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Artículo 1º.- La ablación de órganos y tejidos de personas con muerte cerebral confirmada, y de seres humanos vivos, para el trasplante de los mismos en otros seres humanos vivos, se rige por las disposiciones de esta ley.
Exceptúanse los tejidos y materiales anatómicos naturalmente renovables y separables del cuerpo humano.
Artículo 7º.- Las instituciones públicas o privadas de la salud que realicen tratamiento de trasplante, deberán informar mensualmente al Ministerio a través del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT) la nómina de los pacientes que se hallan en la lista de espera para ser trasplantados, sus condiciones y características, así como el listado de los trasplantes realizados, con el nombre de los beneficiarios .
Artículo 8º.- Los actos médicos contemplados en esta ley sólo podrán ser realizados en el ámbito de establecimientos médicos registrados por ante el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT). El Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT) será solidariamente responsable por los perjuicios que se deriven de la inscripción de establecimientos que no hubieren cumplido con los requisitos establecidos.
Artículo 9º.- La inscripción a que se refiere el artículo 8º tendrá validez por períodos no mayores de dos años. Su renovación sólo podrá efectuarse previa inspección del establecimiento por parte del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT), junto con un representante de la Sociedad Paraguaya de Trasplantes.
Artículo 11.- Los profesionales a que se refiere el artículo 3º, deberán informar a cada paciente, donante receptor, o a sus respectivos grupos familiares, de manera suficiente y clara, sobre los riesgos de la operación de ablación y trasplante, sus probables secuelas físicas o psíquicas, evolución y limitaciones resultantes.
En el supuesto de que el paciente receptor o el donante fuese un incapaz, la información prevista en este artículo deberá ser dada, además, a su familiar más cercano o a su representante legal.
Artículo 12.- La extracción de órganos y tejidos estará permitida sólo cuando no cause daño a la salud del donante y mejore la del receptor.
La reglamentación establecerá los órganos y tejidos que podrán ser objeto de ablación, excepto los excluidos especialmente en esta ley. Si se tratare de córneas el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT) reglamentará, además, el funcionamiento del Banco de Córneas.
Artículo 13.- La ablación de órganos y tejidos con fines de trasplante de una persona viva solo estará permitida en mayores de diez y ocho años, quienes podrán autorizarla en caso de que el receptor sea su pariente consanguíneo o por adopción hasta el cuarto grado, o su cónyuge o una persona que sin ser su cónyuge conviva con él por no menos de tres años en forma inmediata, contínua e ininterrumpida. Este lapso se reduce a dos años si de esa relación hubieran nacido hijos.
Entre personas no emparentadas se podrán realizar las ablaciones y trasplantes en base a la reglamentación del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT).
De todo lo actuado se labrarán actas, por duplicado; un ejemplar de las cuales quedará archivado en el establecimiento, y el otro será remitido dentro de las setenta y dos horas de efectuada la ablación al Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT). Ambas actas serán archivadas por un lapso no menor de diez años.
En los trasplantes de médula ósea, cualquier persona capaz, mayor de dieciocho años, podrá ser donante sin limitaciones de parentesco. Los menores de dieciocho años -previa autorización de su representante legal- podrán ser donantes sólo cuando los vincule al receptor un parentesco de los mencionados en el presente artículo.
El consentimiento del donante o de su representante legal no podrá ser sustituído ni complementado. Podrá ser revocado hasta el mismo instante de la intervención quirúrgica, mientras conserve capacidad para expresar su voluntad.
La retractación del donante no generará obligación de ninguna clase.
Las entidades públicas, privadas o mixtas, encargadas de la cobertura social deberán notificar a sus beneficiarios si cubre o no esos gastos.
Cuando se efectúe un trasplante cardiopulmonar en bloque proveniente de donante con muerte cerebral confirmada, el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT) podrá disponer del corazón del receptor para su asignación en los términos previstos en la presente ley.
Artículo 17.- Toda persona capaz, mayor de dieciocho años, podrá autorizar ante escribano público, en el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT) o en las instituciones o locales que éste habilite al efecto para que después de ser confirmada su muerte cerebral, se proceda a la ablación de órganos y tejidos de su cuerpo, para ser trasplantados en otros seres humanos vivos o con fines de estudio e investigación científica.
La autorización a que se refiere el presente artículo podrá especificar los órganos cuya ablación se autoriza o prohíbe, de un modo específico o genérico. De no existir esta especificación, se entenderán abarcados exclusivamente a los fines de trasplante en seres humanos vivos y excluidos los de estudios e investigación científica.
El Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT) habilitará un registro nacional de donantes de órganos y tejidos donde se asentarán en forma ordenada y con los datos pertinentes, las autorizaciones que se confieran para la ablación de órganos y tejidos.
