Leyes Paraguayas

INTEGRAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

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Ley N¬į 4788 | Integral contra la trata de personas


LEY N¬į 4788
INTEGRAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Art√≠culo 1¬į.- OBJETO.
La presente Ley tiene por objeto prevenir y sancionar la trata de personas en cualquiera de sus manifestaciones, perpetrada en el territorio nacional y en el extranjero. Es también su objeto el proteger y asistir a las víctimas, fortaleciendo la acción estatal contra este hecho punible.
Art√≠culo 2¬į.- PRINCIPIOS.
1¬į Esta Ley a efecto de su interpretaci√≥n y aplicaci√≥n se halla fundamentada principalmente en los siguientes principios rectores:
1. El Estado paraguayo actuará diligentemente en la prevención de la trata de personas en cualquiera de sus formas.
2. El Estado paraguayo actuará eficientemente en la investigación, procesamiento y sanción de los responsables de la comisión de la trata de personas en cualquiera de sus formas.
3. El Estado paraguayo tiene la obligación de ayudar y proteger a las víctimas de la misma, con el propósito de impedir la vulneración de los derechos humanos por razón de la trata de personas.
4. No se admitirán medidas preventivas ni represivas contra la trata de personas que impliquen el desmedro de los derechos fundamentales ni de la dignidad de las víctimas.
5. El Estado paraguayo buscará, siempre que las circunstancias lo permitan, un trabajo coordinado con la sociedad civil y sector privado en general, a efecto de la prevención y reinserción de las víctimas de la trata de personas.
6. El Estado paraguayo promoverá la cooperación internacional para lograr los fines de la presente Ley.
2¬į Las medidas de protecci√≥n y promoci√≥n de los derechos de las v√≠ctimas se aplicar√°n sin discriminaci√≥n alguna hacia ellas o susfamiliares, en especial atendiendo a su edad, situaci√≥n de inmigraci√≥n o al hecho de haber sido objeto de trata o haber participado en la industria del sexo.
Art√≠culo 3¬į.- AMBITO DE APLICACION.
1¬į Esta Ley se aplicar√° a todas las formas de trata de personas, ya sean exclusivamente en territorio nacional o transnacionales, y est√©n o no vinculadas a la delincuencia organizada.
2¬į Se aplicar√° la presente Ley, a los hechos punibles en ella descriptos cometidos en el extranjero, en los t√©rminos del Art√≠culo 8¬į del C√≥digo Penal.
3¬į Se aplicar√° la presente Ley aunque el autor no haya ingresado al territorio nacional, cuando la v√≠ctima de la trata tenga nacionalidad paraguaya, en los t√©rminos del Art√≠culo 8¬į del C√≥digo Penal, siempre que la sanci√≥n no haya sido ejecutada, prescripta o indultada en el lugar de su comisi√≥n.
Art√≠culo 4¬į.- DEFINICIONES.
A los efectos de la presente Ley, se entender√° como:
1. Víctima: Las personas afectadas directamente y las afectadas de manera secundaria o indirecta.
2. V√≠ctima directa: Se entender√° como ‚Äúv√≠ctima directa de la trata de personas‚ÄĚ a aquella que se pretendiera o fuera efectivamente sometida en su cuerpo a un r√©gimen de explotaci√≥n sexual, o a la extracci√≥n il√≠cita de sus √≥rganos o tejidos. Asimismo, a aquella persona cuyo cuerpo y fuerza de trabajo se pretenda o sea efectivamente empleada en un r√©gimen de servidumbre, matrimonio servil, trabajo o servicio forzado, esclavitud o cualquier pr√°ctica an√°loga a la esclavitud. 
3. Víctima secundaria: Al pariente u otra persona relacionada con la víctima directa, que en forma personal sufra un menoscabo patrimonial, moral o físico.
4. Extracci√≥n il√≠cita: Cualquier procedimiento m√©dico consistente en la extracci√≥n de √≥rganos o tejidos humanos, que no se hiciere seg√ļn las reglas sanitarias del pa√≠s y con el pleno consentimiento del donante.
5. Banda: La actuación concertada con visos de permanencia de dos o más personas unidas, con el propósito de la realización continuada de estos hechos con independencia de su estructuración jerárquica.
6. Asociación criminal: La definida en los términos del Artículo 239 del Código Penal.
7. Explotación sexual: La obtención de beneficios económicos o de otro tipo mediante la participación de una persona en la prostitución, la servidumbre sexual u otros tipos de servicios sexuales, incluidos los actos pornográficos o la producción de material pornográfico.
8. Servidumbre: Las condiciones de trabajo o la obligación de trabajar o prestar servicios o ambas cosas, en las que el prestador del servicio no puede cambiar voluntariamente.
9. Trabajo o servicio forzoso: Aquel obtenido bajo amenaza de una sanción y para los que el prestador del trabajo o servicio no se ha ofrecido voluntariamente.
10. Matrimonio Servil: Aquel en que la mujer o ni√Īa sin derecho a negarse a ello, es prometida o dada en matrimonio con arreglo a una suma de dinero, pudiendo nuevamente ser transferida o heredada por otras personas.
11. Otras pr√°cticas similares de esclavitud: La esclavitud por raz√≥n de deuda y servidumbre de la gleba. 
12. Explotación económica de otra persona: Dependencia bajo coerción en combinación con la privación grave y amplia de los derechos fundamentales.
13. Servidumbre de la gleba: Aquella condición o situación de un arrendatario que está obligado por la ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y prestar a esta mediante remuneración o gratuitamente determinados servicios, sin libertad para cambiar su situación.
14. Esclavitud de la Deuda: Aquella situación o condición resultante de una promesa de un deudor de prestar sus servicios personales, o los de una persona bajo su control, como garantía del pago de una deuda, si el valor de esos servicios, computado razonablemente, no se destina a la liquidación de la deuda o si la duración de esos servicios no está limitada y definida.
TITULO II
HECHOS PUNIBLES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
CAPITULO I
HECHOS PUNIBLES
Art√≠culo 5¬į.- TIPIFICACION DE LA TRATA DE PERSONAS.
1¬į El que, con el prop√≥sito de someter a otro a un r√©gimen de explotaci√≥n sexual; captare, transportare, trasladare, acogiere o recibiere a la v√≠ctima directa, ser√° sancionado con pena privativa de libertad de hasta ocho a√Īos.
2¬į El que, con el prop√≥sito de someter a otro a un r√©gimen de servidumbre, matrimonio servil, trabajo o servicio forzado, esclavitud o cualquier pr√°ctica an√°loga a la esclavitud; captare, transportare, trasladare, acogiere o recibiere a la v√≠ctima directa, ser√° sancionado con pena privativa de libertad de hasta ocho a√Īos.
3¬į El que, con el prop√≥sito de someter a otro a la extracci√≥n il√≠cita de sus √≥rganos o tejidos; captare, transportare, trasladare, acogiere o recibiere a la v√≠ctima directa, ser√° sancionado con pena privativa de libertad de hasta ocho a√Īos.
Art√≠culo 6¬į.- CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES.
