Leyes Paraguayas

APRUEBA EL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

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Descripci贸n

Apru茅base el 鈥淓statuto de Roma de la Corte Penal Internacional鈥


鈥婰EY N 掳 1663
QUE APRUEBA EL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Art铆culo 1潞.-  Apru茅base el 鈥淓statuto de Roma de la Corte Penal Internacional鈥, adoptado en Roma el 17 de julio de 1998 y firmado por la Rep煤blica del Paraguay el 7 de octubre del mismo a帽o, cuyo texto es como sigue: 
鈥淓STATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL"
PRE脕MBULO
Conscientes de que todos los pueblos est谩n unidos por estrechos lazos y sus culturas configuran un patrimonio com煤n y observando con preocupaci贸n que este delicado mosaico puede romperse en cualquier momento; 
Teniendo presente que, en este siglo, millones de ni帽os, mujeres y hombres han sido v铆ctimas de atrocidades que desaf铆an la imaginaci贸n y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad;
Reconociendo que esos graves cr铆menes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad;
Afirmando que los cr铆menes m谩s graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperaci贸n internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acci贸n de la justicia,
Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos cr铆menes y a contribuir as铆 a la prevenci贸n de nuevos cr铆menes;
Recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicci贸n penal contra los responsables de cr铆menes internacionales;
Reafirmando los Prop贸sitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas, y en particular, que los Estados se abstendr谩n de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia pol铆tica de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los prop贸sitos de las Naciones Unidas;
Destacando, en este contexto, que nada de lo dispuesto en el presente Estatuto deber谩 entenderse en el sentido de que autorice a un Estado Parte a intervenir en una situaci贸n de conflicto armado en los asuntos internos de otro Estado;
Decididos, a los efectos de la consecuci贸n de esos fines y en inter茅s de las generaciones presentes y futuras, a establecer una Corte Penal Internacional de car谩cter permanente, independiente y vinculada con el sistema de las Naciones Unidas que tenga competencia sobre los cr铆menes m谩s graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto;
Destacando que la Corte Penal Internacional establecida en virtud del presente Estatuto ser谩 complementaria de las jurisdicciones penales nacionales;
Decididos a garantizar que la justicia internacional sea respetada y puesta en pr谩ctica en forma duradera;
Han convenido en lo siguiente:
PARTE I. DEL ESTABLECIMIENTO DE LA CORTE
Art铆culo 1
La Corte
Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional (鈥渓a Corte鈥). La Corte ser谩 una instituci贸n permanente, estar谩 facultada para ejercer su jurisdicci贸n sobre personas respecto de los cr铆menes m谩s graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendr谩 car谩cter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regir谩n por las disposiciones del presente Estatuto.
Art铆culo 2
Relaci贸n de la Corte con las Naciones Unidas
La Corte estar谩 vinculada con las Naciones Unidas por un acuerdo que deber谩 aprobar la Asamblea de los Estados Partes en el presente Estatuto y concluir luego el Presidente de la Corte en nombre de 茅sta.
Art铆culo 3
Sede de la Corte
1. La sede de la Corte estar谩 en La Haya, Pa铆ses Bajos (鈥渆l Estado anfitri贸n鈥).
2. La Corte concertar谩 con el Estado anfitri贸n un acuerdo relativo a la sede que deber谩 aprobar la Asamblea de los Estados Partes y concluir luego el Presidente de la Corte en nombre de 茅sta.
3. La Corte podr谩 celebrar sesiones en otro lugar cuando lo considere conveniente, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto.
Art铆culo 4
Condici贸n jur铆dica y atribuciones de la Corte
1. La Corte tendr谩 personalidad jur铆dica internacional. Tendr谩 tambi茅n la capacidad jur铆dica que sea necesaria para el desempe帽o de sus funciones y la realizaci贸n de sus prop贸sitos.
2. La  Corte podr谩 ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto en el territorio de cualquier Estado Parte y, por acuerdo especial, en el territorio de cualquier otro Estado.
PARTE II. DE LA COMPETENCIA, LA ADMISIBILIDAD Y EL DERECHO APLICABLE
Art铆culo 5
Cr铆menes de la competencia de la Corte
1. La competencia de la Corte se limitar谩 a los cr铆menes m谩s graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendr谩 competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes cr铆menes:
a) El crimen de genocidio; 
b) Los cr铆menes de lesa humanidad;
c) Los cr铆menes de guerra;
d) El crimen de agresi贸n.
2. La Corte ejercer谩 competencia respecto del crimen de agresi贸n una vez que se apruebe una disposici贸n de conformidad con los Art铆culos 121 y 123 en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo har谩. Esa disposici贸n ser谩 compatible con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas.
Art铆culo 6
Genocidio
A los efectos del presente Estatuto, se entender谩 por 鈥済enocidio鈥 cualquiera de los actos mencionados a continuaci贸n, perpetrados con la intenci贸n de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, 茅tnico, racial o religioso como tal:
a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesi贸n grave a la integridad f铆sica o mental de los miembros del grupo;
c) Sometimiento internacional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucci贸n f铆sica, total o parcial;
d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; y,
e) Traslado por la fuerza de ni帽os del grupo a otro grupo.
Art铆culo 7
Cr铆menes de lesa humanidad
1. A los efectos de presente Estatuto, se entender谩 por 鈥渃rimen de lesa humanidad鈥 cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistem谩tico contra una poblaci贸n civil y con conocimiento de dicho ataque:
a) Asesinato;
b) Exterminio;
c) Esclavitud;
d) Deportaci贸n o traslado forzoso de poblaci贸n;
e) Encarcelaci贸n u otra privaci贸n grave de la libertad f铆sica en violaci贸n de normas fundamentales de derecho internacional;
f) Tortura;
g) Violaci贸n, esclavitud sexual, prostituci贸n forzada, embarazo forzado, esterilizaci贸n forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable;
h) Persecuci贸n de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos pol铆ticos, raciales, nacionales, 茅tnicos, culturales, religiosos, de g茅nero definido en el p谩rrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexi贸n con cualquier acto mencionado en el presente p谩rrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;
i) Desaparici贸n forzada de personas;
j) El crimen de apartheid;
k) Otros actos inhumanos de car谩cter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad f铆sica o la salud mental o f铆sica. 
2. A los efectos del p谩rrafo 1:
a) Por 鈥渁taque contra una poblaci贸n civil鈥 se entender谩 una l铆nea de conducta que implique la comisi贸n m煤ltiple de actos mencionados en el p谩rrafo 1 contra una poblaci贸n civil , de conformidad con la pol铆tica de un Estado o de una organizaci贸n de cometer esos actos o para promover esa pol铆tica;
b) El 鈥渆xterminio鈥 comprender谩 la imposici贸n intencional de condiciones de vida, la privaci贸n del acceso a alimentos o medicina entre otras, encaminadas a causar la destrucci贸n de parte de una poblaci贸n;
c) Por 鈥渆sclavitud鈥 se entender谩 el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tr谩fico de personas, en particular mujeres y ni帽os;
d) Por 鈥渄eportaci贸n o traslado forzoso de poblaci贸n鈥 se entender谩 el desplazamiento de las personas afectadas, por expulsi贸n u otros actos coactivos, de la zona en que est茅n leg铆timamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional;
e) Por 鈥渢ortura鈥 se entender谩 causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean f铆sicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entender谩  por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven 煤nicamente de sanciones l铆citas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas;
f) Por 鈥渆mbarazo forzado鈥 se entender谩 el confinamiento il铆cito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intenci贸n de modificar la composici贸n 茅tnica de una poblaci贸n o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entender谩 que esta definici贸n afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo;
g) Por 鈥減ersecuci贸n鈥 se entender谩 la privaci贸n intencional y grave de derechos fundamentales en contravenci贸n del derecho internacional en raz贸n de la identidad del grupo o de la colectividad; 
h) Por 鈥渆l crimen de apartheid鈥 se entender谩n los actos inhumanos de car谩cter similar a los mencionados en el p谩rrafo 1 cometidos en el contexto de r茅gimen institucionalizado de opresi贸n y dominaci贸n sistem谩tica de un grupo racial sobre uno o m谩s grupos raciales y con la intenci贸n de mantener ese r茅gimen;
i) Por 鈥渄esaparici贸n forzada de personas鈥 se entender谩 la aprehensi贸n, la detenci贸n o el secuestro de personas por un Estado o una organizaci贸n pol铆tica, o con su autorizaci贸n, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privaci贸n de libertad o dar informaci贸n sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intenci贸n de dejarlas fuera del amparo de la ley por un per铆odo prolongado.
3. A los efectos del presente Estatuto se entender谩 que el t茅rmino 鈥済茅nero 鈥 se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El t茅rmino 鈥済茅nero鈥 no tendr谩 m谩s acepci贸n que la que antecede.
Art铆culo 8
Cr铆menes de guerra
1. La Corte tendr谩 competencia respecto de los cr铆menes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan o pol铆tica o como parte de la comisi贸n en gran escala de tales cr铆menes.
2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por 鈥渃r铆menes de guerra鈥:
a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente:
i) Matar intencionalmente;
ii) Someter a tortura o a otros tratos inhumanos, incluidos los experimentos biol贸gicos;
iii) Infligir deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad f铆sica o la salud;
iv) Destruir bienes y apropiarse de ellos de manera no justificada por necesidades militares, a gran escala, il铆cita y arbitrariamente; 
v) Obligar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a prestar servicio en las fuerzas de una Potencia enemiga;
vi) Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona de sus derechos a un juicio justo e imparcial; 
vii) Someter a deportaci贸n, traslado o confinamiento ilegales; 
viii) Tomar rehenes;
b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos internacionales dentro del marco del derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:  
i) Dirigir intencionalmente ataques contra la poblaci贸n civil en cuanto tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades;
ii) Dirigir intencionalmente ataques contra objetos civiles, es decir, objetos que no son objetivos militares;
iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, materiales, unidades o veh铆culos participantes en una misi贸n de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protecci贸n otorgada a civiles u objetos civiles con arreglo al derecho de los conflictos armados;
iv) Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causar谩 p茅rdidas de vidas, lesiones a civiles o da帽os a objetos de car谩cter civil o da帽os extensos, duraderos y graves al medio natural que sean claramente excesivos en relaci贸n con la ventaja militar general concreta  directa que se prevea; 
v) Atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, pueblos o edificios que no est茅n defendidos y que no sean objetivos militares;
vi) Causar la muerte o lesiones a un enemigo que haya depuesto las armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido  a discreci贸n; 
vii) Utilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional o las insignias militares o el uniforme del enemigo o de las Naciones Unidas, as铆 como los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra, y causar as铆 la muerte o lesiones graves;
viii) El traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante de parte de su poblaci贸n civil al territorio que ocupa o la deportaci贸n o el traslado de la totalidad o parte de la poblaci贸n del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio;
ix) Los ataques dirigidos intencionalmente contra edificios dedicados al culto religioso, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares;
x) Someter a personas que est茅n en poder del perpetrador a mutilaciones f铆sicas o a experimentos m茅dicos o cient铆ficos de cualquier tipo que no est茅n justificados en raz贸n de un tratamiento m茅dico, dental u hospitalario, ni se lleven a cabo en su inter茅s y que causen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud;
xi) Matar o herir a traici贸n a personas pertenecientes a la naci贸n o al ej茅rcito enemigo;
xii) Declarar que no se dar谩 cuartel;
xiii) Destruir o confiscar bienes del enemigo, a menos que las necesidades de la guerra lo hagan imperativo;
xiv) Declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga; 
xv) Obligar a los nacionales de la parte enemiga a participar en operaciones b茅licas dirigidas contra su propio pa铆s, aunque hubieran estado a su servicio antes del inicio de la guerra;
xvi) Saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por asalto;
xvii) Veneno o armas envenenadas; 
xviii) Gases asfixiantes, t贸xicos o similares o cualquier l铆quido, material o dispositivo an谩logo;
xix) Balas que se abran o aplasten f谩cilmente en el cuerpo humano, como balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior o que tenga incisiones;
xx) Emplear armas, proyectiles, materiales o m茅todos de guerra que, por su propia naturaleza, causen da帽os superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados en violaci贸n del derecho humanitario internacional de los conflictos armados, a condici贸n de que esas armas o esos proyectiles, materiales o m茅todos de guerra, sean objeto de una prohibici贸n completa y est茅n incluidos en un anexo del presente Estatuto en virtud de una enmienda aprobada de conformidad con las disposiciones que, sobre el particular, figuran en los Art铆culos 121 y 123;
xxi) Cometer ultrajes contra la dignidad de la persona, en particular tratos humillantes y degradantes;
xxii) Cometer actos de violaci贸n, esclavitud sexual, prostituci贸n forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del p谩rrafo 2 del Art铆culo 7, esterilizaci贸n forzada y cualquier otra forma de violencia sexual que constituya una violaci贸n grave de los Convenios de Ginebra;
xxiii) Aprovechar la presencia de civiles u otras personas protegidas para que queden inmunes de operaciones militares determinados puntos, zonas o fuerzas militares;
xxiv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y veh铆culos sanitarios y contra personal habilitado para utilizar los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional;
xxv) Provocar intencionalmente la inanici贸n de la poblaci贸n civil como m茅todo de hacer la guerra, priv谩ndola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro de conformidad con los Convenios de Ginebra;
xxvi) Reclutar o alistar a ni帽os menores de quince a帽os en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades;
c) En caso de conflicto armado que no sea de 铆ndole internacional, las violaciones graves del Art铆culo 3 com煤n a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y los que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, lesiones, detenci贸n o por cualquier otra causa:
i) Actos de violencia contra la vida y la persona, en particular el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura;
ii) Los ultrajes contra la dignidad personal, en particular los tratos humillantes y degradantes;
iii) La toma de rehenes;
iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin sentencia previa pronunciada por un tribunal constituido regularmente y que haya ofrecido todas las garant铆as judiciales generalmente reconocidas como indispensables;
d) El p谩rrafo 2 c) del presente art铆culo se aplica a los conflictos armados que no son de 铆ndole internacional, y por lo tanto no se aplica a situaciones de disturbios o tensiones internos, tales como motines, actos aislados y espor谩dicos de violencia u otros actos de car谩cter similar.
