia de la presente ley.
Para acogerse a los incentivos fiscales dichas sociedades tendrán que cumplir con los siguientes requisitos acumulativos:
a) emitir en suscripción abierta, en un plazo de cinco años, nuevas acciones correspondientes al aumento del capital social en un mínimo del 50% (cincuenta por ciento). Para tal efecto no se considerarán las reservas existentes.  En este caso, y hasta dicho porcentaje, se entenderá que los accionistas renuncian, de pleno derecho, al derecho de suscripción preferente;
b) las acciones emitidas de conformidad a lo dispuesto en el presente artículo deberán ser nominativas y serán colocadas a través de la bolsa.

Artículo 235. Para el aumento del capital social se requerirá la aprobación de una asamblea extraordinaria rigiendo los Artículos 1091 y 1092 del Código Civil en cuanto a las mayorías requeridas y al derecho de receso.
La misma asamblea deberá modificar los estatutos incrementando el capital.
De no suscribirse e integrarse por dicha vía el capital incrementado dentro del plazo de tres años a partir de la emisión de acciones a que se refiere el artículo anterior, los accionistas que aprobaron el aumento deberán hacerlo en proporción a sus respectivas tenencias.

Artículo 236. El régimen tributario especial consistirá en el pago del 50% (cincuenta por ciento) del impuesto a la renta para ejercicios fiscales cerrados, cualquiera sea la tasa establecida, siempre y cuando abran su capital en la forma dispuesta en el Artículo 234.
La reducción fiscal se aplicará cuando en el plazo de cinco años establecido abran anualmente por lo menos el 10% (diez por ciento) del mínimo previsto en el punto a) del Artículo 234  y cumplan con los demás requisitos establecidos en dicho artículo.

Artículo 237. La Comisión  elevará anualmente un informe al Ministerio de Hacienda, sobre las sociedades que hayan cumplido con los requisitos establecidos en esta ley, dentro de los treinta días posteriores al cierre del ejercicio anual.

Artículo 238. Las sociedades acogidas al régimen tributario especial del presente título, no podrán acordar reducir su capital social, disolverse o liquidarse anticipadamente sino transcurrido el plazo de diez años, contados desde la fecha de la primera emisión que se haga en vigencia de la presente ley o por el plazo superior, si tuvieren emisiones de títulos representativos de deuda pendientes de pago. 
En caso contrario, perderán todos los beneficios fiscales otorgados en esta ley y quedarán obligadas a abonar los impuestos correspondientes a los tres últimos años que hubieran dejado de pagar a la administración tributaria.  No se aplicarán multas, intereses ni accesorios legales.  Sin embargo, se establece una penalidad del 2% (dos por ciento) sobre el monto de los impuestos referidos en el presente párrafo, por cada año o fracción que falte para completar los diez años de permanencia obligatoria en el sistema del mercado de valores.
La misma sanción se aplicará en caso de que los accionistas no suscriban e integren el saldo del aumento previsto en el Artículo 235, si lo hubiera, transcurridos treinta días a partir de los tres años previstos en el referido artículo.

Artículo 239. Las sociedades anónimas emisoras de capital abierto acogidas al régimen extraordinario de retasación y regularización según la Ley Nº 548/95 y su modificación, la Ley Nº 1106/97, conservarán los beneficios fiscales allí establecidos siempre y cuando hayan dado cumplimiento a las obligaciones impuestas por las referidas leyes.

Artículo 240. Una vez finalizado el plazo para el otorgamiento de los beneficios fiscales estipulados en la Ley N° 548/95 y su modificación, la Ley Nº 1106/97, las sociedades anónimas emisoras de capital abierto acogidas a los mismos podrán acogerse a su vez al régimen de incentivos fiscales previsto en esta ley, toda vez que cumplan con los requisitos establecidos en ella.

Artículo 241. Continuarán vigentes todos los artículos del Código Civil y de la Ley 388/94 que no contradigan lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 242. Derógase la Ley Nº 94/91 y el Artículo 2º de la Ley Nº 210/93.

Artículo 243. La presente ley regirá a partir de un año del día siguiente de su publicación.

Artículo 244. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a diecinueve días del mes de marzo del año un mil novecientos noventa y ocho, y por la Honorable Cámara de Senadores, a dieciséis días del mes de junio del año un mil novecientos noventa y ocho, quedando sancionado el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución Nacional.