En los casos del art√≠culo anterior, se aplicar√° la pena privativa de libertad de dos a quince a√Īos cuando:
1. la v√≠ctima directa tuviere entre catorce y diecisiete a√Īos de edad inclusive;
2. el autor hubiere recurrido a la amenaza o al uso de la fuerza, coacci√≥n, rapto, fraude, enga√Īo, abuso de poder o a la concesi√≥n de pagos o beneficios a una persona que tenga autoridad sobre la v√≠ctima directa;
3. el autor fuere funcionario p√ļblico o cometiere el hecho en abuso de una funci√≥n p√ļblica; o,
4. a efecto de la trata de personas, se trasladare a la víctima directa del territorio del Paraguay a un territorio extranjero, o de este al territorio nacional.
Art√≠culo 7¬į.- CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES ESPECIALES.
En los casos del Art√≠culo 5¬į de la presente Ley, la sanci√≥n del art√≠culo anterior podr√° ser aumentada hasta veinte a√Īos de pena privativa de libertad, si:
1. concurrieren m√°s de un agravante del Art√≠culo 8¬į de la presente Ley; 
2. el autor fuere pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o por adopci√≥n, o segundo de afinidad, c√≥nyuge, exc√≥nyuge, concubino o exconcubino, persona conviviente, tutor, curador, encargado de la educaci√≥n o guarda de la v√≠ctima directa, ministro de un culto reconocido o no; 
3. la v√≠ctima directa fuere una persona de hasta trece a√Īos de edad inclusive;
4. como consecuencia de la trata de personas se ocasionare a la v√≠ctima alg√ļn resultado descripto en el Art√≠culo 112 del C√≥digo Penal;
5. el autor y/o partícipe actuare como miembro, empleado o responsable de una empresa de transporte comercial; de bolsas de trabajo, agencias de publicidad o modelaje, institutos de investigación científica o centros de asistencia médica;
6. el autor y/o partícipe efectuare promociones, ofertas o subastas por publicaciones en medios masivos, medios restringidos o redes informáticas;
 7. el autor actuare comercialmente, de conformidad al Art√≠culo 14, inciso 1¬į, numeral 15 del C√≥digo Penal; u,
8. el autor actuare como miembro de una banda organizada para la realización continuada de la trata de personas.
Art√≠culo 8¬į.- OBTENCION DE BENEFICIOS POR LA TRATA.
El que sin realizar las conductas previamente descriptas, obtuviere alg√ļn tipo de provecho econ√≥mico de los servicios, el trabajo o la extracci√≥n de √≥rganos de una v√≠ctima directa de alguno de los hechos previstos en el Art√≠culo 5¬į de la presente Ley, ser√° castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco a√Īos.
Art√≠culo 9¬į.- NEGACION DE DOCUMENTACION PERSONAL.
El que obtuviere, adquiriera, destruyere, ocultare, removiere, confiscare, retuviere, modificare, adulterare, duplicare, tuviere en su posesi√≥n o utilizare fraudulentamente el documento de viaje o de identidad de otra persona, con el prop√≥sito de facilitar la comisi√≥n de los hechos se√Īalados en el Art√≠culo 5¬į de la presente Ley, ser√° sancionado con pena privativa de libertad de hasta cinco a√Īos.
Artículo 10.- OCULTAMIENTO DE PARADERO.
El que ocultare a las autoridades nacionales datos sobre el paradero de una v√≠ctima directa de un hecho punible previsto en el Art√≠culo 5¬į de la presente Ley o en peligro de ser v√≠ctima directa de estos hechos, ser√° sancionado con pena privativa de libertad de hasta cinco a√Īos.
Artículo 11.- INTERVENCION INDIRECTA.
El que a sabiendas facilitare inmuebles, instrumentos, o medios de transporte para la comisi√≥n de los hechos punibles previstos en el Art√≠culo 5¬į de la presente Ley, ser√° sancionado con pena privativa de libertad de hasta cinco a√Īos.
Artículo 12.- LAVADO DE DINERO.
Ser√°n aplicables las disposiciones del Art√≠culo 196 del C√≥digo Penal, modificado por la Ley N¬į 3440/08 ‚ÄúQUE MODIFICA VARIAS DISPOSICIONES DE LA LEY N¬į 1160/97, CODIGO PENAL‚ÄĚ, respecto al ocultamiento de objetos provenientes de hechos punibles, previsto en la presente Ley.
Artículo 13.- REVELACION DE IDENTIDAD.
Toda persona que, sin la debida autorizaci√≥n, revele a otra persona informaci√≥n adquirida en el curso de sus funciones oficiales y que permita o d√© lugar a la identificaci√≥n de una v√≠ctima o un testigo o ambas de la trata de personas, ser√° castigada con pena privativa de libertad de hasta tres a√Īos o multa.
Artículo 14.- NO PUNIBILIDAD.
Las v√≠ctimas de la trata de personas no son punibles por la comisi√≥n de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata. 
Tampoco les serán aplicables las sanciones o impedimentos establecidos en la legislación migratoria cuando las infracciones sean consecuencia de la actividad desplegada durante la comisión del ilícito que las damnificare.
Artículo 15.- CONCURSO DE HECHOS PUNIBLES.
1¬į Cualquiera otra transgresi√≥n al orden jur√≠dico penal, a trav√©s de una conducta, modalidad o resultado distinto ser√° interpretada como concurso de hechos punibles y consecuente aplicaci√≥n de las reglas del Art√≠culo 70 del C√≥digo Penal, salvo que su descripci√≥n se halle agotada en la presente Ley.
2¬į Se aplicar√°n, salvo expresa disposici√≥n de la presente Ley, las reglas del Art√≠culo 4¬į del C√≥digo Penal.
CAPITULO II
SANCIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 16. PENA PATRIMONIAL Y COMISO ESPECIAL EXTENSIVO.
Además de la pena principal, a los participantes en cualquiera de los hechos punibles previstos en el capítulo anterior, se les impondrán las sanciones previstas en los Artículos 57 y 94 del Código Penal.
CAPITULO III
RESPONSABILIDAD CIVIL EMERGENTE
Artículo 17.- INDEMNIZACION PARA LAS VICTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS.
En caso de condena por un hecho punible previsto en la presente Ley, a pedido de parte el tribunal podrá fijar una indemnización a la víctima, a cargo del condenado. Se dará prioridad a la indemnización sobre cualquier otra sanción pecuniaria.
Artículo 18.- OBJETO DE LA INDEMNIZACION.
El objetivo de la indemnizaci√≥n ser√° ofrecer a la v√≠ctima compensaci√≥n por lesiones, p√©rdidas o da√Īos causados por el hecho punible. 