e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de 铆ndole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:
i) Dirigir intencionalmente ataques contra la poblaci贸n civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades;
ii) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, materiales, unidades y veh铆culos sanitarios y contra el personal habilitado para utilizar los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional; 
iii) Dirigir internacionalmente ataques contra personal, instalaciones, materiales, unidades o veh铆culos participantes en una misi贸n de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protecci贸n otorgada a civiles u objetos civiles con arreglo al derecho de los conflictos armados;
iv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados al culto religioso, la educaci贸n, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa en enfermos y heridos, a condici贸n de que no sean objetivos militares;
v) Saquear una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por asalto;
vi) Cometer actos de violaci贸n, esclavitud sexual, prostituci贸n forzada embarazo forzado, definido en el apartado f) del p谩rrafo 2 del Art铆culo 7, esterilizaci贸n forzada o cualquier otra forma de violencia sexual que constituya tambi茅n una violaci贸n grave del Art铆culo 3 com煤n a los cuatro Convenios de Ginebra;
vii) Reclutar o alistar ni帽os menores de quince a帽os en las fuerzas armadas o utilizarlos para participar activamente en hostilidades;
viii) Ordenar el desplazamiento de la poblaci贸n civil por razones relacionadas con el conflicto, a menos que as铆 lo exija la seguridad de los civiles de que se trate o por razones militares imperativas;
ix) Matar o herir a traici贸n a un combatiente enemigo;
x) Declarar que no se dar谩 cuartel;
xi) Someter a las personas que est茅n en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones f铆sicas o a experimentos m茅dicos o cient铆ficos de cualquier tipo que no est茅n justificados en raz贸n del tratamiento m茅dico, dental u hospitalario de la persona de que se trate ni se lleven a cabo en su inter茅s, y que provoquen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud;
xii) Destruir o confiscar bienes del enemigo, a menos que las necesidades de la guerra lo hagan imperativo;
f) El p谩rrafo 2 e) del presente Art铆culo se aplica a los conflictos armados que no son de 铆ndole internacional, y, por consiguiente no se aplica a situaciones de disturbios y tensiones internas, como motines, actos aislados y espor谩dicos de violencia u otros actos de car谩cter similar. Se aplica a los conflictos armados que tiene lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflictos armado prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos.
3. Nada de lo dispuesto en los p谩rrafos 2 c) y d) afectar谩 a la responsabilidad que incumbe a todo gobierno de mantener y restablecer el orden p煤blico en el Estado y de defender la unida e integridad, territorial del Estado por cualquier medio leg铆timo.
Art铆culo 9
Elementos del crimen
1. Los elementos del crimen que ayudar谩n a la Corte a interpretar y aplicar los Art铆culos 6,7 y 8 del presente Estatuto, ser谩n aprobados por una mayor铆a de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes.
2. Podr谩n proponer enmiendas a los Elementos del crimen:
a) Cualquier Estado Parte;
b) Los magistrados, por mayor铆a absoluta;
c) El fiscal.
Las enmiendas entrar谩n en vigor cuando hayan sido aprobadas por una mayor铆a de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes.
3. Los Elementos del crimen y sus enmiendas ser谩n compatibles con lo dispuesto en el presente Estatuto.
Art铆culo 10
Nada de lo dispuesto en la presente parte se interpretar谩 en el sentido de que limite o menoscabe de alguna manera las normas existentes o el desarrollo de derecho internacional para fines distintos del presente Estatuto.
Art铆culo 11
Competencia temporal
1. La Corte tendr谩 competencia 煤nicamente respecto de cr铆menes cometidos despu茅s de la entrada en vigor del presente Estatuto.
2. Si un Estado se hace Parte en el presente Estatuto despu茅s de su entrada en vigor, la Corte podr谩 ejercer su competencia 煤nicamente con respecto a los cr铆menes cometidos despu茅s de la estrada en vigor del presente Estatuto respecto de ese Estado, a menos que 茅ste haya hecho una declaraci贸n de conformidad con el p谩rrafo 3 del Art铆culo 12.
Art铆culo 12
Condiciones previas para el ejercicio de la competencia
1. El Estado que pase a ser Parte en el presente Estatuto acepta por ello la competencia de la Corte respecto de los cr铆menes a que se refiere el Art铆culo 5.
2. En el caso de los apartados a) o c) del Art铆culo 13, la Corte podr谩 ejercer su competencia si uno o varios de los Estados siguientes son Partes en el presente Estatuto o han aceptado la competencia de la Corte de conformidad con el p谩rrafo 3:
a) El Estado en cuyo territorio haya tenido lugar la conducta de que se trate, o si el crimen se hubiere cometido a bordo de un buque o de una aeronave del Estado de matr铆cula del buque o la aeronave;
b) El Estado del que sea nacional el acusado del crimen.
3. Si la aceptaci贸n de un Estado que no sea Parte en el presente Estatuto fuere necesaria de conformidad con el p谩rrafo 2 , dicho Estado podr谩, mediante declaraci贸n depositada en poder del Secretario, consentir en que la Corte ejerza su competencia respecto del crimen de que se trate. El Estado aceptante cooperar谩 con la Corte sin demora ni excepci贸n de conformidad con la Parte IX.
Art铆culo 13
Ejercicio de competencia
La Corte podr谩 ejercer su competencia respecto de cualquiera de los cr铆menes a que se refiere el Art铆culo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si:
a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con  el Art铆culo 14, una situaci贸n en que parezca haberse cometido uno o varios de esos cr铆menes;
b) El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Cap铆tulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite al Fiscal una situaci贸n en que parezca haberse cometido uno o varios de esos cr铆menes; o
c) El Fiscal ha iniciado una investigaci贸n respecto de un crimen de ese tipo de conformidad con lo dispuesto en el Art铆culo 15.
Art铆culo 14
Remisi贸n de una situaci贸n por un Estado Parte
1. Todo Estado Parte podr谩 remitir al Fiscal una situaci贸n en que parezca haberse cometido uno o varios cr铆menes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situaci贸n a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisi贸n de tales cr铆menes a una o varias personas determinadas.
2. En la medida de lo posible, en la remisi贸n se especificar谩n las circunstancias pertinentes y se adjuntar谩 la documentaci贸n justificativa de que disponga el Estado denunciante.
Art铆culo 15
El Fiscal
1. El Fiscal podr谩 iniciar de oficio una investigaci贸n sobre la base de informaci贸n acerca de un crimen de la competencia de la Corte.
2. El Fiscal analizar谩 la veracidad de la informaci贸n recibida. Con tal fin, podr谩 recabar m谩s informaci贸n de los Estados, los 贸rganos de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas y podr谩 recibir testimonios escritos u orales en la sede de la Corte.
3. El Fiscal, si llegare a la conclusi贸n de que existe fundamento suficiente para abrir una investigaci贸n, presentar谩 a la Sala de Cuestiones Preliminares una petici贸n de autorizaci贸n para ello, junto con la documentaci贸n justificativa que haya reunido. Las v铆ctimas podr谩n presentar observaciones a la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
4. Si, tras haber examinado la petici贸n y la documentaci贸n que la justifique, la Sala de Cuestiones Preliminares considerare que hay fundamento suficiente para abrir una investigaci贸n y que el asunto parece corresponder a la competencia de la Corte, autorizar谩 el inicio de la investigaci贸n, sin perjuicio de las resoluciones que pueda adoptar posteriormente la Corte con respecto a su competencia y la admisibilidad de la causa.
5. La negativa de la Sala de Cuestiones Preliminares a autorizar la investigaci贸n no impedir谩 que el Fiscal presente ulteriormente otra petici贸n basada en nuevos hechos o pruebas relacionados con la misma situaci贸n.
6. Si, despu茅s del examen preliminar a que se refieren los p谩rrafos 1 y 2, el Fiscal llega a la conclusi贸n de que la informaci贸n presentada no constituye fundamento suficiente para  una investigaci贸n, informar谩 de ello a quienes la hubieren presentado. Ello no impedir谩 que el Fiscal examine a la luz de hechos o pruebas nuevos, otra informaci贸n que reciba en relaci贸n con la misma situaci贸n.
Art铆culo 16
Suspensi贸n de la investigaci贸n o el enjuiciamiento
En caso de que el Consejo de Seguridad, de conformidad con una resoluci贸n aprobada con arreglo a lo dispuesto en el Cap铆tulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, pide a la Corte que suspenda por un plazo que no podr谩 exceder de doce meses la investigaci贸n o el enjuiciamiento que haya iniciado, la Corte proceder谩 a esa suspensi贸n; la petici贸n podr谩 ser renovada por el Consejo de Seguridad en las mismas condiciones.
Art铆culo 17
Cuestiones de admisibilidad
1. La Corte, teniendo en cuenta el d茅cimo p谩rrafo del pre谩mbulo y el Art铆culo 1, resolver谩 la inadmisibilidad de un asunto cuando:
a) El asunto sea objeto de una investigaci贸n o enjuiciamiento en el Estado que tiene jurisdicci贸n sobre 茅l, salvo que 茅ste no est茅 dispuesto a llevar a cabo la investigaci贸n o el enjuiciamiento, o no pueda realmente hacerlo;
b) El asunto haya sido objeto de investigaci贸n por el Estado que tenga jurisdicci贸n sobre 茅l y 茅ste haya decidido no incoar acci贸n penal contra la persona de que se trate, salvo que la decisi贸n haya obedecido a que no est茅 dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo;
c) La persona de que se trate haya sido ya enjuiciada por la conducta a que se refiere la denuncia, y la Corte no pueda incoar el juicio con arreglo a lo dispuesto en el p谩rrafo 3 del Art铆culo 20; 
d) El asunto no sea de gravedad suficiente para justificar la adopci贸n de otras medidas por la Corte. 