Artículo 18.- Igual manifestación a la del artículo anterior podrá ser hecha ante la Dirección de Identificaciones en ocasión de gestionar su documento de identidad. Las personas deberán ser informadas adecuadamente de este derecho. El documento de identidad consignará la condición de donante o no. Esta autorización podrá ser revocada en cualquier momento y constará en el nuevo documento de identidad.
Artículo 19.- En caso de muerte cerebral confirmada, de personas de cualquier edad, ante la ausencia de voluntad expresa del fallecido, la autorización a que se refiere el artículo 18 podrá ser otorgada por las siguientes personas, en el orden en que se las enumera, siempre que se encuentren en el lugar del deceso y estuviesen en pleno uso de sus facultades mentales:
a) el cónyuge no divorciado que convivía con el fallecido, o la persona que, sin ser su cónyuge, convivía con el fallecido en relación de tipo conyugal de por lo menos tres años, en forma inmediata, continua e ininterrumpida;
b) cualquiera de los hijos mayores de dieciocho años;
c) cualquiera de los padres;
d) cualquiera de los hermanos mayores de dieciocho años;
e) cualquiera de los nietos mayores de dieciocho años;
f) cualquiera de los abuelos;
g) cualquier pariente consanguíneo hasta el cuarto grado inclusive; y,
h) cualquier pariente por afinidad hasta el segundo grado inclusive.
Tratándose de personas ubicadas en un mismo grado dentro del orden que establece el presente artículo, la oposición de una sola de éstas eliminará la posibilidad de disponer del cuerpo de la persona con muerte cerebral confirmada, a los fines previstos en esta ley.
El vínculo familiar será acreditado, a falta de otra prueba, mediante declaración jurada, la que tendrá carácter de instrumento público, debiendo acompañarse dentro de las cuarenta y ocho horas de la documentación respectiva.
En ausencia de las personas mencionadas precedentemente, se solicitará autorización para practicar la ablación. Será competente el Juez de Primera Instancia en lo Civil de Turno con competencia territorial en el lugar de la ablación, quien deberá expedirse dentro de las dos horas de haber tomado conocimiento de los hechos, su resolución será inapelable.
De todo lo actuado se labrará acta y se archivarán en el establecimiento las respectivas constancias, incluyendo una copia certificada del documento de identidad de la persona con muerte cerebral. De todo ello se remitirán copias certificadas al Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT). Las certificaciones serán efectuadas por el director del establecimiento o quien lo reemplace. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente párrafo hará pasible a los profesionales intervinientes de la sanción prevista en el artículo 27.
En caso de que no se localizara a los mismos en el término de tres horas de producida la declaración de fallecimiento y obrando constancia documentada de las gestiones realizadas, deberá requerirse del juez de la causa la autorización para ablacionar los órganos y tejidos que resultaren aptos.
Una vez constatados los requisitos legales, el juez deberá expedirse dentro de las dos horas de producido el pedido de autorización judicial.
El médico que con posterioridad realice la ablación deberá informar de inmediato y pormenorizadamente al juez de la causa sobre las circunstancias del caso y sobre el estado del órgano o material ablacionado.
a) ausencia irreversible de respuesta cerebral con pérdida absoluta de conciencia;
b) ausencia de respiración espontánea;
c) ausencia de reflejos troncoencefálicos y constatación de pupilas midriátricas no reactivas;
d) inactividad troncoencefálica corroborada por medios técnicos o instrumentales adecuados a las diversas situaciones clínicas, cuya nómina será periódicamente actualizada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con el asesoramiento del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT).
e) la muerte cerebral de una persona no se podrá considerar tal cuando se verifiquen las siguientes situaciones: intoxicación barbitúrica, hipotermia o hipovolemia aguda;
f) en ausencia de estos medios técnicos o instrumentales adecuados, se deben esperar doce horas para diagnosticar muerte cerebral; y,
g) si hubo injuria anóxica (falta de oxígeno), o se tratase de niños menores de cinco años de edad, se deben esperar veinte y cuatro horas para declarar muerte cerebral.
La verificación de los signos referidos en el inc. d) no será necesaria en caso de paro cardio-respiratorio total e irreversible.
La hora del fallecimiento será aquella en que por primera vez se constataron los signos previstos en el artículo 21.
a) arbitrar todos los medios a su alcance en orden a la restauración estética del cadáver, sin cargo alguno a los sucesores del fallecido;
b) realizar todas las operaciones autorizadas dentro del menor plazo posible, de haber solicitado los sucesores del fallecido la devolución del cadáver; y,
c) conferir en todo momento al cadáver del donante un trato digno y respetuoso.