La indemnización debe incluir el pago total o en parte de:
1. el costo del tratamiento médico, físico, psicológico o psiquiátrico requerido por la víctima;
2. el costo de la terapia o rehabilitación física u ocupacional requerida por la víctima;
3. los gastos necesarios de transporte, cuidado temporal de ni√Īos, vivienda temporal o desplazamientos de la v√≠ctima a un lugar de residencia provisional segura;
4. el lucro cesante y el sueldo debido de conformidad con la Ley y los reglamentos nacionales relativos a los sueldos;
5. las costas judiciales y otros gastos o costos, incluidos los gastos incurridos en relación con la participación de la víctima en la investigación penal y el proceso judicial;
6. los pagos por da√Īos no materiales, resultantes de lesiones morales, f√≠sicas o psicol√≥gicas, el estr√©s emocional, el dolor y el sufrimiento de la v√≠ctima como resultado del delito cometido contra ella; y,
 7. cualquier otro gasto o p√©rdida incurrido por la v√≠ctima como resultado directo de haber sido objeto de trata y determinado debidamente por el tribunal.
Artículo 19.- AUSENCIA DE LA VICTIMA.
La situación de inmigración o el regreso de la víctima a su país de origen, u otra ausencia de la víctima de la jurisdicción, no impedirán al tribunal ordenar el pago de la indemnización.
Artículo 20.- DE LA INDEMNIZACION.
Cuando un funcionario p√ļblico sea condenado por acciones que constituyen un delito en virtud de la presente Ley y las mismas hubieran sido realizadas en el cumplimiento real o aparente de sus funciones, el tribunal podr√° ordenar el pago de una indemnizaci√≥n por parte del Estado, en los t√©rminos establecidos en el Art√≠culo 106 de la Constituci√≥n Nacional.
Artículo 21.- FIJACION DE LA INDEMNIZACION.
Para fijar la indemnizaci√≥n, el tribunal tendr√° en cuenta la gravedad de los da√Īos causados a la v√≠ctima y las secuelas que el delito haya dejado en ella.
Artículo 22.- BENEFICIOS DE LITIGAR SIN GASTOS.
Las v√≠ctimas de los hechos punibles descriptos en la presente ley, en los casos que el tribunal no ordene el pago de indemnizaci√≥n, o tuvieren acci√≥n contra terceros no condenados, podr√°n entablar las demandas de indemnizaci√≥n correspondiente, bajo el amparo del beneficio de litigar sin gastos, sin necesidad de acreditar ning√ļn otro requisito. Pudiendo renunciar en forma expresa a dicho beneficio. El Estado velar√° por el ejercicio de este derecho, a trav√©s de sus √≥rganos.
Este beneficio le ampara asimismo en los procedimientos de ejecución de la indemnización.
CAPITULO IV
MEDIOS DE INVESTIGACION ESPECIAL
Artículo 23.- OPERACIONES ENCUBIERTAS.
En las investigaciones de los hechos punibles previstos en esta Ley, se podrán emplear como medio de investigación, aquellos que posibiliten mantener la confidencialidad de las operaciones de las personas que intervengan en ellas, la omisión de impedir la comisión de un hecho punible, y asimismo, el concurso de agentes encubiertos, quienes pueden asumir transitoriamente identidades y papeles ficticios, con la finalidad de evitar la comisión de estos hechos punibles sancionada en la presente ley. Se podrán acumular elementos probatorios, identificar a los organizadores, captadores, transportadores, receptadores y demás partícipes de la trata de personas, sea en el país o en el extranjero, o de aprehenderlos y someterlos a la justicia.
Artículo 24.- REQUISITOS.
A solicitud del Ministerio P√ļblico, el juez competente podr√° autorizar por tiempo determinado que se realicen operaciones encubiertas respecto de actos preparatorios, de ejecuci√≥n o consumados, de alguno de los hechos punibles sancionados en esta Ley y hechos punibles conexos.
La solicitud ser√° acompa√Īada de:
1. los antecedentes que permitan presumir que la investigación encubierta solicitada facilitará el propósito expresado en el artículo anterior, y que el sistema ordinario de investigación probablemente no lo logrará;
2. un informe detallado de los medios técnicos de investigación y de recolección de evidencias que se pretendan utilizar en el operativo;
3. los lugares en que el operativo se desarrollar√°;
4. la identidad y funciones de las personas que intervendr√°n en el operativo; y,
5. la identidad, si se conoce, de las personas presuntamente vinculadas con la comisión del ilícito.
El juez podrá requerir al solicitante elementos de juicio adicionales que respalden la solicitud. En las operaciones encubiertas, el Fiscal y los agentes autorizados no participarán en actividades que no estén estrecha y directamente vinculadas con cada investigación específica.
Artículo 25.- RESTRICCIONES.
Todos los que autoricen, controlen o intervengan en operaciones encubiertas deberán guardar estricta reserva sobre ellas y estarán obligados a respetar los derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional, Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales aprobados y ratificados y la Ley.
Artículo 26.- CESE DE LA OPERACION.
El juez competente podrá decretar en cualquier momento la cesación de las operaciones encubiertas o del procedimiento de entrega vigilada, la detención de los partícipes en el hecho ilícito y la incautación de las sustancias y de los instrumentos del delito, si a su criterio:
1. la operaci√≥n pone en serio peligro la vida o la integridad f√≠sica de alg√ļn agente encubierto de otras personas ajenas al il√≠cito;
2. la operación obstaculiza o impide la comprobación de los ilícitos investigados;
3. la operación facilita a los partícipes eludir la acción de la justicia;
4. la operación se desvía de su finalidad o evidencia en sus ejecutores abusos, negligencia, imprudencia o impericia;
5. han cambiado o desaparecido los presupuestos de hecho que sustenten la conveniencia de seguir aplicando la modalidad de las operaciones encubiertas;
6. la operaci√≥n viola alg√ļn precepto constitucional.
Art√≠culo 27. AGENTES ENCUBIERTOS. 
1¬į Son agentes encubiertos los que sean designados por el Ministerio P√ļblico de los cuadros de la Polic√≠a Nacional o en operaciones conjuntas los Agentes Especiales que el Ministerio P√ļblico designe y que acepten voluntariamente participar en operaciones encubiertas espec√≠ficas autorizadas judicialmente, con conocimiento y consentimiento escrito del juez autorizante de cada operativo, y que para el cumplimiento de su cometido act√ļen de modo secreto o bajo identidad falsa. Terminado su cometido, los agentes encubiertos reasumir√°n de pleno derecho su condici√≥n y funci√≥n de agentes especiales o miembros de la Polic√≠a Nacional.
2¬į Estar√° exento de responsabilidad penal y civil, el agente encubierto por actividades il√≠citas necesarias para el cumplimiento de su cometido siempre que re√ļnan las siguientes caracter√≠sticas:
1. que su actuación cuente previamente con la aprobación y se realice bajo la permanente dirección y control de sus superiores y con conocimiento, consentimiento escrito y seguimiento permanente del juez competente;
2. que cada actividad ilícita esté puntualmente aprobada por sus superiores y sea necesaria para el éxito de los operativos autorizados y no pueda ser llevada por métodos normales;
 3. que el agente encubierto sea de la m√°xima integridad moral, altamente capacitado y de probada idoneidad;
4. que el agente encubierto informe a sus superiores y al juez competente autorizante sobre los actos y diligencias que realice y el resultado de los mismos;
5. que sus actividades no estén orientadas a ocultar, destruir o alterar evidencias, encubrir fallas en el operativo o en la actuación de sus superiores u otros agentes o informantes;
6. que sus actividades no estén orientadas al lucro o beneficio personal del agente encubierto o de terceros, y que no consistan en hechos punibles contra la vida, contra la integridad física, contra la autonomía sexual, contra menores, contra el honor y reputación, contra la seguridad de las personas en el tránsito, contra la seguridad de convivencia de las personas, contra la prueba testimonial, contra el erario, contra el Estado -con excepción del cohecho y el soborno- y contra los pueblos.