2. A fin de determinar si hay o no disposici贸n a actuar en un asunto determinado, la Corte examinar谩, teniendo en cuenta los principios de un proceso con las debidas garant铆as reconocidas por el derecho internacional, si se da una o varias de las siguientes circunstancias, seg煤n el caso:
a) Que el juicio ya haya estado o est茅 en marcha o que la decisi贸n nacional haya sido adoptada con el prop贸sito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal por cr铆menes de la competencia de la Corte, seg煤n lo dispuesto en el Art铆culo 5;
b) Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intenci贸n de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia;
c) Que el proceso no haya sido o no est茅 siendo sustanciado de manera independiente o imparcial y haya sido o est茅 siendo sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intenci贸n de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia.
3. A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto determinado, la Corte examinar谩 si el Estado, debido al colapso total o sustancial de su administraci贸n nacional, de justicia o al hecho de que carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios necesarios o no est谩 por otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio.
Art铆culo 18
Dict谩menes preliminares relativos a la admisibilidad
1. Cuando se haya remitido a la Corte una situaci贸n en virtud del Art铆culo 13 a) y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigaci贸n e inicie esa investigaci贸n en virtud de los Art铆culos 13 c) y 15, lo notificar谩 a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la informaci贸n disponible, ejercer铆an normalmente la jurisdicci贸n sobre los cr铆menes  de que se trate. El Fiscal podr谩 hacer la notificaci贸n a esos Estados con car谩cter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas, impedir la destrucci贸n de pruebas o impedir la fuga de personas, podr谩 limitar el alcance de la informaci贸n proporcionada a los Estados.
2. Dentro del mes siguiente a la recepci贸n de dicha notificaci贸n, el Estado podr谩 informar a la Corte de que est谩 llevando o ha llevado a cabo una investigaci贸n en relaci贸n con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicci贸n respecto de actos criminales que puedan constituir los cr铆menes a que se refiere el Art铆culo 5 y a los que se refiera la informaci贸n proporcionada en la notificaci贸n a los Estados. A petici贸n de dicho Estado, el Fiscal se inhibir谩 de su competencia en favor del Estado en relaci贸n con la investigaci贸n sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petici贸n del Fiscal autorizar la investigaci贸n.
3. El Fiscal podr谩 volver a examinar la cuesti贸n de la inhibici贸n de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la remisi贸n o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no est谩 dispuesto a llevar a cabo la investigaci贸n o no puede realmente hacerlo.
4. El Estado de que se trate o el Fiscal podr谩n apelar ante la Sala de Apelaciones del dictamen de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el Art铆culo 82.  La apelaci贸n podr谩 sustanciarse en forma sumaria.
5. Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relaci贸n con la investigaci贸n con arreglo a lo dispuesto en el p谩rrafo 2, podr谩 pedir al Estado de que se trate que le informe peri贸dicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responder谩n a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
6. El Fiscal podr谩, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su dictamen, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este art铆culo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con car谩cter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad 煤nica de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no est茅n disponibles ulteriormente.
7. El Estado que haya apelado de un dictamen de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del presente art铆culo podr谩 impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del Art铆culo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Art铆culo 19
Impugnaci贸n de la competencia de la Corte o de la admisibilidad de la causa
1. La Corte se cerciorar谩 de ser competente en todas las causas que le sean sometidas. La Corte podr谩 determinar de oficio la admisibilidad de una causa de conformidad con el Art铆culo 17.
2. Podr谩n impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos mencionados en el Art铆culo17, o impugnar la competencia de la Corte: 
a) El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detenci贸n o una orden de comparecencia con arreglo al Art铆culo 58;
b) El Estado que tenga jurisdicci贸n en la causa porque est谩 investig谩ndola o enjuici谩ndola o lo ha hecho antes; o
c) El Estado cuya aceptaci贸n se requiera de conformidad con el Art铆culo 12.
3. El Fiscal podr谩 pedir a la Corte que se pronuncie sobre una cuesti贸n de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la competencia o la admisibilidad podr谩n presentar asimismo observaciones a la Corte quienes hayan remitido la situaci贸n de conformidad con el Art铆culo 13 y las v铆ctimas.
4. La admisibilidad de una causa o la competencia de la Corte s贸lo podr谩n ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados a que se hace referencia en el p谩rrafo 2. La impugnaci贸n se har谩 antes del juicio o a su inicio. En circunstancias excepcionales, la Corte podr谩 autorizar que la impugnaci贸n se haga m谩s de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las impugnaciones a la admisibilidad de una causa hechas al inicio del juicio, o posteriormente con la autorizaci贸n de la Corte, s贸lo podr谩n fundarse en el p谩rrafo 1 c) del Art铆culo 17.
5. El Estado a que se hace referencia en los apartados b) y c) del p谩rrafo 2 del presente art铆culo har谩 la impugnaci贸n lo antes posible.
6. Antes de la confirmaci贸n de los cargos, la impugnaci贸n de la admisibilidad de una causa o de la competencia de la Corte ser谩 asignada a la sala de Cuestiones Preliminares. Despu茅s de confirmados los cargos, ser谩 asignada a la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad podr谩n ser recurridas ante la Sala de Apelaciones de conformidad con el Art铆culo 82.
7. Si la impugnaci贸n es hecha por el Estado a que se hace referencia en los apartados b) o c) del p谩rrafo 2, el  Fiscal suspender谩 la investigaci贸n hasta que la Corte resuelva de conformidad con el Art铆culo 17.
8. Hasta que la Corte se pronuncie, el Fiscal podr谩 pedirle autorizaci贸n para:
a) Practicar las indagaciones necesarias de la 铆ndole mencionada en el p谩rrafo 6 del Art铆culo 18.
b) Tomar declaraci贸n a un testigo o recibir su testimonio, o completar la reuni贸n y el examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la impuganci贸n; y,
c) Impedir, en cooperaci贸n con los Estados que corresponda, que eludan la acci贸n de justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de detenci贸n en virtud del Art铆culo 58.
9. La impugnaci贸n no afectar谩 a la validez de ning煤n acto realizado por el Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la Corte, antes de ella.
10. Si la Corte hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con el Art铆culo 17, el Fiscal podr谩 pedir que se revise esa decisi贸n cuando se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los motivos por los cuales la causa hab铆a sido considerada inadmisible de conformidad con dicho art铆culo.
11. El fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el Art铆culo 17 suspende una investigaci贸n, podr谩 pedir que el Estado de que se trate le comunique informaci贸n sobre las actuaciones. A petici贸n de ese Estado, dicha informaci贸n ser谩 confidencial. El Fiscal, si decide posteriormente abrir una investigaci贸n, notificar谩 su decisi贸n al Estado cuyas actuaciones hayan dado origen a la suspensi贸n.
Art铆culo 20
Cosa juzgada
1. Salvo que en el presente Estatuto se disponga otra cosa, nadie ser谩 procesado por la Corte en raz贸n de conductas constitutivas de cr铆menes por los cuales ya hubiere sido condenado o absuelto por la Corte.
2. Nadie ser谩 procesado por otro tribunal en raz贸n de uno de los cr铆menes mencionados en el Art铆culo 5 por el cual la Corte ya le hubiere condenado o absuelto.
3. La Corte no procesar谩 a nadie que haya sido procesado por otro tribunal en raz贸n de hechos tambi茅n prohibidos en virtud de los Art铆culos 6, 7 u 8 a menos que el proceso en el otro tribunal:
a) Obedeciera al prop贸sito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por cr铆menes de la competencia de la Corte; o,
b) No hubiere sido instruida en forma independiente o imparcial de conformidad con las debidas garant铆as procesales reconocidas por el derecho internacional o lo hubiere sido de alguna manera que, en las circunstancias del caso, fuere incompatible con la intenci贸n de someter a la persona a la acci贸n de justicia.  
Art铆culo 21
Derecho aplicable
1. La Corte aplicar谩:
a) En primer lugar, el presente Estatuto, los Elementos del Crimen y sus Reglas del Procedimiento y Prueba;
b) En segundo lugar, cuando proceda, los tratados y los principios y normas de derecho internacional aplicables, incluidos los principios establecidos del derecho internacional de los conflictos armados;
c) En su defecto, los principios generales del derecho que derive la Corte del derecho interno de los sistemas jur铆dicos del mundo, incluido, cuando proceda, el derecho interno de los Estados que normalmente ejercer铆an jurisdicci贸n sobre el crimen siempre que esos principios no sean incompatibles con el presente Estatuto ni con el derecho internacional ni las normas y principios internacionalmente reconocidos.
2. La Corte podr谩 aplicar principios y normas de derecho respecto de los cuales hubiere hecho una interpretaci贸n en decisiones anteriores.
3. La aplicaci贸n e interpretaci贸n del derecho de conformidad con el presente art铆culo deber谩 ser compatible con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, sin distinci贸n alguna basada en motivos como el g茅nero, definido en el p谩rrafo 3 del Art铆culo 7, la edad, la raza, el color, la religi贸n o el credo, la opini贸n pol铆tica o de otra 铆ndole, el origen nacional, 茅tnico o social, la posici贸n econ贸mica, el nacimiento u otra condici贸n.
PARTE III. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO PENAL
Art铆culo 22
Nullum crimen sine lege
1. Nadie ser谩 penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto a menos que la conducta de que se trate constituya, en el momento en que tiene lugar, un crimen de la competencia de la Corte.
2. La definici贸n de crimen ser谩 interpretada estrictamente y no se har谩 extensiva por analog铆a. En caso de ambig眉edad, ser谩 interpretada a favor de la persona objeto de investigaci贸n, enjuiciamiento o condena. 
3. Nada de lo dispuesto en el presente art铆culo afectar谩 a la tipificaci贸n de una conducta como crimen de derecho internacional independientemente del presente Estatuto.
Art铆culo 23
Nulla poena sine lege
Quien sea declarado culpable por la Corte 煤nicamente podr谩 ser penado de conformidad con el presente Estatuto.
Art铆culo 24
Irretroactividad ratione personae
1. Nadie ser谩 penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor. 
2. De modificarse el derecho aplicable a una causa antes de que se dicte la sentencia definitiva, se aplicar谩n las disposiciones m谩s favorables a la persona objeto de la investigaci贸n, el enjuiciamiento o la condena.
Art铆culo 25
Responsabilidad penal individual
1. De conformidad con el presente Estatuto, la Corte tendr谩 competencia respecto de las personas naturales.
2. Quien cometa un crimen de la competencia de la Corte ser谩 responsable individualmente y podr谩 ser penado de conformidad con el presente Estatuto.
3. De conformidad con el presente Estatuto, ser谩 penalmente responsable y podr谩 ser penado por la comisi贸n de un crimen de la competencia de la Corte quien: 
a) Cometa ese crimen por s铆 solo, con otro o por conducto de otro, sea 茅ste o no penalmente responsable; 
b) Ordene, proponga o induzca la comisi贸n de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa;
c) Con el prop贸sito de facilitar la comisi贸n de ese crimen, sea c贸mplice o encubridor o colabore de alg煤n modo en la comisi贸n o la tentativa de comisi贸n del crimen, incluso suministrando los medios para su comisi贸n;
d) Contribuya de alg煤n otro modo en la comisi贸n o tentativa de comisi贸n del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad com煤n. La contribuci贸n deber谩 ser intencional y se har谩:
i) Con el prop贸sito de llevar a cabo la actividad o prop贸sito delictivo del grupo, cuando una u otro entra帽e la comisi贸n de un crimen de la competencia de la Corte; o 
ii) A sabiendas de que el grupo tiene la intenci贸n de cometer el crimen;
e) Respecto del crimen de genocidio, haga una instigaci贸n directa y p煤blica a que se cometa;
f) Intente cometer ese crimen mediante  actos que supongan un paso importante para su ejecuci贸n, aunque el crimen no se consume debido a circunstancias ajenas a su voluntad. Sin embargo, quien desista de la comisi贸n del crimen o impida de otra forma que se consuma no podr谩 ser penado de conformidad con el presente Estatuto por la tentativa si renunciare 铆ntegra y voluntariamente al prop贸sito delictivo.
