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Medir el grado de cumplimiento de esta obligación constitucional es lo que el autor de "la imparcialidad en la función pública" pretende, a través de una encuesta que no se queda, como es habitual, en los funcionarios de régimen común, sino que se extiende al resto de los funcionarios: los fiscales, los jueces, los militares, los guardias civiles y los policias. Una encuesta centrada en las normas legales relativas al régimen de incompatibilidades y prohibiciones, la neutralidad política, la carrera profesional, la provisión de puestos o destinos, la obediencia, la abstención, la inamovilidad, la carrera política y el régimen disciplinario, de las que, como mínimo, depende, según es opinión común de los juristas, la existencia de una independencia funcional en el ejercicio de las potestades administrativas, y que se analizan aquí en la medida en que pueden ser un medio para el aseguramiento jurídico de una conducta de los funcionarios distanciada, leal al derecho, imparcial, profesional y al servicio del bien común.