3¬į Tambi√©n estar√°n exentas de responsabilidad penal y civil, las autoridades que, dentro del marco que determina esta Ley, permitan, autoricen, ordenen o dirijan esas actividades il√≠citas de los agentes encubiertos.
4¬į Los que hubieren actuado como agentes encubiertos y sus familiares gozar√°n de especiales medidas de protecci√≥n y seguridad, incluyendo el uso de nueva identidad, si fuere necesario.
Artículo 28. INFORMANTES.
Serán informantes las personas que con o sin el incentivo de una remuneración, suministren información sobre la preparación, ejecución o consumación de hechos punibles castigados por disposiciones de esta Ley y sobre las personas, organizaciones y entidades que de una u otra forma participen en ellos.
Se podr√° utilizar el concurso de informantes siempre que considere que brinden informaci√≥n fidedigna, que mantengan en secreto sus actividades y que los datos aportados por ellos sean puestos en conocimiento del Ministerio P√ļblico y del Juzgado competente.
Con autorización previa, expresa y fundada del juez competente podrán ser informantes los imputados y procesados.
Los informantes en ning√ļn caso ser√°n considerados empleados o funcionarios p√ļblicos, pudiendo prescindirse de su colaboraci√≥n en cualquier momento y sin necesidad de comunicaci√≥n escrita ni expresi√≥n de causa.
Artículo 29. ARREPENTIDOS.
Las penas previstas en esta Ley serán disminuidas de la mitad a la cuarta parte si el procesado, diere información que permita el descubrimiento de organizaciones de tratantes, el rescate de víctimas del hecho punible o la condena de los responsables principales de estas organizaciones.
TITULO III
PROTECCION Y ASISTENCIA A VICTIMAS Y TESTIGOS DE LA TRATA DE PERSONAS
Artículo 30.- DE LA IDENTIFICACION DE LAS VICTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS.
La Mesa Interinstitucional para la Prevenci√≥n y el Combate a la Trata de Personas conformada de acuerdo a lo establecido en el Art√≠culo 44 y concordante de la presente Ley elaborar√° y aprobar√° las directrices y procedimientos nacionales para la identificaci√≥n de las v√≠ctimas de trata de personas. Los funcionarios y profesionales que entren en contacto con posibles v√≠ctimas de trata de personas, deber√°n tener conocimientos de dichas directrices y procedimientos y aplicarlos, tanto para la identificaci√≥n como para la remisi√≥n inmediata de las v√≠ctimas identificadas a los √≥rganos de acreditaci√≥n de la condici√≥n de victimas de trata de personas. La Unidad Fiscal Especializada del Ministerio P√ļblico para la investigaci√≥n de los casos de las v√≠ctimas de la trata de personas, ser√° responsable de expedir la certificaci√≥n que acredite a las v√≠ctimas como tales y las habilite para el acceso a los derechos, beneficios y servicios establecidos en la presente Ley.
Para la certificación de la condición de víctima de trata de personas, será suficiente que existan motivos razonables para creer que una persona es o fue víctima de trata de personas conforme a los procedimientos y directrices establecidos, sin condicionar dicha acreditación en forma exclusiva a la existencia de denuncia o proceso penal.
En ning√ļn caso la certificaci√≥n de la condici√≥n de v√≠ctima de trata de personas, se entender√° como inscripci√≥n de las v√≠ctimas en un registro especial, o la obligaci√≥n de las mismas de poseer un documento especial que las identifique o de cumplir alg√ļn requisito con fines de vigilancia o notificaci√≥n.
La Mesa Interinstitucional para la Prevención y el Combate a la Trata de Personas elaborará y distribuirá a los profesionales y funcionarios que puedan entrar en contacto con posibles víctimas, información y materiales relativos a la trata de personas que faciliten la identificación de las mismas.
Artículo 31. DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS.
Las víctimas de la trata de personas tienen derecho a:
 1. recibir informaci√≥n sobre sus derechos en un idioma que comprendan, y en forma accesible a su edad y madurez; 
2. recibir alojamiento apropiado, manutenci√≥n y alimentaci√≥n suficiente; 
3. contar con asistencia psicológica, médica y jurídica gratuita;
4.  prestar testimonio en condiciones especiales de protecci√≥n y cuidado; 
5. la protección frente a toda posible represalia contra su persona o su familia;
6. la adopción de las medidas necesarias para garantizar su integridad física y psicológica;
 7. ser informadas del estado de las actuaciones, de las medidas adoptadas y de la evoluci√≥n del proceso;
 8. ser o√≠das en todas las etapas del proceso;
9. la protección de su identidad e intimidad. Los funcionarios intervinientes deberán preservar la reserva de la identidad de aquellas;
10. retornar al país en condiciones de dignidad y seguridad, incluyendo la facilitación del retorno al lugar en el que estuviere asentado su domicilio;
11. permanecer en el país, de conformidad con la legislación vigente, recibiendo la documentación o constancia que acredite tal circunstancia; y,
12. acceder de manera voluntaria y gratuita a los recursos de asistencia.
Artículo 32.- DE LA PROTECCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS.
Con el objeto de proteger y asistir a las v√≠ctimas de trata de personas, la Pol√≠tica Nacional para la Prevenci√≥n y el Combate a la Trata de Personas incluir√° el dise√Īo y ejecuci√≥n de programas de asistencia encaminados a la recuperaci√≥n f√≠sica, psicol√≥gica y social, de dichas v√≠ctimas, fundamentados en la protecci√≥n de sus Derechos Humanos. Estos programas ser√°n ejecutados a trav√©s de las Instituciones y Organizaciones que integran la Mesa Interinstitucional para la Prevenci√≥n y el Combate a la Trata de Personas, garantizando la protecci√≥n de la intimidad y la identidad de las v√≠ctimas. Se incluir√°n como m√≠nimo:
1. Programas de asistencia inmediata.
2. Programas de asistencia mediata. 
3. Asistencia a víctimas de nacionalidad paraguaya en el extranjero.
Art√≠culo 33.- DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA INMEDIATA. 