4. Nada de lo dispuesto en el presente Estatuto respecto de la responsabilidad penal de las personas naturales afectar谩 a la responsabilidad del Estado conforme al derecho internacional.
Art铆culo 26
Exclusi贸n de los menores de dieciocho a帽os de la competencia de la Corte
La Corte no ser谩 competente respecto de los que fueren menores de dieciocho a帽os en el momento de la presunta comisi贸n del crimen.
Art铆culo 27
Improcedencia del cargo oficial
1. El presente Estatuto ser谩 aplicable por igual a todos sin distinci贸n alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en ning煤n caso la eximir谩 de responsabilidad penal ni constituir谩 per se motivo para reducir la pena.
2. Las inmunidades y las normas de procedimientos especiales que conlleve el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstar谩n para que la Corte ejerza su competencia sobre ella.
Art铆culo 28
Responsabilidad de los jefes y otros superiores
Adem谩s de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto por cr铆menes de la competencia de la Corte:
1. El jefe militar o el que act煤e efectivamente como jefe militar ser谩 penalmente responsable por los cr铆menes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, seg煤n sea el caso, en raz贸n de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando: 
a) Hubiere sabido o, en raz贸n de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos cr铆menes o se propon铆an cometerlos; y
b) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisi贸n o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigaci贸n y enjuiciamiento. 
2. En lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado distintas de las se帽aladas en el apartado a)  el superior ser谩 penalmente responsable por los cr铆menes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en raz贸n de no haber ejercido un control apropiado sobre  esos subordinados, cuando:
a) Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso omiso de informaci贸n que indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo esos cr铆menes o se propon铆an cometerlos;
b) Los cr铆menes guardaren relaci贸n con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo; y 
c) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisi贸n o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigaci贸n y enjuiciamiento.
Art铆culo 29
Imprescriptibilidad
Los cr铆menes de la competencia de la Corte no prescribir谩n.
Art铆culo 30
Elemento de intencionalidad
1. Salvo disposici贸n en contrario, una  persona ser谩 penalmente responsable y podr谩 ser penada por un crimen de la competencia de la Corte 煤nicamente si act煤a con intenci贸n y conocimiento de los elementos materiales del crimen.
2. A los efectos del presente art铆culo, se entiende que act煤a intencionalmente quien:
a) En relaci贸n con una conducta, se propone incurrir en ella;
b) En relaci贸n con una consecuencia, se propone causarla o es consciente de que se producir谩 en el curso normal de los acontecimientos.
3. A los efectos del presente art铆culo, por 鈥渃onocimiento鈥 se entiende la conciencia de que existe una circunstancia o se va a producir una consecuencia en el curso normal de los acontecimientos. Las palabras 鈥渁 sabiendas鈥 y 鈥渃on conocimiento鈥 se entender谩n en el mismo sentido.
Art铆culo 31
Circunstancias eximentes de responsabilidad penal
1. Sin perjuicio de las dem谩s circunstancias eximentes de responsabilidad penal establecidas en el presente Estatuto, no ser谩 penalmente responsable quien, en el momento de incurrir en una conducta:
a) Padeciere de una enfermedad o deficiencia mental que le prive de su capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza de su conducta, o de su capacidad para controlar esa conducta a fin de no transgredir la ley;
b) Estuviere en un estado de intoxicaci贸n que le prive de su capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza de su conducta, o de su capacidad para controlar esa conducta a fin de no transgredir la ley, salvo que se haya intoxicado voluntariamente a sabiendas de que, como resultado de la intoxicaci贸n, probablemente incurrir铆a en una conducta tipificada como crimen de la competencia de la Corte, o haya hecho caso omiso del riesgo de que ello ocurriere;
c) Actuare razonablemente en defensa propia o de un tercero o, en el caso de los cr铆menes de guerra, de un bien que fuese esencial para su supervivencia o la de un tercero o de un bien que fuese esencial para realizar una misi贸n militar, contra un uso inminente e il铆cito de la fuerza, en forma proporcional al grado de peligro para 茅l, un tercero o los bienes protegidos. El hecho de participar en una fuerza que realizare una operaci贸n de defensa no bastar谩 para constituir una circunstancia eximente de la responsabilidad penal de conformidad con el presente apartado;
d) Hubiere incurrido en una conducta que presuntamente constituya un crimen de la  competencia de la Corte como consecuencia de coacci贸n dimanante de una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves para 茅l u otra persona, y en que se vea compelido a actuar necesaria y razonablemente para evitar esa amenaza, siempre que no tuviera la intenci贸n de causar un da帽o mayor que el que se propon铆a evitar. Esa amenaza podr谩:
i) Haber sido hecha por otras personas; o
ii) Estar constituida por otras circunstancias ajenas a su control.
2. La Corte determinar谩 si las circunstancias eximentes de responsabilidad penal admitidas por el presente Estatuto son aplicables en la causa de que est茅 conociendo.
3. En el juicio, la Corte podr谩 tener en cuenta una circunstancia eximente de responsabilidad penal distinta de las indicadas en el p谩rrafo 1, siempre que dicha circunstancia se desprenda del derecho aplicable de conformidad con el Art铆culo 21. El procedimiento para el examen de una circunstancia eximente de este tipo se establecer谩 en las Reglas de Procedimiento y Prueba.
Art铆culo 32
Error de hecho o error de derecho
1. El error de hecho eximir谩 de responsabilidad penal 煤nicamente si hace desaparecer el elemento de intencionalidad requerido por el crimen.
2. El error de derecho acerca de si un determinado tipo de conducta constituye un crimen de la competencia de la Corte no se considerar谩 eximente. Con todo, el error de derecho podr谩 considerarse eximente si hace desaparecer el elemento de intencionalidad requerido por ese crimen o si queda comprendido en lo dispuesto en el Art铆culo 33 del presente Estatuto.
Art铆culo 33
脫rdenes superiores y disposiciones legales
1. Quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea militar o civil, no ser谩 eximido de responsabilidad penal a menos que:
a) Estuviere obligado por ley a obedecer 贸rdenes emitidas por el gobierno o el superior de que se trate;
b) No supiera que la orden era il铆cita; y
c) La orden no fuera manifestante il铆cita.
2. A los efectos del presente art铆culo, se entender谩 que las 贸rdenes de cometer genocidio o cr铆menes de lesa humanidad son manifiestamente il铆citas.
PARTE IV. DE LA COMPOSICI脫N Y ADMINISTRACI脫N DE LA CORTE
Art铆culo 34
脫rganos de la Corte
La Corte estar谩 compuesta de los 贸rganos siguientes:
a) La Presidencia;
b) Una Secci贸n de Apelaciones, una Secci贸n de Primera Instancia y una Secci贸n de Cuestiones Preliminares;
c) La Fiscal铆a;
d) La Secretar铆a.
Art铆culo 35
Desempe帽o del cargo de magistrado
1. Todos los magistrados ser谩n elegidos miembros de la Corte en r茅gimen de dedicaci贸n exclusiva y estar谩n disponibles para desempe帽ar su cargo en ese r茅gimen desde que comience su mandato.
2. Los magistrados que constituyan la Presidencia desempe帽ar谩n sus cargos en r茅gimen de dedicaci贸n exclusiva tan pronto como sean elegidos.
3. La Presidencia podr谩, en funci贸n del volumen de trabajo de la Corte, y en consulta con los miembros de 茅sta, decidir por cu谩nto tiempo ser谩 necesario que los dem谩s magistrados desempe帽en sus cargos en r茅gimen de dedicaci贸n exclusiva. Las decisiones que se adopten en ese sentido se entender谩n sin perjuicio de lo dispuesto en el Art铆culo 49.
4. Las disposiciones financieras relativas a los magistrados que no deban desempe帽ar sus cargos en r茅gimen de dedicaci贸n exclusiva ser谩n adoptadas de conformidad con el Art铆culo 49.
Art铆culo 36
Condiciones que han de reunir los magistrados,
candidaturas y elecci贸n de los magistrados
1. Con sujeci贸n a lo dispuesto en el p谩rrafo 2, la Corte estar谩 compuesta de 18 magistrados.
2. a) La Presidencia, actuando en nombre de la Corte, podr谩 proponer que aumente el n煤mero de magistrados indicado en el p谩rrafo 1 y se帽alar谩 las razones por las cuales considera necesario y apropiado ese aumento. El Secretario distribuir谩 prontamente la propuesta a todos los Estados Partes;
b) La propuesta ser谩 examinada en una sesi贸n de la Asamblea de los Estados Partes que habr谩 de convocarse de conformidad con el Art铆culo 112. La propuesta, que deber谩 ser aprobada en la sesi贸n por una mayor铆a de dos tercios de los Estados Partes, entrar谩 en vigor en la fecha en que decida la Asamblea;
c) i) Una vez que se haya aprobado una propuesta para aumentar el n煤mero de magistrados con arreglo al apartado b), la elecci贸n de los nuevos magistrados se llevar谩 a cabo en el siguiente per铆odo de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes, de conformidad con los p谩rrafos 3 a 8 del presente art铆culo y con el p谩rrafo 2 del Art铆culo 37;
ii) Una vez que se haya aprobado y haya entrado en vigor una propuesta para aumentar el n煤mero de magistrados con arreglo a los apartados b) y c) i), la Presidencia podr谩 en cualquier momento, si el volumen de trabajo de la Corte lo justifica, proponer que se reduzca el n煤mero de magistrados siempre que ese n煤mero no sea inferior al indicado en el p谩rrafo 1. La propuesta ser谩 examinada de conformidad con el procedimiento establecido en los apartados a) y b). De ser aprobada, el n煤mero de magistrados se reducir谩 progresivamente a medida que expiren los mandatos y hasta que se llegue al n煤mero debido.
3. a) Los magistrados ser谩n elegidos entre personas de alta consideraci贸n moral, imparcialidad e integridad que re煤nan las condiciones requeridas para el ejercicio de las m谩s altas funciones judiciales en sus respectivos pa铆ses;
b) Los candidatos a magistrados deber谩n tener:
i) Reconocida competencia en derecho y procedimientos penales y la necesaria experiencia en causas penales en calidad de magistrado, fiscal, abogado u otra funci贸n similar; o
ii) Reconocida competencia en materias pertinentes de derecho internacional, tales como el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos, as铆 como gran experiencia en funciones jur铆dicas profesionales que tengan relaci贸n con la labor judicial de la Corte;
c) Los candidatos a magistrados deber谩n tener un excelente conocimiento y dominio de por lo menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.
4. a) Cualquier Estado Parte en el presente Estatuto podr谩 proponer candidatos en las elecciones para magistrado de la Corte mediante:
i) El procedimiento previsto para proponer candidatos a los m谩s altos cargos judiciales del pa铆s; o
ii) El procedimiento previsto en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia para proponer candidatos a esa Corte.
Las propuestas deber谩n ir acompa帽adas de una exposici贸n detallada acerca del grado en que el candidato cumple los requisitos enunciados en el p谩rrafo 3;
b) Un Estado Parte podr谩 proponer un candidato que no tenga necesariamente su nacionalidad, pero que en todo caso sea nacional de un Estado Parte;
c) La Asamblea de los Estados Partes podr谩 decidir que se establezca un comit茅 asesor para las candidaturas. En ese caso, la Asamblea de los Estados Partes determinar谩 la composici贸n y el mandato del Comit茅.
5. A los efectos de la elecci贸n se har谩n dos listas de candidatos:
La lista A, con los nombres de los candidatos que re煤nan los requisitos enunciados en el apartado b) i) del p谩rrafo 3; y
La lista B, con los nombres de los candidatos que re煤nan los requisitos enunciados en el apartado b) ii) del p谩rrafo 3.
El candidato que re煤na los requisitos requeridos para ambas listas podr谩 elegir en cual desea figurar. En la primera elecci贸n de miembros de la Corte, por lo menos nueve magistrados ser谩n elegidos entre los candidatos de la lista A y por lo menos cinco ser谩n elegidos entre los de la lista B. Las elecciones subsiguientes se organizar谩n de manera que se mantenga en la Corte una proporci贸n equivalente de magistrados de ambas listas.