Artículo 25.- Queda prohibida la realización de todo tipo de ablación para trasplante:
a) sin que se haya dado cumplimiento a los requisitos y previsiones de la presente ley;
b) sobre el cuerpo de quien no se hubiese otorgado la autorización prevista en el artículo 17, y no existiera la establecida en el artículo 19;
c) sobre cuerpos de pacientes internados en institutos neuropsiquiátricos;
d) sobre el cuerpo de una mujer embarazada;
e) por el profesional que haya atendido y tratado al fallecido durante su última enfermedad; y por los profesionales médicos que diagnosticaron su muerte cerebral.
Asimismo, quedan prohibidos:
f) toda contraprestación u otro beneficio por la donación de órganos y tejidos, en vida o para después de la muerte, y la intermediación con fines de lucro;
g) la inducción o coacción al donante para dar una respuesta afirmativa respecto a la donación de órganos. La explicación dada por el médico, con testigos acerca de la utilidad de la donación de un órgano o tejido, no será considerado como una violación de la presente regla; y,
h) los anuncios o publicidad en relación con las actividades mencionadas en esta ley, sin previa autorización del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT).
Artículo 26.- Será sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a tres años e inhabilitación especial de uno a cinco años, si el autor fuere un profesional del arte de curar o una persona que ejerza actividades de colaboración del arte de curar, cuando:
a) directa o indirectamente diere u ofreciere beneficios de contenido patrimonial o no, a un posible donante o a un tercero, para lograr la obtención de órganos y tejidos;
b) por sí o por interpósita persona recibiera o exigiera para sí o para terceros cualquier beneficio de contenido patrimonial o no, o aceptare una promesa directa o indirecta de ello para sí o para terceros, para lograr la obtención de órganos y tejidos, sean o no propios; y,
c) con propósito de lucro intermediara en la obtención de órganos y tejidos provenientes de personas vivas o con muerte cerebral declarada.
a) el oficial público que no diere cumplimiento a la obligación que impone el artículo 18; y,
b) el médico que no diere cumplimiento a la obligación que impone el artículo 3º.
En caso de reincidencia, la inhabilitación será de dos a diez años.
Cuando dichas conductas se realicen de manera habitual, las multas se incrementarán en un tercio, por cada reincidencia.
Artículo 33.- Las infracciones de carácter administrativo a cualquiera de las actividades o normas que en este ordenamiento se regulan, en las que incurran establecimientos o servicios privados y públicos, serán pasibles de las siguientes sanciones graduables según la gravedad de cada caso; pudiendo ser concomitantes o independientes de las sanciones establecidas en el capítulo anterior:
b) multas por sumas equivalentes de cien a doscientos jornales, establecidas para actividades diversas no especificadas;
c) suspensión de la habilitación que se le hubiere acordado al servicio o establecimiento, por un término de hasta cinco años;
d) clausura temporaria o definitiva, parcial o total, del establecimiento en infracción;
e) suspensión o inhabilitación de los profesionales o equipos de profesionales en el ejercicio de la actividad referida en el artículo 3º por un lapso de hasta cinco años; y,
f) inhabilitación de hasta cinco años para el ejercicio de la profesión a los médicos y otros profesionales del arte de curar que practicaren cualquiera de los actos previstos en la presente ley, sin la habilitación del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT).
En caso de extrema gravedad o reiteración, la inhabilitación podrá ser definitiva.
Artículo 41.- Créase el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT), que funcionará en el ámbito del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, como entidad estatal de derecho público, con autarquía administrativa y funcional.
Artículo 42.- Son funciones del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT):
a) estudiar y proponer a la autoridad sanitaria las normas técnicas a que deberá responder la ablación de órganos y tejidos y toda otra actividad incluida en la presente ley, así como el método de tratamiento y selección previa para pacientes que requieran trasplantes de órganos, y las técnicas aplicables;
b) dictar las normas para la habilitación de centros de trasplantes, de profesionales que practiquen dichos actos, y la de bancos de órganos y tejidos;
c) fiscalizar el cumplimiento de lo establecido en la presente ley, su reglamentación y demás normas complementarias;
d) intervenir las instituciones que incurran en actos u omisiones que signifiquen el incumplimiento de lo establecido por la presente ley, por tiempo limitado y con objetivos bien definidos;
e) dictar normas para la suspensión y revocación de una habilitación;
f) proponer las normas para la intervención de los servicios o establecimientos en los que se presuma el ejercicio de actos u omisiones relacionados con el objeto de la presente ley;
g) realizar actividades de docencia, capacitación y perfeccionamiento de los recursos humanos vinculados con la temática;
h) promover la investigación científica, mantener intercambio de información y realizar publicaciones periódicas vinculadas con la temática del Instituto;
i) evaluar e intervenir en las investigaciones que se realicen con sus recursos, en el área de su competencia;
j) establecer los procedimientos inherentes al mantenimiento de potenciales donantes cadavéricos, diagnóstico de muerte, ablación, acondicionamiento, manutención y transporte de órganos;
k) reglamentar y coordinar la distribución de órganos a nivel nacional, establecer las prioridades, así como la posibilidad de recepción de los mismos a nivel internacional;
l) proveer la información relativa a su temática al Ministerio, a los profesionales del arte de curar y las entidades del sector ;
m) efectuar las actividades inherentes al seguimiento de los pacientes trasplantados, con fines de contralor y estadísticos;
n) asistir técnica y financieramente, mediante subsidios, préstamos o subvenciones, a los tratamientos trasplantológicos que se realicen en establecimientos nacionales, públicos y privados;
o) asesorar al Poder Ejecutivo en todo lo concerniente a las campañas de difusión masiva y concientización de población respecto de la problemática de los trasplantes; y,
p) establecer la reglamentación del concurso de títulos, méritos y aptitudes para la elección de los miembros del Directorio del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT).