1¬į Los programas de asistencia inmediata deber√°n satisfacer, por lo menos, las siguientes necesidades: 
1. Retorno de las víctimas a su lugar de origen si estas lo solicitan;
2. Servicios de traducción e interpretación, si procede;
3. Seguridad y asistencia material b√°sica;
4. Alojamiento seguro y adecuado; 
5. Cuidados de salud y tratamiento médico necesario, incluso, cuando proceda, examen confidencial, gratuito y opcional del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual;
6. Asistencia psicológica de carácter confidencial y con pleno respeto de la intimidad y en un idioma que la víctima comprenda;
7. Información y asesoría jurídica respecto a los derechos y procedimientos legales a seguir; y,
8. Asistencia jurídica gratuita.
2¬į En la medida de lo posible, se prestar√° asistencia a los familiares acompa√Īantes o personas a cargo de la v√≠ctima, considerados v√≠ctimas secundarias conforme a la acreditaci√≥n realizada por las instancias pertinentes de acuerdo con esta Ley.
3¬į Las v√≠ctimas de la trata de personas no ser√°n mantenidas en centros de detenci√≥n como resultado de su situaci√≥n de v√≠ctimas o su situaci√≥n de inmigraci√≥n. En ning√ļn caso, se alojar√° a las v√≠ctimas de la trata de personas en c√°rceles, establecimientos penitenciarios, policiales o destinados al alojamiento de personas detenidas, procesadas o condenadas.
4¬į Todos los servicios de asistencia se prestar√°n de manera consensual y fundamentada, y teniendo debidamente en cuenta las necesidades especiales de los ni√Īos y otras personas en situaci√≥n vulnerable.
Estas prestaciones serán objeto de reglamentación por parte de la Mesa Interinstitucional para la Prevención y el Combate a la Trata de Personas.
Artículo 34. DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA MEDIATA.
1¬į Los programas de asistencia mediata deber√°n abordar por lo menos los siguientes aspectos: 
1. capacitaci√≥n y ayuda en la b√ļsqueda de oportunidades de empleo;
 2. acompa√Īamiento jur√≠dico durante todo el proceso legal, en especial en el ejercicio de las acciones judiciales para exigir la reparaci√≥n de los da√Īos que han sufrido las v√≠ctimas;
 3. acceso a tratamiento m√©dico y psicol√≥gico de larga duraci√≥n; y,
4. apoyo para reinserción familiar, social y comunitaria.
2¬į Estas prestaciones ser√°n objeto de reglamentaci√≥n por parte de la Mesa Interinstitucional para la Prevenci√≥n y el Combate a la Trata de Personas.
Artículo 35.- DE LA ASISTENCIA A VICTIMAS DE NACIONALIDAD PARAGUAYA EN EL EXTRANJERO.
En cada Consulado y Embajadas de la Rep√ļblica del Paraguay en el exterior, se deber√° ofrecer la debida informaci√≥n y tomar medidas temporales para garantizar la seguridad de las v√≠ctimas de trata de personas de nacionalidad paraguaya, salvaguardar su dignidad e integridad personal y apoyarlas en las gestiones que deban realizar ante las autoridades del pa√≠s extranjero.
Los Consulados y Embajadas procurarán además, incentivar el análisis del tema y la sensibilización a los medios de comunicación y a las autoridades extranjeras frente a la situación de sus víctimas.
Art√≠culo 36. DE LOS NI√ĎOS, NI√ĎAS Y ADOLESCENTES VICTIMAS.
1¬į En el caso de v√≠ctimas ni√Īos, ni√Īas y adolescentes, adem√°s de los derechos precedentemente enunciados, se garantizar√° que los procedimientos reconozcan sus necesidades y derechos espec√≠ficos. 
Las medidas de protecci√≥n de derechos aplicables no podr√°n restringir sus derechos y garant√≠as, ni implicar privaci√≥n de su libertad. 
Se procurará la reintegración a su familia nuclear o ampliada o a su comunidad, cuando sea pertinente.
Adem√°s de cualquier otra garant√≠a dispuesta en la presente Ley, los ni√Īos, ni√Īas y adolescentes v√≠ctimas, deben recibir cuidados y atenci√≥n especiales. En caso de que existan dudas acerca de la edad de la v√≠ctima y cuando haya razones para creer que la v√≠ctima es un ni√Īo, ni√Īa o adolescente, se le considerar√° como tal y se le conceder√°n medidas de protecci√≥n espec√≠ficas a la espera de la determinaci√≥n de su edad.
2¬į La asistencia a los ni√Īos, ni√Īas y adolescentes v√≠ctimas estar√° a cargo de profesionales especializados y se realizar√° de conformidad con sus necesidades especiales, en particular en lo que respecta a alojamiento adecuado, la educaci√≥n y los cuidados.
3¬į Si la v√≠ctima es un ni√Īo, ni√Īa o adolescente no acompa√Īado, el Juzgado de la Ni√Īez y la Adolescencia a pedido del Defensor del Ni√Īo, Ni√Īa y Adolescente, designar√° a un tutor para que represente sus intereses.
4¬į La Secretar√≠a Nacional de la Ni√Īez y la Adolescencia y la Jurisdicci√≥n Especializada de la Ni√Īez y la Adolescencia tomar√°n todas las medidas necesarias para determinar la identidad y nacionalidad de la v√≠ctima ni√Īo, ni√Īa o adolescente cuando sea necesario y har√°n todo lo posible por localizar a la familia del ni√Īo, ni√Īa o adolescente v√≠ctima, cuando ello favorezca su inter√©s superior.
5¬į Para la reinserci√≥n del ni√Īo, ni√Īa o adolescente v√≠ctima a su familia, se deber√° verificar y acreditar previamente que los tratantes no pertenezcan a su n√ļcleo familiar y garantizar que dichas v√≠ctimas recibir√°n condiciones de seguridad y atenci√≥n en sus familias.
6¬į En el caso de ni√Īos, ni√Īas y adolescentes v√≠ctimas o testigos, las entrevistas, los ex√°menes y otros tipos de investigaciones estar√°n a cargo de profesionales especializados, y se realizar√°n en un entorno adecuado y en un idioma que el ni√Īo, ni√Īa o adolescente utilice y comprenda y en presencia de sus padres, su tutor legal o una persona de apoyo.
En el caso de los ni√Īos, ni√Īas y adolescentes v√≠ctimas y testigos, las actuaciones judiciales se realizar√°n en audiencia privada, sin la presencia de los medios de comunicaci√≥n. 
Se evitar√° la presencia del procesado durante los testimonios de ni√Īos, ni√Īas o adolescentes v√≠ctimas y testigos ante los tribunales.
Artículo 37.- DEL SUMINISTRO DE INFORMACION A LAS VICTIMAS.