6. a) Los magistrados ser谩n elegidos por votaci贸n secreta en una sesi贸n de la Asamblea de los Estados Partes convocada con ese fin con arreglo al Art铆culo 112. Con sujeci贸n a lo dispuesto en el p谩rrafo 7, ser谩n elegidos los dieciocho candidatos que obtengan el mayor n煤mero de votos y una mayor铆a de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes;
b) En el caso de que en la primera votaci贸n no resulte elegido un n煤mero suficiente de magistrados, se proceder谩 a nuevas votaciones de conformidad con los procedimientos establecidos en el apartado a) hasta cubrir los puestos restantes.
7. No podr谩 haber dos magistrados que sean nacionales del mismo Estado. Toda persona que, para ser elegida magistrado, pudiera ser considerada nacional de m谩s de un Estado, ser谩 considerada nacional del Estado donde ejerza habitualmente sus derechos civiles y pol铆ticos.
8. a) Al seleccionar a los magistrados, los Estados Partes tendr谩n en cuenta la necesidad de que en la composici贸n de la Corte haya:
i) Representaci贸n de los principales sistemas jur铆dicos del mundo;
ii) Distribuci贸n geogr谩fica equitativa; y
iii) Representaci贸n equilibrada de magistrados mujeres y hombres;
b) Los Estados Partes tendr谩n tambi茅n en cuenta la necesidad de que haya en la Corte magistrados que sean juristas especializados en temas concretos que incluyan, entre otros, la violencia contra las mujeres o los ni帽os.
9. a) Con sujeci贸n a lo dispuesto en el apartado b), los magistrados ser谩n elegidos por un mandato de nueve a帽os y, con sujeci贸n al apartado c) y el p谩rrafo 2 del Art铆culo 37, no podr谩n ser reelegidos;
b) En la primera elecci贸n, un tercio de los magistrados elegidos ser谩 seleccionado por sorteo para desempe帽ar un mandato de tres a帽os, un tercio de los magistrados ser谩 seleccionado por sorteo para desempe帽ar un mandato de seis a帽os y el resto y desempe帽ar谩 un mandato de nueve a帽os;
c) Un magistrado para desempe帽ar un mandato de tres a帽os de conformidad con el apartado b) podr谩 ser reelegido por un mandato completo.
10. No obstante lo dispuesto en el p谩rrafo 9, un magistrado asignado a una sala de Primera Instancia o una sala de Apelaciones de conformidad con el Art铆culo 39 seguir谩 en funciones a fin de llevar a t茅rmino el juicio o la apelaci贸n de los que haya comenzado a conocer en esa sala.
Art铆culo 37
Vacantes
1. En caso de producirse una vacante se celebrar谩 una elecci贸n de conformidad con el Art铆culo 36 para cubrirla.
2. El magistrado elegido para cubrir una vacante desempe帽ar谩 el cargo por el resto del mandato de su predecesor y, si 茅ste fuera de tres a帽os o menos, podr谩 ser reelegido por un mandato completo con arreglo al art铆culo 36.
Art铆culo 38
Presidencia
1. El Presidente, el Vicepresidente primero y el Vicepresidente segundo ser谩n elegidos por mayor铆a absoluta de los magistrados. Cada uno desempe帽ar谩 su cargo por un per铆odo de tres a帽os o hasta el t茅rmino de su mandato como magistrado, si 茅ste se produjere antes. Podr谩n ser reelegidos una vez.
2. El Vicepresidente primero sustituir谩 al Presidente cuando 茅ste se halle en la imposibilidad de ejercer sus funciones o haya sido recusado. El Vicepresidente segundo sustituir谩 al Presidente cuando 茅ste y el Vicepresidente primero se hallen en la imposibilidad de ejercer sus funciones o hayan sido recusados.
3. El Presidente, el Vicepresidente primero y el Vicepresidente segundo constituir谩n la Presidencia, que estar谩 encargada de:
a) La correcta administraci贸n de la Corte, con excepci贸n de la Fiscal铆a; y 
b) Las dem谩s funciones que se le confieren de conformidad con el presente Estatuto.
4. En el desempe帽o de sus funciones enunciadas en el p谩rrafo 3 a), la Presidencia actuar谩 en coordinaci贸n con el Fiscal y recabar谩 su aprobaci贸n en todos los asuntos de inter茅s mutuo.
Art铆culo 39
Las salas
1. Tan pronto como sea posible despu茅s de la elecci贸n de los magistrados, la Corte se organizar谩 en las secciones indicadas en el Art铆culo 34 b). La Secci贸n de Apelaciones se compondr谩 del Presidente y otros cuatro magistrados, la Secci贸n de Primera  Instancia de no menos de seis magistrados y la Secci贸n de Cuestiones Preliminares de no menos de seis magistrados. Los magistrados ser谩n asignados a las secciones seg煤n la naturaleza de las funciones que corresponder谩n a cada una y sus respectivas calificaciones y experiencia, de manera que en cada secci贸n haya una combinaci贸n apropiada de especialistas en derecho y procedimientos penales y en derecho internacional. La Secci贸n de Primera Instancia y la Secci贸n de Cuestiones Preliminares estar谩n integradas predominantemente por magistrados que tengan experiencia en procedimiento penal.
2. a) Las funciones judiciales de la Corte ser谩n realizadas en cada secci贸n por las Salas;
b) i) La Sala de Apelaciones se compondr谩 de todos los magistrados de la Secci贸n de Apelaciones;
ii) Las funciones de la Sala de Primera Instancia ser谩n realizadas por tres magistrados de la Secci贸n de Primera Instancia;
iii) Las funciones de la Sala de Cuestiones Preliminares ser谩n realizadas por tres magistrados de la Secci贸n de Cuestiones Preliminares o por un solo magistrado de dicha Secci贸n, de conformidad con el presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba;
c) Nada de lo dispuesto en el presente p谩rrafo obstar谩 a que se constituyan simult谩neamente m谩s de una Sala de Primera Instancia o Sala de Cuestiones Preliminares cuando la gesti贸n eficiente del trabajo de la Corte as铆 lo requiera.
3. a) Los magistrados asignados a las Secciones de Primera Instancia y de Cuestiones Preliminares desempe帽ar谩n el cargo en esas Secciones por un per铆odo de tres a帽os, y posteriormente hasta llevar a t茅rmino cualquier causa de la que hayan empezado a conocer en la secci贸n de que se trate;
b) Los magistrados asignados a la Secci贸n de Apelaciones desempe帽ar谩n el cargo en esa Secci贸n durante todo su mandato.
4. Los magistrados asignados a la Secci贸n de Apelaciones desempe帽ar谩n el cargo 煤nicamente en esa Secci贸n. Nada de lo dispuesto en el presente art铆culo obstar谩, sin embargo, a que se asignen temporalmente magistrados de la Secci贸n de Primera Instancia a la Secci贸n de Cuestiones Preliminares, o a la inversa, si la Presidencia considera que la gesti贸n eficiente del trabajo de la Corte as铆 lo requiere, pero en ning煤n caso podr谩 formar parte de la Sala de Primera Instancia que conozca de una causa un magistrado que haya participado en la etapa preliminar.
Art铆culo 40
Independencia de los magistrados
1.  Los magistrados ser谩n independientes en el desempe帽o de sus funciones.
2. Los magistrados no realizar谩n actividad alguna que pueda ser incompatible con el ejercicio de sus funciones judiciales o menoscabar la confianza en su independencia.
3. Los magistrados que tengan que desempe帽ar sus cargos en r茅gimen de dedicaci贸n exclusiva en la sede de la Corte no podr谩n desempe帽ar ninguna otra ocupaci贸n de car谩cter profesional.
4. Las cuestiones relativas a la aplicaci贸n de los p谩rrafos 2 y 3 ser谩n dirimidas por mayor铆a absoluta de los magistrados. El magistrado al que se refiera una de estas cuestiones no participar谩 en la adopci贸n de la decisi贸n.
Art铆culo 41
Dispensa y recusaci贸n de los magistrados
1. La Presidencia podr谩, a petici贸n de un magistrado, dispensarlo del ejercicio de algunas de las funciones que le confiere el presente Estatuto, de conformidad con las Reglas de Procesamiento y Prueba.
2. a) Un magistrado no participar谩 en ninguna causa en que, por cualquier motivo, pueda razonablemente ponerse en duda su imparcialidad. Un magistrado ser谩 recusado de conformidad con lo dispuesto en el presente p谩rrafo, entre otras razones, si hubiese intervenido anteriormente, en cualquier calidad, en una causa de la que la Corte estuviere conociendo o en una causa penal conexa sustanciada a nivel nacional y que guardare relaci贸n con la persona objeto de investigaci贸n o enjuiciamiento. Un magistrado ser谩 tambi茅n recusado por los dem谩s motivos que se establezcan en las Reglas de Procedimiento y Prueba;
b) El Fiscal o la persona objeto de investigaci贸n o enjuiciamiento podr谩 pedir la recusaci贸n de un magistrado con arreglo a lo dispuesto en el presente p谩rrafo;
c) Las cuestiones relativas a la recusaci贸n de un magistrado ser谩n dirimidas por mayor铆a absoluta de los magistrados. El magistrado cuya recusaci贸n se pida tendr谩 derecho a hacer observaciones sobre la cuesti贸n, pero no tomar谩 parte en la decisi贸n. 
Art铆culo 42
La Fiscal铆a
1. La Fiscal铆a actuar谩 en forma independiente como 贸rgano separado de la Corte. Estar谩 encargada de recibir remisiones e informaci贸n corroborada sobre cr铆menes de la competencia de la Corte para examinarlas y realizar investigaciones o ejercitar la acci贸n penal ante la Corte. Los miembros de la Fiscal铆a no solicitar谩n ni cumplir谩n instrucciones de fuente ajenas a la Corte.
2. La Fiscal铆a estar谩 dirigida por el Fiscal. El Fiscal tendr谩 plena autoridad para dirigir y administrar la Fiscal铆a, con inclusi贸n del personal, las instalaciones y otros recursos. El Fiscal contar谩 con la ayuda de uno o m谩s fiscales adjuntos, que podr谩n desempe帽ar cualquiera de las funciones que le correspondan de conformidad con el presente Estatuto.
El Fiscal y los fiscales adjuntos tendr谩n que ser de diferentes nacionalidades y desempe帽ar谩n su cargo en r茅gimen de dedicaci贸n exclusiva.
3. El Fiscal y los fiscales adjuntos ser谩n personas que gocen de alta consideraci贸n moral, que posean un alto nivel de competencia y tengan extensa experiencia pr谩ctica en el ejercicio de la acci贸n penal o la substanciaci贸n de causas penales. Deber谩n tener un excelente conocimiento y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.
4. El Fiscal ser谩 elegido en votaci贸n secreta y por mayor铆a absoluta de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes. Los fiscales adjuntos ser谩n elegidos en la misma forma de una lista de candidatos presentada por el Fiscal. El Fiscal propondr谩 tres candidatos para cada puesto de fiscal adjunto que deba cubrirse. Salvo que en el momento de la elecci贸n se fije un per铆odo m谩s breve, el Fiscal y los fiscales adjuntos desempe帽ar谩n su cargo por un per铆odo de nueve a帽os y no podr谩n ser reelegidos.
5. El Fiscal y los fiscales adjuntos no realizar谩n actividad alguna que pueda interferir en el ejercicio de sus funciones o menoscabar la confianza en su independencia. No podr谩n desempe帽ar ninguna otra ocupaci贸n de car谩cter profesional.
6. La Presidencia podr谩, a petici贸n del Fiscal o de un fiscal adjunto, dispensarlos de intervenir en una causa determinada.