a) el presidente será designado a propuesta del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social;
b) los cuatro directores serán designados de acuerdo a un concurso por oposición de títulos, méritos y aptitudes. Durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos;
c) los directores y el presidente, no podrán participar patrimonialmente en ningún instituto vinculado con el objeto de esta ley; y,
d) en la primera sesión el Directorio designará de entre sus miembros al tesorero y al secretario de la institución.
a) un miembro designado por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas;
b) un miembro designado por el Círculo Paraguayo de Médicos; y,
c) un miembro designado por la Comisión Directiva de la Sociedad Paraguaya de Trasplantes.
a) dictar su reglamento interno;
b) aprobar la estructura orgánico-funcional del Instituto, el presupuesto anual de gastos, y elaborar la memoria y balance al finalizar cada ejercicio.
c) asignar los recursos del Fondo Solidario de Trasplantes, dictando las normas para el otorgamiento de subsidios, préstamos y subvenciones;
d) fijar las retribuciones de los miembros del Directorio, de acuerdo a la categorización institucional que se le asigne en el Presupuesto General de la Nación; y,
e) designar, promover, sancionar y remover al personal del Instituto, y fijar sus remuneraciones.
a) representar al Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT) en todos sus actos;
b) convocar y presidir las reuniones del Directorio, en las que tendrá voz, pero no voto. Ejercerá el derecho al voto solamente en caso de empate;
c) invitar a participar, con voz pero sin voto, a representantes de sectores interesados cuando se traten temas específicos de su área de acción;
d) convocar y presidir las reuniones de los consejos asesores;
e) adoptar todas las medidas que, siendo de competencia del Directorio, no admitan dilación, sometiéndolas a consideración del mismo en la primera sesión sub-siguiente;
f) delegar funciones en otros miembros del Directorio, con el acuerdo de éste;
g) cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Directorio;
h) firmar conjuntamente con el tesorero los cheques de la institución; e,
i) firmar conjuntamente con el secretario las notas oficiales de la institución.
a) un consejo asesor integrado por pacientes pertenecientes a las organizaciones que representan a personas trasplantadas y en espera de ser trasplantadas; y,
b) un consejo asesor integrado por un representante de las sociedades científicas.
a) la contribución del Estado, mediante los créditos que le asigne el presupuesto de la Nación;
b) el producto de las multas provenientes de la aplicación de las sanciones administrativas y penales previstas en la presente ley;
c) el producto de la venta de bienes en desuso, los de su propia producción, las publicaciones que realice, intereses, rentas u otros frutos de los bienes que administra el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT); y,
d) los legados, herencias y donaciones.
Artículo 51.- El Ministerio, a través del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT), está autorizado para verificar el cumplimiento de esta ley y sus disposiciones reglamentarias, mediante inspecciones y pedidos de informes. A tales fines, sus funcionarios autorizados tendrán acceso a los establecimientos o servicios, en que se ejerzan las actividades previstas por esta ley, y podrán proceder al secuestro de elementos probatorios y disponer la suspensión provisoria de los servicios o establecimientos.
Artículo 52.- Sin perjuicio de la sanción que en definitiva corresponde de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33, el Ministerio podrá adoptar las siguientes medidas preventivas:
a) clausura total o parcial de los establecimientos o servicios. Dichas medidas no podrán tener una duración mayor de ciento ochenta días; y,
b) suspensión de la publicidad en infracción.
Artículo 54.- El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la presente ley dentro de los sesenta días de su promulgación.
Artículo 55.- La Corte Suprema de Justicia dictará la reglamentación que establezca los recaudos para la realización de ablaciones de córneas de los cadáveres depositados en la Morgue Judicial de acuerdo a los lineamientos y principios de la presente ley.
Para lo dispuesto en el párrafo precedente, el Consejo Nacional de Salud a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social deberá llevar a cabo en forma permanente, desde la promulgación de esta ley, una intensa campaña de educación y difusión a efectos de informar y concientizar a la población sobre los alcances del régimen a que se refiere el párrafo anterior.