1¬į Desde su primer contacto con el proceso de justicia, y a lo largo de todo ese proceso, la fiscal√≠a informar√° a las v√≠ctimas lo siguiente:
1. el grado y la naturaleza de los servicios y beneficios disponibles, la posibilidad de recibir asistencia de organizaciones no gubernamentales y otros organismos de ayuda a las víctimas, y la forma como se puede obtener esa asistencia;
2. las diferentes etapas de los procedimientos judiciales y administrativos y la función y posición de la víctima en ellos;
3. las posibilidades de acceso gratuito a servicios de asesoría jurídica;
4. la disponibilidad de protección para las víctimas, los testigos y sus familias, cuando han sido objeto de amenazas o intimidación;
5. sus derechos en cuanto a la intimidad y confidencialidad;
6. el derecho a ser informada de la situación y los progresos de las actuaciones judiciales;
7. las acciones jurídicas disponibles, incluida la solicitud de restitución e indemnización en procedimientos civiles y penales;
8. la posibilidad de obtener la residencia temporal o permanente, incluida la posibilidad de solicitar asilo o residencia por razones humanitarias o de compasión;
9. la informaci√≥n se proporcionar√° a los ni√Īos, ni√Īas y adolescentes v√≠ctimas en presencia de su representante legal, salvo que este estuviere involucrado en el delito. Dicha informaci√≥n deber√° proporcionarse en un idioma que utilice y comprenda el ni√Īo, ni√Īa o adolescente v√≠ctima y de la manera en que este la pueda entender.
Artículo 38.- DE LA INCLUSION EN PROGRAMAS DE PROTECCION A TESTIGOS Y VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS.
1¬į En los casos que lo ameriten, previa evaluaci√≥n del riesgo por parte de la Fiscal√≠a, se brindar√° protecci√≥n integral a testigos y v√≠ctimas de la trata de personas, durante todo el proceso penal o mientras subsisten los factores de riesgo que lo justifiquen. 
La fiscalía tomará todas las medidas apropiadas para velar por que los testigos o víctimas de la trata de personas, reciban protección adecuada si su seguridad está en peligro, incluidas medidas para protegerlos de la intimidación y las represalias de los tratantes y sus asociados, durante todo el proceso penal o mientras subsisten los factores de riesgo que lo justifiquen.
Cuando sea necesario se podrán tomar todas las medidas necesarias para reubicar a la víctima o testigo. Este procedimiento determinará la Fiscalía para salvaguardar la integridad física de la víctima o testigo, a pedido o en su caso con consentimiento de la misma.
2¬į Las v√≠ctimas y los testigos de la trata de personas tendr√°n acceso a todos los programas o medidas de protecci√≥n de testigos existentes. En los casos que amerite conforme a la evaluaci√≥n de riesgos de la Fiscal√≠a, se incluir√° en esta atenci√≥n a las v√≠ctimas secundarias.
Artículo 39. DEL ACCESO A LA JUSTICIA DE VICTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS.
1¬į El juez puede disponer, previa petici√≥n, o cuando determine que es necesaria para la actuaci√≥n de la justicia y sin perjuicio de los derechos del imputado, que:
1. las actuaciones judiciales se realicen en privado, sin p√ļblico ni medios de informaci√≥n;
2. las transcripciones de las actuaciones se archiven selladas, y puedan accederse solo por orden judicial, a excepción del imputado o su Abogado defensor;
3. el testimonio de una v√≠ctima o un testigo se preste mediante un enlace de v√≠deo o el uso de cualquier otra tecnolog√≠a de las comunicaciones, detr√°s de una pantalla opaca u otros medios que impidan el contacto visual con el imputado, no as√≠ del Abogado defensor; 
4. la víctima o el testigo utilicen seudónimo; y,
5. la declaración de la víctima o testigo pueda ser realizada por la vía del Anticipo Jurisdiccional de Prueba en las condiciones establecidas en el Código Procesal Penal.
2¬į En estos procesos, no ser√°n admisibles las pruebas para demostrar que la supuesta v√≠ctima participaba en otras actividades sexuales o la supuesta predisposici√≥n sexual de la v√≠ctima de trata de personas.
3¬į La v√≠ctima tendr√° la oportunidad de presentar sus opiniones, necesidades, intereses y preocupaciones para que se las tengan en cuenta en cualquier etapa de los procedimientos judiciales o administrativos relacionados con la trata de personas, ya sea en forma directa o a trav√©s de su representante, sin perjuicio de los derechos de defensa.
4¬į Al procesamiento, registro y utilizaci√≥n de los datos personales relativos a las v√≠ctimas de la trata de personas, se aplicar√°n las normas que protegen los datos personales y de conformidad con las mismas, se establecer√° un protocolo para el intercambio de informaci√≥n entre √≥rganos competentes para la identificaci√≥n y atenci√≥n a las v√≠ctimas de trata de personas, as√≠ como para la investigaci√≥n de los delitos de trata. Todo esto respetando la necesidad de proteger la intimidad y seguridad de las v√≠ctimas. 
No se divulgar√° p√ļblicamente ni se publicar√° el nombre, la direcci√≥n y otros datos de las v√≠ctimas de trata de personas.
Artículo 40.- DEL PERMISO DE PERMANENCIA DURANTE EL PERIODO DE RECUPERACION Y REFLEXION.
1¬į Una vez que se haya llegado a la conclusi√≥n por motivos razonables de que una persona es una v√≠ctima de la trata de personas, la Fiscal√≠a presentar√° una petici√≥n por escrito a la Direcci√≥n General de Migraciones para que se conceda a la v√≠ctima un permiso de permanencia en el pa√≠s que coincidir√° con el per√≠odo de recuperaci√≥n y reflexi√≥n y que durar√° por lo menos noventa d√≠as, a fin de que esta pueda adoptar una decisi√≥n fundamentada acerca de su cooperaci√≥n con las autoridades competentes.
2¬į Esta petici√≥n puede ser presentada por la propia v√≠ctima por s√≠ o por sus representantes legales.
3¬į La Direcci√≥n General de Migraciones deber√° expedirse en un plazo no mayor de cinco d√≠as, contado a partir de la presentaci√≥n de la solicitud.
4¬į Hasta que la Direcci√≥n General de Migraciones decida el permiso de permanencia de la v√≠ctima de la trata de personas, esta no ser√° deportada del territorio de la Rep√ļblica y podr√° reclamar los derechos, las prestaciones, los servicios y las medidas de protecci√≥n correspondientes a las v√≠ctimas de trata de personas existentes en el pa√≠s.
5¬į Si ya se hubiera iniciado el proceso de deportaci√≥n, este se suspender√°, y si ya se hubiera emitido una orden de deportaci√≥n, se suspender√° su ejecuci√≥n.
Artículo 41.- DEL PERMISO DE RESIDENCIA TEMPORARIA O PERMANENTE.

1¬į A petici√≥n de la v√≠ctima, la Direcci√≥n General de Migraciones, podr√° emitir el permiso de residencia temporaria renovable para la v√≠ctima y las personas a su cargo que la acompa√Īen, por un per√≠odo de seis meses.
2¬į Sobre la base del permiso de residencia temporaria o permanente la v√≠ctima y las personas a su cargo que la acompa√Īen tendr√°n derecho a las medidas de asistencia, las prestaciones, los servicios y la protecci√≥n establecidos para las v√≠ctimas de trata de personas en el pa√≠s.
3¬į La v√≠ctima podr√° solicitar la condici√≥n de refugiada o de residente permanente para s√≠ y para las personas a su cargo que la acompa√Īen, por motivos humanitarios.