7. El Fiscal y los fiscales adjuntos no participar谩n en ning煤n asunto en que, por cualquier motivo, pueda razonablemente ponerse en duda su imparcialidad. Ser谩n recusados de conformidad con lo dispuesto en el presente p谩rrafo, entre otras razones, si hubiesen intervenido anteriormente, en cualquier calidad, en una causa de que la Corte estuviere conociendo o en una causa penal conexa substanciada a nivel nacional y que guardare relaci贸n con la persona objeto de investigaci贸n o enjuiciamiento.
8. Las cuestiones relativas a la recusaci贸n del Fiscal o de un fiscal adjunto ser谩n dirimidas por la Sala de Apelaciones:
a) La persona objeto de investigaci贸n o enjuiciamiento podr谩 en cualquier momento pedir la recusaci贸n del Fiscal o de un fiscal adjunto por los motivos establecidos en el presente art铆culo;
b) El Fiscal o el fiscal adjunto, seg煤n proceda, tendr谩n derecho a hacer observaciones sobre la cuesti贸n.
9. El Fiscal nombrar谩 asesores jur铆dicos especialistas en determinados temas como, por ejemplo, violencia sexual, violencia por razones de g茅nero y violencia contra los ni帽os.
Art铆culo 43
La Secretar铆a
1. La Secretar铆a, sin perjuicio de las funciones y atribuciones del Fiscal de conformidad con lo dispuesto en el Art铆culo 42, estar谩 encargada de los aspectos no judiciales de la administraci贸n de la Corte y de prestarle servicios.
2. La Secretar铆a ser谩 dirigida por el Secretario, que ser谩 el principal funcionario administrativo de la Corte. El secretario ejercer谩 sus funciones bajo la autoridad del Presidente de la Corte.
3. El Secretario y el Secretario Adjunto deber谩n ser personas que gocen de consideraci贸n moral y tener un alto nivel de competencia y un excelente conocimiento y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.
4. Los magistrados elegir谩n al Secretario en votaci贸n secreta por mayor铆a absoluta y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Asamblea de los Estados Partes. De ser necesario elegir谩n, por recomendaci贸n del Secretario y con arreglo al mismo procedimiento, un Secretario Adjunto.
5. El Secretario ser谩 elegido por un per铆odo de cinco a帽os en r茅gimen de dedicaci贸n exclusiva y podr谩 ser reelegido una sola vez. El Secretario Adjunto ser谩 elegido por un per铆odo de cinco a帽os, o por uno m谩s breve, si as铆 lo deciden los magistrados por mayor铆a absoluta, en el entendimiento de que prestar谩 sus servicios seg煤n sea necesario.
6. El Secretario establecer谩 una Dependencia de V铆ctimas y Testigos dentro de la Secretar铆a. Esta Dependencia, en consulta con la Fiscal铆a, adoptar谩 medidas de protecci贸n y dispositivos de seguridad y prestar谩 asesoramiento y otro tipo de asistencia a testigos y v铆ctimas que comparezcan ante la Corte, y a otras personas que est茅n en peligro en raz贸n del testimonio prestado. La Dependencia contar谩 con personal especializado para atender a las v铆ctimas de traumas, incluidos los relacionados con delitos de violencia sexual.
Art铆culo 44
El personal
1. El Fiscal y el Secretario nombrar谩n los funcionarios calificados que sean necesarios en sus respectivas oficinas. En el caso del Fiscal, ello incluir谩 el nombramiento de investigadores.
2. En el nombramiento de los funcionarios, el Fiscal y el Secretario velar谩n por el m谩s alto grado de eficiencia, competencia e integridad y tendr谩n en cuenta, mutatis mutandis, los criterios establecidos en el p谩rrafo 8 del Art铆culo 36.
3. El Secretario, con la anuencia de la Presidencia y del Fiscal, propondr谩 un reglamento del personal que establecer谩 las condiciones en que el personal de la Corte ser谩 designado, remunerado o separado del servicio. El reglamento del personal estar谩 sujeto a la aprobaci贸n de la Asamblea de los Estados Partes.
4. La Corte podr谩, en circunstancias excepcionales, recurrir a la pericia de personal proporcionado gratuitamente por Estados Partes, organizaciones intergubernamentales u organizaciones no gubernamentales para que colabore en la labor de cualquiera de los 贸rganos de la Corte. El Fiscal podr谩 aceptar ofertas de esa 铆ndole en nombre de la Fiscal铆a. El personal proporcionado gratuitamente ser谩 empleado de conformidad con directrices que ha de establecer la Asamblea de los Estados Partes.
Art铆culo 45
Promesa solemne
Antes de asumir las obligaciones del cargo de conformidad con el presente Estatuto, los magistrados, el Fiscal, los fiscales adjuntos, el secretario y el secretario adjunto declarar谩n solemnemente y en sesi贸n p煤blica que ejercer谩n sus atribuciones con toda imparcialidad y conciencia.
Art铆culo 46
Separaci贸n del cargo
1. Un magistrado, el Fiscal, un fiscal adjunto, el secretario o el secretario adjunto ser谩 separado del cargo si se adopta una decisi贸n a tal efecto de conformidad con lo dispuesto en el p谩rrafo 2 cuando se determine que:
a) Ha incurrido en falta grave o en incumplimiento grave de las funciones que le confiere el presente Estatuto y seg煤n lo establecido en las Reglas de Procedimiento y Prueba; o 
b) Est谩 imposibilitado de desempe帽ar las funciones descritas en el presente Estatuto.
2. La decisi贸n de separar del cargo a un magistrado, el fiscal o un fiscal adjunto de conformidad con el p谩rrafo 1 ser谩 adoptado por la Asamblea de los Estados Partes en votaci贸n secreta:
a) En el caso de un magistrado, por mayor铆a de dos tercios de los Estados Partes y previa recomendaci贸n aprobada por mayor铆a de dos tercios de los dem谩s magistrados;
b) En el caso del Fiscal, por mayor铆a absoluta de los Estados Partes;
c) En el caso de un fiscal adjunto; por mayor铆a absoluta de los Estados Partes y previa recomendaci贸n del Fiscal.
3. La decisi贸n de separar del cargo al secretario o a un secretario adjunto ser谩 adoptada por mayor铆a absoluta de los magistrados.
4. El magistrado, Fiscal, fiscal adjunto, secretario o secretario adjunto cuya conducta o cuya idoneidad para el ejercicio de las funciones del cargo de conformidad con el presente Estatuto haya sido impugnada en virtud del presente art铆culo podr谩 presentar y obtener pruebas y presentar escritos de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba; sin embargo, no podr谩 participar por ning煤n otro concepto en el examen de la cuesti贸n.
Art铆culo 47
Medidas disciplinarias
El magistrado, Fiscal, fiscal adjunto, secretario o secretario adjunto que haya incurrido en una falta menos grave que la establecida en el p谩rrafo 1 del Art铆culo 46 ser谩 objeto de medidas disciplinarias de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
Art铆culo 48
Privilegios e inmunidades
1. La Corte gozar谩 en el territorio de cada Estado Parte de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
2. Los Magistrados, el Fiscal, los Fiscales Adjuntos y los Secretarios gozar谩n, cuando act煤en en el desempe帽o de sus funciones o en relaci贸n con ellas, de los mismos privilegios e inmunidades reconocidos a los jefes de las misiones diplom谩ticas y, una vez expirado su mandato, seguir谩n gozando de absoluta inmunidad judicial por las declaraciones que hagan oralmente o por escrito y los actos que realicen en el desempe帽o de sus funciones oficiales.
3. El Secretario Adjunto, el personal de la Fiscal铆a y el personal de la Secretar铆a gozar谩n de los privilegios e inmunidades y de las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con el acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte.
4. Los abogados, peritos, testigos u otras personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte ser谩n objeto del tratamiento que sea necesario para el funcionamiento adecuado de la Corte, de conformidad con el acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte.
5. Se podr谩 renunciar a los privilegios e inmunidades:
a) En el caso de un magistrado o el Fiscal, por decisi贸n de la mayor铆a absoluta de los magistrados;
b) En el caso del Secretario, por la Presidencia;
c) En el caso de los fiscales adjuntos y el personal de la fiscal铆a, por el Fiscal;
d) En el caso del secretario adjunto y el personal de la secretar铆a, por el secretario.
Art铆culo 49
Sueldo, estipendios y dietas
Los magistrados, el Fiscal, los fiscales adjuntos, el secretario y el secretario adjunto percibir谩n los sueldos, estipendios y dietas que decida la Asamblea de los Estados Partes. Esos sueldos y estipendios no ser谩n reducidos en el curso de su mandato.
Art铆culo 50
Idiomas oficiales y de trabajo
1. Los idiomas oficiales de la Corte ser谩n el 谩rabe, el chino, el espa帽ol, el franc茅s, el ingl茅s y el ruso. Las sentencias de la Corte, as铆 como las otras decisiones que resuelvan cuestiones fundamentales de que conozca  la Corte, ser谩n publicadas en los idiomas oficiales. La Presidencia, de conformidad con los criterios establecidos en las Reglas de Procedimiento y Prueba, determinar谩 cuales son las decisiones que resuelven cuestiones fundamentales a los efectos del presente p谩rrafo.
2. Los idiomas de trabajo de la Corte ser谩n el franc茅s y el ingl茅s. En las Reglas de Procedimiento y Prueba se determinar谩 en qu茅 casos podr谩 utilizarse como idioma de trabajo otros idiomas oficiales.
3. La Corte autorizar谩 a cualquiera de las partes o cualquiera de los Estados a que se haya permitido intervenir en un procedimiento, previa solicitud de ellos, a utilizar un idioma distinto del franc茅s o el ingl茅s, siempre que considere que esta autorizaci贸n est谩 adecuadamente justificada.
Art铆culo 51
Reglas de Procedimiento y Prueba
1. Las Reglas de Procedimiento y Prueba entrar谩n en vigor tras su aprobaci贸n por mayor铆a de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes.
2. Podr谩n proponer enmiendas a las Reglas de Procedimiento y Prueba:
a) Cualquier Estado Parte;
b) Los magistrados, por mayor铆a absoluta; o
c) El Fiscal.
Las enmiendas entrar谩n en vigor tras su aprobaci贸n en la Asamblea de los Estados Partes por mayor铆a de dos tercios.
3. Una vez aprobadas las Reglas de Procedimiento y Prueba, en casos urgentes y cuando 茅stas no resuelvan una situaci贸n concreta suscitada en la Corte, los magistrados podr谩n, por una mayor铆a de dos tercios, establecer reglas provisionales que se aplicar谩n hasta que la Asamblea de los Estados Partes las apruebe, enmiende o rechace en su siguiente per铆odo ordinario o extraordinario de sesiones.
4. Las Reglas de Procedimiento y Prueba, las enmiendas a ellas y las reglas provisionales deber谩n estar en consonancia con el presente Estatuto. Las enmiendas a las Reglas de Procedimiento y Prueba, as铆 como las reglas provisionales aprobadas de conformidad con el p谩rrafo 3, no se aplicar谩n retroactivamente en detrimento de la persona que sea objeto de la investigaci贸n o el enjuiciamiento o que haya sido condenada.
5. En caso de conflicto entre las disposiciones del Estatuto y las de las Reglas de Procedimiento y Prueba, prevalecer谩 el Estatuto.
Art铆culo 52
Reglamento de la Corte
1. Los magistrados, de conformidad con el presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba, aprobar谩n por mayor铆a absoluta el Reglamento de la Corte que sea necesario para su funcionamiento ordinario.
2. Se consultar谩 al Fiscal y al Secretario en la preparaci贸n del Reglamento y de cualquier enmienda de 茅l.
3. El Reglamento y sus enmiendas entrar谩n en vigor al momento de su aprobaci贸n, a menos que los magistrados decidan otra cosa. Inmediatamente despu茅s de su aprobaci贸n, ser谩n distribuidos a los Estados Partes para recabar sus observaciones. Se mantendr谩n en vigor si en un plazo de seis meses no se han recibido objeciones de una mayor铆a de los Estados Partes.