4¬į La falta de un pasaporte v√°lido, otros documentos de identidad, o el incumplimiento de alg√ļn requisito establecido para la solicitud de residencia temporaria o permanente como consecuencia de la trata de personas que afect√≥ a la v√≠ctima o a su acompa√Īante, no ser√° motivo para denegarle la condici√≥n de residente temporario o permanente.
Artículo 42.- DE LA REPATRIACION DE LAS VICTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS AL PARAGUAY.
1¬į La Secretar√≠a de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales facilitar√° y aceptar√° la repatriaci√≥n de una v√≠ctima de la trata de personas que sea nacional del Paraguay o que tuviere el derecho de residencia permanente en el Paraguay en el momento en que fue objeto de trata de personas, sin demoras indebidas o injustificadas y teniendo debidamente en cuenta sus derechos y su seguridad.
2¬į Si la v√≠ctima carece de documentaci√≥n apropiada la autoridad competente, a petici√≥n de la v√≠ctima o de las autoridades competentes del Estado al que fue trasladada la persona objeto de trata, emitir√° los documentos de viaje u otras autorizaciones que sean necesarias para que la persona pueda viajar al territorio del Paraguay y reingresar en √©l.
3¬į Cuando se repatr√≠e a una v√≠ctima de la trata de personas a Paraguay, no quedar√° constancia de ese hecho en los documentos de identidad de esa persona en relaci√≥n con su repatriaci√≥n ni con el hecho de que esa persona haya sido v√≠ctima de la trata, ni se almacenar√° en ninguna base de datos, informaci√≥n personal que pueda afectar a su derecho a salir del pa√≠s o a entrar en otro pa√≠s o que pueda tener cualquier otra consecuencia negativa.
4¬į El Gobierno Nacional implementar√°, a trav√©s de los √≥rganos pertinentes un programa de repatriaci√≥n para las v√≠ctimas de trata de personas que se encuentren en el exterior.
Artículo 43.- DE LA REPATRIACION DE LAS VICTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS A OTROS ESTADOS.
1¬į Cuando una v√≠ctima de la trata de personas que no es nacional del Paraguay solicite su repatriaci√≥n a su pa√≠s de origen o al pa√≠s en el que ten√≠a derecho de residencia permanente en el momento en que fue objeto de trata, la autoridad competente facilitar√° esa repatriaci√≥n, sin demoras indebidas y teniendo plenamente en cuenta sus derechos y su seguridad.
2¬į Cuando una v√≠ctima de la trata de personas que no es de nacionalidad paraguaya es repatriada al Estado del que es nacional o en el que ten√≠a derecho de residencia permanente cuando fue v√≠ctima de la trata, la autoridad competente velar√° porque esa repatriaci√≥n se realice teniendo debidamente en cuenta su seguridad, as√≠ como el estado de cualquier procedimiento legal relacionado con el hecho de que la persona es una v√≠ctima de la trata.
3¬į Toda decisi√≥n de repatriar a una v√≠ctima de la trata de personas a su pa√≠s se adoptar√° con arreglo al principio de no devoluci√≥n y de prohibici√≥n de tratos inhumanos o degradantes.
4¬į Cuando una v√≠ctima de la trata de personas alega con fundamento que la propia repatriaci√≥n o la de su familia a su pa√≠s de origen puede exponerlas a un riesgo para sus vidas, su salud o su libertad personal, la autoridad competente realizar√° una evaluaci√≥n del riesgo y de la seguridad antes de repatriar a la v√≠ctima.
5¬į Cuando se repatrie a una v√≠ctima o testigo de la trata de personas a su pa√≠s de origen, no se dejar√° constancia de ese hecho en los documentos de identidad de esa persona ni del hecho de que esa persona ha sido v√≠ctima de la trata, ni se almacenar√° en ninguna base de datos informaci√≥n personal que pueda afectar a su derecho a salir de su pa√≠s o entrar en otro pa√≠s o que pueda tener cualesquiera otras consecuencias negativas.
6¬į Los ni√Īos, ni√Īas y adolescentes v√≠ctimas o testigos no ser√°n repatriados a su pa√≠s de origen si existen motivos para creer que su repatriaci√≥n perjudicar√° sus intereses superiores, de conformidad con una evaluaci√≥n del riesgo y seguridad.
TITULO IV
ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
Artículo 44.- DEL ORGANO NACIONAL DE COORDINACION DE LA PREVENCION Y COMBATE DE LA TRATA DE PERSONAS.
Cr√©ase la Mesa Interinstitucional para la Prevenci√≥n y Combate de la Trata de Personas en la Rep√ļblica del Paraguay, denominada ‚ÄúLa Mesa Interinstitucional‚ÄĚ, cuya integraci√≥n y funciones se regir√°n por lo dispuesto en la presente Ley. 
La Mesa Interinstitucional ser√° el organismo consultivo del Gobierno Nacional en esta materia y el ente coordinador de las acciones que desarrolle el Estado paraguayo, a trav√©s de la Estrategia Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas. 
Artículo 45.- DE LA INTEGRACION DE LA MESA INTERINSTITUCIONAL.
La Mesa Interinstitucional estar√° integrada por dos representantes, uno en car√°cter de titular y otro de suplente de las siguientes instituciones:
a) Ministerio de Relaciones Exteriores;
b) Ministerio P√ļblico;
c) Corte Suprema de Justicia;
d) Ministerio del Interior;
e) Ministerio de Justicia y Trabajo;
f) Ministerio de Educación y Cultura;
g) Ministerio de Salud P√ļblica y Bienestar Social;
h) Ministerio de Industria y Comercio;
i) Ministerio de la Mujer;
j) Secretar√≠a Nacional de la Ni√Īez y la Adolescencia;
k) Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales;
l) Secretaría Nacional de Turismo;
m) Secretaría de Acción Social;
n) Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos;
√Ī) Direcci√≥n General de Migraciones; y,
o) De las Entidades Binacionales.
Los representantes designados e integrantes de la Mesa Interinstitucional gozarán de permanencia y capacidad de decisión, durante la duración de sus funciones cuyo período será determinado en el Reglamento Interno de la Mesa Interinstitucional.
La Mesa Interinstitucional podrá invitar a sus sesiones a cualquier otra entidad del Estado, personas jurídicas de derecho privado y organizaciones internacionales que tengan por objeto la lucha contra la trata de personas, o la protección de los Derechos Humanos de las víctimas y a particulares, cuya presencia sea conveniente para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 46.- DE SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES.
Ser√°n atribuciones de la Mesa Interinstitucional, las siguientes: 
a) Dise√Īar y aprobar las pol√≠ticas p√ļblicas del Estado y directrices de las acciones preventivas, sanci√≥n y combate a la trata de personas, as√≠ como de atenci√≥n a v√≠ctimas en especial de mujeres, ni√Īos y ni√Īas.
b) Fiscalizar la ejecución de la Política Nacional de Prevención y Combate de la Trata de Personas como también de los planes existentes en esta materia a nivel Departamental y Municipal.
c) Coordinar a las entidades del Estado y de los organismos privados que participen en la ejecución de la Estrategia Nacional, en relación con las acciones interinstitucionales que deban emprender.
d) Reglamentar el Fondo Nacional de Inversión en la Prevención y Atención a Víctimas de la Trata de Personas y fiscalizar su ejecución.
e) Participar de procesos de revisión de los acuerdos y convenios internacionales que haya suscrito Paraguay en materia de Derechos Humanos y los relacionados con la trata de personas para hacer seguimiento a su adecuado cumplimiento y recomendar la suscripción de acuerdos, convenios o tratados y otras gestiones que se requieran para fortalecer la cooperación internacional contra la trata de personas.
f) Realizar seguimiento y estudiar los efectos de las normas, programas y actividades de lucha contra la trata de personas en los Derechos Humanos, y recomendar medidas y acciones para su adecuación y mejoramiento.
g) Servir de órgano asesor y recomendar la realización de acciones, así como a la aprobación de normas y procedimientos, a las distintas dependencias o entidades del Estado en la lucha contra la trata de personas, en materia de su competencia.
h) Dise√Īar e implementar medidas, planes, campa√Īas, programas e iniciativas de informaci√≥n y sensibilizaci√≥n eficaces, estrat√©gicas, constantes y sistem√°ticas a nivel nacional y local, tomando en cuenta el g√©nero, la diversidad cultural y √©tnica, los factores de vulnerabilidad de cada departamento del pa√≠s, la edad, el nivel de instrucci√≥n, el idioma de los destinatarios de la informaci√≥n y la comunidad en que ella se brinde.
i) Impulsar el desarrollo de investigaciones tendientes a identificar los factores que facilitan y propician la trata de personas.
j) Impulsar la capacitación, actualización y especialización de los funcionarios y personas que trabajan en la prevención, sanción de la trata de personas y la protección de las víctimas, testigos y peritos.
k) Formular recomendaciones en materia de persecución criminal del delito de trata de personas y del fortalecimiento de la capacidad del Estado en este campo.
l) Crear el Sistema Nacional de Información sobre la Trata de Personas, el cual contendrá información actualizada sobre el hecho punible de Trata de Personas.
m) Fomentar la adopción de acuerdos bilaterales y multilaterales para la actuación internacional conjunta.
n) Dise√Īar su plan de acci√≥n.
√Ī) Dictar y aprobar su reglamento interno. 
Artículo 47.- DE SU ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.
El Ministerio de Relaciones Exteriores coordinará la Mesa Interinstitucional. Las acciones resueltas serán implementadas, a través de una Secretaría Operativa a cargo del Programa Nacional de Prevención y Combate de la Trata de Personas.
La Mesa Interinstitucional podrá integrar comisiones y grupos especializados en las distintas áreas, y crear Comisiones Departamentales y Municipales en los diferentes Departamentos y Municipios del país.
Los Ministerios y demás instituciones y organizaciones integrantes de la Mesa Interinstitucional están obligados a rendir informes de gestión anuales en los que incluirán un balance de las acciones realizadas en el campo de la prevención y combate de la trata de personas.
Artículo 48.- DE LA POLITICA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y COMBATE DE LA TRATA DE PERSONAS.
La Pol√≠tica Nacional para la Prevenci√≥n y Combate de la Trata de Personas ser√° dise√Īada, aprobada por la Mesa Interinstitucional y remitida a la Presidencia de la Rep√ļblica para su ratificaci√≥n, a trav√©s de Decreto Presidencial.
La Política Nacional será la base para la formulación de los planes departamentales y municipales ajustados a las necesidades de cada Departamento y Municipio del país.
La Mesa Interinstitucional dictará un reglamento modelo para las Comisiones Departamentales y Municipales, y habilitará la conformación de cada una de ellas.
Artículo 49.- DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION, COMBATE Y ATENCION A VICTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS.
Créase el Programa Nacional de Prevención, Combate y Atención a Víctimas de la Trata de Personas, como programa autónomo y especializado en la prevención y abordaje de la trata de personas.
El Programa Nacional de Prevención, Combate y Atención a Víctimas de la Trata de Personas, será responsable de la operatividad de las acciones referentes a la atención integral de las víctimas de la trata de personas, así como de otras acciones previstas en la Política Nacional de Prevención y Combate de la Trata de Personas, que a criterio de la Mesa Interinstitucional requieran ser ejecutadas a través de este programa.
El Programa Nacional de Prevenci√≥n, Combate y Atenci√≥n a V√≠ctimas de la Trata de Personas tendr√° a su cargo la Secretar√≠a Operativa de la Mesa Interinstitucional, y deber√° impulsar, acompa√Īar y fiscalizar la creaci√≥n y funcionamiento de las Comisiones Departamentales y Municipales y de sus respectivos planes y programas.
El Programa Nacional de Prevención, Combate y Atención a Víctimas de la Trata de Personas gestionará el Fondo Nacional de Inversión de Prevención y Atención a Víctimas de la Trata de Personas.
Artículo 50.- DE LA INVERSION EN LAS POLITICAS DE PREVENCION Y ATENCION A VICTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS.
Cr√©ase el Fondo Nacional de Inversi√≥n en la Prevenci√≥n y Atenci√≥n a V√≠ctimas de la Trata de Personas, que estar√° bajo gesti√≥n del Programa Nacional de Prevenci√≥n, Combate y Atenci√≥n a V√≠ctimas de la Trata de Personas, a fin de financiar las acciones p√ļblicas dirigidas a prevenir la trata de personas y garantizar la atenci√≥n integral de sus v√≠ctimas.
El Fondo Nacional de Inversi√≥n en la Prevenci√≥n y Atenci√≥n a V√≠ctimas de la Trata de Personas, ser√° incluido en la Ley de Presupuesto General de la Naci√≥n de cada a√Īo fiscal, pudiendo tener como fuente los fondos del tesoro, la cooperaci√≥n internacional y las donaciones de las Entidades Binacionales.
La Mesa Interinstitucional reglamentará el uso del Fondo Nacional de Inversión en la Prevención y Atención a Víctimas de la Trata de Personas, y controlará su ejecución.
TITULO V
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
Artículo 51.- En tanto sea creada una instancia especial para el efecto, el Programa Nacional de Prevención, Combate y Atención a Víctimas de la Trata de Personas dependerá del Ministerio de la Mujer.
Art√≠culo 52.- DEROGACIONES. 
Der√≥ganse los Art√≠culos 129b y 129c de la Ley N¬į 3440/08 ‚ÄúQUE MODIFICA VARIAS DISPOSICIONES DE LA LEY N¬į 1160/97, CODIGO PENAL‚ÄĚ; as√≠ como toda disposici√≥n normativa que contravenga en forma expresa las disposiciones de la presente Ley.
Artículo 53.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable C√°mara de Senadores, a seis d√≠as del mes de setiembre del a√Īo dos mil doce, quedando sancionado el mismo, por la Honorable C√°mara de Diputados, a diecisiete d√≠as del mes de octubre del a√Īo dos mil doce, de conformidad a lo dispuesto en el Art√≠culo 207 numeral 1) de la Constituci√≥n Nacional. 

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