PARTE  V.   DE LA INVESTIGACI脫N Y EL ENJUICIAMIENTO
Art铆culo 53
Inicio de una investigaci贸n
1. El Fiscal, despu茅s de evaluar la informaci贸n de que disponga, iniciar谩 una investigaci贸n a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo al presente Estatuto. Al decidir si ha de iniciar una investigaci贸n, el Fiscal tendr谩 en cuenta si:
a) La informaci贸n de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se est谩 cometiendo un crimen de la competencia de la Corte;
b) La causa es o ser铆a admisible de conformidad con el Art铆culo 17;
c) Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las v铆ctimas, una investigaci贸n no redundar铆a en inter茅s de la justicia;
El Fiscal si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigaci贸n y la determinaci贸n se basare 煤nicamente en el apartado c), lo comunicar谩 a la Sala de Cuestiones Preliminares.
2. Si, tras la investigaci贸n, el Fiscal llega a la conclusi贸n de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento, ya que:
a) No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detenci贸n o de comparencia de conformidad con el Art铆culo 58;
b) La  causa es inadmisible de conformidad con el Art铆culo 17; o
c) El enjuiciamiento no redundar铆a en inter茅s de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las v铆ctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participaci贸n en el presunto crimen.
Notificar谩 su conclusi贸n motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y a Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el Art铆culo 14 o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el p谩rrafo b) del Art铆culo 13.
3. a) A petici贸n del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al Art铆culo 14 o del Consejo de Seguridad de conformidad con el p谩rrafo b) del Art铆culo 13, la sala de Cuestiones Preliminares podr谩 examinar la decisi贸n del Fiscal de no proceder a la investigaci贸n de conformidad con el p谩rrafo 1 o el p谩rrafo 2 y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisi贸n;
b) Adem谩s, la Sala de Cuestiones Preliminares podr谩, de oficio, revisar una decisi贸n del Fiscal de no proceder a la investigaci贸n si dicha decisi贸n se basare 煤nicamente en el p谩rrafo 1 c) o en el p谩rrafo 2 c).  En ese caso, la decisi贸n del Fiscal 煤nicamente surtir谩 efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.
4. El Fiscal podr谩 reconsiderar en cualquier momento su decisi贸n de iniciar una investigaci贸n o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.
Art铆culo 54
Funciones y atribuciones del Fiscal con respecto a las investigaciones
1. El Fiscal:
a) A fin de establecer la veracidad de los hechos, podr谩 ampliar la investigaci贸n a todos los hechos y las pruebas que sean pertinentes para determinar si hay responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto y, a esos efectos, investigar谩 tanto las circunstancias incriminantes como las eximentes;
b) Adoptar谩 medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la investigaci贸n y el enjuiciamiento de los cr铆menes de la competencia de la Corte. A esos efectos, respetar谩 los intereses y las circunstancias personales de v铆ctimas y testigos, entre otros la edad, el g茅nero, definido en el p谩rrafo 31 del Art铆culo 7, y la salud, y tendr谩 en cuenta la naturaleza de los cr铆menes, en particular los de violencia sexual, violencia por razones de g茅nero y violencia contra los ni帽os; y
c) Respetar谩 plenamente los derechos que confiere a las personas el presente Estatuto.
2. El Fiscal podr谩 realizar investigaciones en el territorio de un Estado:
a) De conformidad con las disposiciones de la Parte IX; o
b) Seg煤n lo autorice la Sala de Cuestiones Preliminares de conformidad con el p谩rrafo 3 d) del Art铆culo 57.
3. El Fiscal podr谩:
a) Reunir y examinar pruebas;
b) Hacer comparecer e interrogar a las personas objeto de investigaci贸n, las v铆ctimas y los testigos;
c) Solicitar la cooperaci贸n de un Estado u organizaci贸n o acuerdo intergubernamental de conformidad con su respectiva competencia o mandato;
d) Concertar las disposiciones o los acuerdos compatibles con el presente Estatuto que sean necesarios para facilitar la cooperaci贸n de un Estado, una organizaci贸n intergubernamental o una persona;
e) Convenir en que no divulgar谩 en ninguna etapa del procedimiento los documentos o la informaci贸n que obtenga a condici贸n de preservar su car谩cter confidencial y 煤nicamente a los efectos de obtener nuevas pruebas, salvo con el acuerdo de quien haya facilitado la informaci贸n; y
f) Adoptar o pedir que se adopten las medidas necesarias para asegurar el car谩cter confidencial de la informaci贸n, la protecci贸n de una persona o la preservaci贸n de las pruebas.
Art铆culo 55
Derechos de las personas durante la investigaci贸n
1. En las investigaciones realizadas de conformidad con el presente Estatuto:
a) Nadie ser谩 obligado a declarar contra s铆 mismo ni a declararse culpable;
b) Nadie ser谩 sometido a forma alguna de coacci贸n, intimidaci贸n o amenaza, a torturas ni a otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes; 
c) Quien haya de ser interrogado en un idioma que no sea el que comprende y habla perfectamente contar谩, sin cargo alguno, con los servicios de un int茅rprete competente y las traducciones que sean necesarias a los efectos de cumplir el requisito de equidad;
d) Nadie ser谩 sometido a arresto o detenci贸n arbitrarios ni ser谩 privado de su libertad salvo por los motivos previstos en el presente Estatuto y de conformidad con los procedimientos establecidos en 茅l.
2. Cuando haya motivos para creer que una persona ha cometido un crimen de la competencia de la Corte y esa persona haya de ser interrogada por el Fiscal o las autoridades nacionales, en cumplimiento de una solicitud hecha de conformidad con lo dispuesto en la Parte IX, tendr谩 adem谩s los derechos siguientes, de los que ser谩 informada antes del interrogatorio:
a) A ser informada de que existen motivos para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte;
b) A guardar silencio, sin que ellos pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia;
c) A ser asistida por un abogado defensor de su elecci贸n o, si no lo tuviere, a que se le asigne un defensor de oficio, siempre que fuere necesario en inter茅s de la justicia y, en cualquier caso, sin cargo si careciere de medios suficientes;
d) A ser interrogada en presencia de su abogado, a menos que haya renunciado voluntariamente a su derecho a asistencia letrada.
Art铆culo 56
Disposiciones que podr谩 adoptar la Sala de Cuestiones Preliminares cuando
se presente una oportunidad 煤nica de proceder a una investigaci贸n
1. a) El Fiscal, cuando considere que se presenta una oportunidad 煤nica de proceder a una investigaci贸n, que tal vez no se repita a los fines de un juicio, de recibir el testimonio o la declaraci贸n de un testigo o de examinar, reunir o verificar pruebas, lo comunicar谩 a la Sala de Cuestiones Preliminares;
b) La Sala, a petici贸n del Fiscal, podr谩 adoptar las medidas que sean necesarias para velar por la eficiencia e integridad de las actuaciones y, en particular, para proteger los derechos de la defensa;
c) A menos que la Sala de Cuestiones Preliminares ordene otra cosa, el Fiscal proporcionar谩 la informaci贸n correspondiente a la persona que ha sido detenida o que ha comparecido en virtud de una citaci贸n en relaci贸n con la investigaci贸n a que se refiere el apartado a), a fin de que pueda ser o铆da.
2. Las medidas a que se hace referencia en el apartado a) del p谩rrafo 1 podr谩n consistir en:
a) Formular recomendaciones o dictar ordenanzas respecto del procedimiento que habr谩 de seguirse;
b) Ordenar que quede constancia de las actuaciones;
c) Nombrar a un experto para que preste asistencia;
d) Autorizar al abogado defensor del detenido o de quien haya comparecido ante el Tribunal en virtud de una citaci贸n a que participe o, en caso de que a煤n no se hayan producido esa detenci贸n o comparecencia o no se haya designado abogado, a nombrar otro para que comparezca y represente los intereses de la defensa;
e) Encomendar a uno de sus miembros o, de ser necesario, a otro magistrado de la Secci贸n de Cuestiones Preliminares o de la Secci贸n de Primera Instancia que formule recomendaciones o dicte ordenanzas respecto de la reuni贸n y preservaci贸n de las pruebas o del interrogatorio de personas;
f) Adoptar todas las medidas que sean necesarias para reunir o preservar las pruebas.
3. a) La Sala de Cuestiones Preliminares, cuando considere que el Fiscal no ha solicitado medidas previstas en el presente art铆culo que, a su juicio, sean esenciales para la defensa en juicio, le consultar谩 si se justificaba no haberlas solicitado. La Sala podr谩 adoptar de oficio esas medidas si, tras la consulta, llegare a la conclusi贸n de que no hab铆a justificaci贸n para no solicitarlas.
b) El Fiscal podr谩 apelar de la decisi贸n de la Sala de Cuestiones Preliminares de actuar de oficio con arreglo al presente p谩rrafo. La apelaci贸n se sustanciar谩 en un procedimiento sumario.
4. La admisibilidad o la forma en que quedar谩 constancia de las pruebas reunidas o preservadas para el juicio de conformidad con el presente art铆culo se regir谩 en el juicio por lo dispuesto en el Art铆culo 69 y la Sala de Primera Instancia decidir谩 como ha de ponderar esas pruebas.
Art铆culo 57
Funciones y atribuciones de la Sala de Cuestiones Preliminares
1. A menos que el presente Estatuto disponga otra cosa, la Sala de Cuestiones Preliminares ejercer谩 sus funciones de conformidad con las disposiciones del presente art铆culo.
2. a) Las providencias u 贸rdenes que la Sala de Cuestiones Preliminares dicte en virtud de los Art铆culo 15, 18 贸 19, el p谩rrafo 2 del Art铆culo 54, el p谩rrafo 7 del Art铆culo 61 o el Art铆culo 72 deber谩n ser aprobadas por la mayor铆a de los magistrados que la componen;
b) En todos los dem谩s casos, un magistrado de la Sala de Cuestiones Preliminares podr谩 ejercer las funciones establecidas en el presente Estatuto, a menos que las Reglas de Procedimiento y Prueba dispongan otra cosa o as铆 lo acuerde, por mayor铆a, la Sala de Cuestiones Preliminares.
3. Adem谩s de otras funciones que le confiere el presente Estatuto, la Sala de Cuestiones Preliminares podr谩:
a) A petici贸n del Fiscal, dictar las providencias y 贸rdenes que sean necesarias a los fines de una investigaci贸n;
b) A petici贸n de quien haya sido detenido o haya comparecido en virtud de una orden de comparencia expedida con arreglo al Art铆culo 58, dictar esas 贸rdenes, incluidas medidas tales como las indicadas en el Art铆culo 56 o solicitar con arreglo a la Parte IX la cooperaci贸n que sea necesaria para ayudarle a preparar su defensa;
c) Cuando sea necesario, asegurar la protecci贸n y el respeto de la intimidad de v铆ctima y testigos, la preservaci贸n de pruebas, la protecci贸n de personas detenidas o que hayan comparecido en virtud de una orden de comparencia, as铆 como la protecci贸n de informaci贸n que afecte a la seguridad nacional;
d) Autorizar al Fiscal a adoptar determinadas medidas de investigaci贸n en el territorio de un Estado Parte sin haber obtenido la cooperaci贸n de 茅ste con arreglo a la Parte IX en el caso de que la Sala haya determinado, de ser posible teniendo en cuenta las opiniones del Estado de que se trate, que dicho Estado manifiestamente no est谩 en condiciones de cumplir una solicitud de cooperaci贸n debido a que no existe autoridad u 贸rgano alguno de su sistema judicial competente para cumplir una solicitud de cooperaci贸n con arreglo a la Parte IX.
e) Cuando se haya dictado una orden de detenci贸n o de comparecencia con arreglo al Art铆culo 58, y habida cuenta del valor de las pruebas y de los derechos de las partes de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba, recabar la cooperaci贸n de los Estados con arreglo al p谩rrafo 1 j) del Art铆culo 93 para adoptar medidas cautelares a los efectos de un decomiso que, en particular, beneficie en 煤ltima instancia a las v铆ctimas.
Art铆culo 58
Orden de detenci贸n u orden de comparecencia dictada
por la Sala de Cuestiones Preliminares
1. En cualquier momento, despu茅s de iniciada la investigaci贸n, la Sala de Cuestiones Preliminares dictar谩, a solicitud del Fiscal, una orden de detenci贸n contra una persona si, tras examinar la solicitud y las pruebas y otra informaci贸n presentadas por el Fiscal, estuviere convencida de que:  
a) Hay motivo razonable para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte; y
b) La detenci贸n parece necesaria para:
i) Asegurar que la persona comparezca en juicio;
ii) Asegurar que la persona no obstruya ni ponga en peligro la investigaci贸n ni las actuaciones de la Corte;
iii) En su caso, impedir que la persona siga cometiendo ese crimen o un crimen conexo que sea de la competencia de la Corte y tenga su origen en las mismas circunstancias.
2. La solicitud del Fiscal consignar谩:
a) El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para su identificaci贸n;
b) Una referencia expresa al crimen de la competencia de la Corte que presuntamente haya cometido;
c) Una descripci贸n concisa de los hechos que presuntamente constituyan esos cr铆menes;
d) Un resumen de las pruebas y cualquier otra informaci贸n que constituya motivo razonable para creer que la persona cometi贸 esos cr铆menes; y
e) La raz贸n por la cual el Fiscal crea necesaria la detenci贸n.
3. La orden de detenci贸n consignar谩:
a) El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para su identificaci贸n;
b) Una referencia expresa al crimen de la competencia de la Corte por el que se pide su detenci贸n; y
c) Una descripci贸n concisa de los hechos que presuntamente constituyan esos cr铆menes.
4. La orden de detenci贸n seguir谩 en vigor mientras la Corte no disponga lo contrario.
5. La Corte, sobre la base de la orden de detenci贸n, podr谩 solicitar la detenci贸n provisional o la detenci贸n y entrega de la persona de conformidad con la Parte IX del presente Estatuto.
6. El Fiscal podr谩 pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares que enmiende la orden de detenci贸n para modificar la referencia al crimen indicado en 茅sta o agregar otros. La Sala de Cuestiones Preliminares enmendar谩 la orden si estuviere convencida de que hay motivo razonable para creer que la persona cometi贸 los cr铆menes en la forma que se indica en esa modificaci贸n o adici贸n.
7. El Fiscal podr谩 pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares que, en lugar de una orden de detenci贸n, dicte una orden de comparecencia. La Sala, de estar convencida de que hay motivo razonable para creer que la persona ha cometido el crimen que se le imputa y que bastar谩 con una orden de comparecencia para asegurar que comparezca efectivamente, dictar谩, con o sin las condiciones limitativas de la libertad (distintas de la detenci贸n) que prevea el derecho interno, una orden para que la persona comparezca. La orden de comparecencia consignar谩:
a) El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para su identificaci贸n;
b) La fecha de comparecencia;
c) Una referencia expresa al crimen de la competencia de la Corte que presuntamente haya cometido; y
d) Una descripci贸n concisa de los hechos que presuntamente constituyan esos cr铆menes.
La notificaci贸n de la orden ser谩 personal.
Art铆culo 59
Procedimiento de detenci贸n en el Estado de detenci贸n
1. El Estado Parte que haya recibido una solicitud de detenci贸n provisional o de detenci贸n y entrega tomar谩 inmediatamente las medidas necesarias para la detenci贸n de conformidad con su derecho interno y con lo dispuesto en la Parte IX del presente Estatuto.
2. El detenido ser谩 llevado sin demora ante la autoridad judicial competente del Estado de detenci贸n, que determinar谩 si, de conformidad con el derecho de ese Estado:
a) La orden le es aplicable;
b) La detenci贸n se llev贸 a cabo conforme a derecho; y
c) Se han respetado los derechos del detenido.
3. El detenido tendr谩 derecho a solicitar de la autoridad competente del Estado de detenci贸n la libertad provisional antes de su entrega.
4. Al decidir la solicitud, la autoridad competente del Estado de detenci贸n examinar谩 si, dada la gravedad de los presuntos cr铆menes, hay circunstancias urgentes y excepcionales que justifiquen la libertad provisional y si existen las salvaguardias necesarias para que el Estado de detenci贸n pueda cumplir su obligaci贸n de entregar la persona a la Corte. Esa autoridad no podr谩 examinar si la orden de detenci贸n fue dictada conforme a derecho con arreglo a los aportados a) y b) del p谩rrafo 1 del Art铆culo 58.
5. La solicitud de libertad provisional ser谩 notificada a la Sala de Cuestiones Preliminares, que har谩 recomendaciones a la autoridad competente del Estado de detenci贸n. Antes de adoptar su decisi贸n, la autoridad competente del Estado tendr谩 plenamente en cuenta esas recomendaciones, incluidas las relativas a medidas para impedir la evasi贸n de la persona.
6. De concederse la libertad provisional, la Sala de Cuestiones Preliminares podr谩 solicitar informes peri贸dicos al respecto.
7. Una vez que el Estado de detenci贸n haya ordenado la entrega, el detenido ser谩 puesto a disposici贸n de la Corte tan pronto como sea posible.
Art铆culo 60
Primeras diligencias en la Corte
1. Una vez que el imputado haya sido entregado a la Corte o haya comparecido voluntariamente o en cumplimiento de una orden de comparecencia, la Sala de Cuestiones Preliminares se asegurar谩 de que ha sido informado de los cr铆menes que le son imputados y de los derechos que le reconoce el presente Estatuto, incluido el de pedir la libertad provisional.
2. Quien sea objeto de una orden de detenci贸n podr谩 pedir la libertad provisional. Si la Sala de Cuestiones Preliminares est谩 convencida de que se dan las condiciones enunciadas en el p谩rrafo 1 del Art铆culo 58, se mantendr谩 la detenci贸n. En caso contrario, la Sala de Cuestiones Preliminares pondr谩 en libertad al detenido, con o sin condiciones.
3. La Sala de Cuestiones Preliminares revisar谩 peri贸dicamente su decisi贸n en cuanto a la puesta en libertad o la detenci贸n, y podr谩 hacerlo en cualquier momento en que lo solicite el Fiscal o el detenido. Sobre la base de la revisi贸n, la Sala podr谩 modificar su decisi贸n en cuanto a la detenci贸n, la puesta en libertad o las condiciones de 茅sta, si est谩 convencida de que es necesario en raz贸n de un cambio en las circunstancias.
4. La Sala de Cuestiones Preliminares se asegurar谩 de que la detenci贸n en espera de juicio no se prolongue excesivamente a causa de una demora inexcusable del Fiscal. Si se produjere dicha demora, la Corte considerar谩 la posibilidad de poner en libertad al detenido, con o sin condiciones.
5. De ser necesario, la Sala de Cuestiones Preliminares podr谩 dictar una orden de detenci贸n para hacer comparecer a una persona que haya sido puesta en libertad.
Art铆culo 61
Confirmaci贸n de los cargos del juicio
1. Con sujeci贸n a lo dispuesto en el p谩rrafo 2 y dentro de un plazo razonable tras la entrega de la persona a la Corte o su comparecencia voluntaria ante 茅sta, la Sala de Cuestiones Preliminares celebrar谩 una audiencia para confirmar los cargos sobre la base de los cuales el Fiscal tiene la intenci贸n de pedir el procesamiento. La audiencia se celebrar谩 en presencia del Fiscal y del imputado, as铆 como de su defensor.
2. La Sala de Cuestiones Preliminares, a solicitud del Fiscal o de oficio, podr谩 celebrar una audiencia en ausencia del acusado para confirmar los cargos en los cuales el Fiscal se basa para pedir el enjuiciamiento cuando el imputado:
a) Haya renunciado a su derecho a estar presente; o
b) Haya huido o no sea posible encontrarlo y se hayan tomado todas las medidas razonables para asegurar su comparecencia ante la Corte e informarle de los cargos y de que se celebrar谩 una audiencia para confirmarlos.
En este caso, el imputado estar谩 representado por un defensor cuando la Sala de Cuestiones Preliminares resuelva que ello redunda en inter茅s de la justicia.
3. Dentro de un plazo razonable antes de la audiencia:
a) Se proporcionar谩 al imputado un ejemplar del documento en que se formulen los cargos por los cuales el Fiscal se proponga enjuiciarlo; y,
b) Se le informar谩 de las pruebas que el Fiscal se proponga presentar en la audiencia. La Sala de Cuestiones Preliminares podr谩 dictar providencias respecto de la revelaci贸n de informaci贸n a los efectos de la audiencia.
4. Antes de la audiencia, el Fiscal podr谩 proseguir la investigaci贸n y modificar o retirar los cargos. Se dar谩 al imputado aviso con antelaci贸n razonable a la audiencia de cualquier modificaci贸n de los cargos o de su retiro. En caso de retirarse cargos, el Fiscal comunicar谩 las razones a la Sala de Cuestiones Preliminares.
5. En la audiencia, el Fiscal presentar谩 respecto de cada cargo pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer que el imputado cometi贸 el crimen que se le imputa. El Fiscal podr谩 presentar pruebas documentales o un resumen de las pruebas y no ser谩 necesario que llame a los testigos que han de declarar en el juicio.
6. En la audiencia, el imputado podr谩:
a) Impugnar los cargos;
b) Impugnar las pruebas presentadas por el Fiscal; y
c) Presentar pruebas.
7. La Sala de Cuestiones Preliminares determinar谩, sobre la base de la audiencia, si existen pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer que el imputado cometi贸 cada crimen que se le imputa. Seg煤n cual sea esa determinaci贸n, la Sala de Cuestiones Preliminares:
a) Confirmar谩 los cargos respecto de los cuales haya determinado que existen pruebas suficientes y asignar谩 al acusado a una Sala de Primera Instancia para su enjuiciamiento por los cargos confirmados;
b) No confirmar谩 los cargos respecto de los cuales haya determinado que las pruebas son insuficientes;
c) Levantar谩 la audiencia y pedir谩 al Fiscal que considere la posibilidad de:
i) Presentar nuevas pruebas o llevar a cabo nuevas investigaciones en     relaci贸n con un determinado cargo; o    
ii) Modificar un cargo en raz贸n de que las pruebas presentadas parecen indicar la comisi贸n de un crimen distinto que sea de la competencia de la Corte.
8. La no confirmaci贸n de un cargo por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares no obstar谩 para que el Fiscal la pida nuevamente a condici贸n de que presente pruebas adicionales.
9. Una vez confirmados los cargos y antes de comenzar el juicio, el Fiscal, con autorizaci贸n de la Sala de Cuestiones Preliminares y previa notificaci贸n al acusado, podr谩 modificar los cargos. El Fiscal, si se propusiera presentar nuevos cargos o sustituirlos por otros m谩s graves, deber谩 pedir una audiencia de conformidad con el presente art铆culo para confirmarlos. Una vez comenzado el juicio, el Fiscal, con autorizaci贸n de la Sala de Primera Instancia, podr谩 retirar los cargos.
10. Toda orden ya dictada dejar谩 de tener efecto con respecto a los cargos que no hayan sido confirmados por la Sala de Cuestiones Preliminares o hayan sido retirados por el Fiscal.
11. Una vez confirmados los cargos de conformidad con el presente art铆culo, la Presidencia constituir谩 una Sala de Primera Instancia que, con sujeci贸n a lo dispuesto en el p谩rrafo 8 del presente art铆culo y en el p谩rrafo 4 del Art铆culo 64, se encargar谩 de la siguiente fase del procedimiento y podr谩 ejercer las funciones de la Sala de Cuestiones Preliminares que sean pertinentes y apropiadas en ese procedimiento.
PARTE VI. DEL JUICIO
Art铆culo 62
Lugar del juicio
A menos que se decida otra cosa, el juicio se celebrar谩 en la sede de la Corte.
Art铆culo 63
Presencia del acusado en el juicio
1. El acusado estar谩 presente durante el juicio.
2. Si el acusado, estando presente en la Corte, perturbare continuamente el juicio, la Sala de Primera Instancia podr谩 disponer que salga de ella y observe el proceso y d茅 instrucciones a su defensor desde fuera, utilizando, en caso necesario, tecnolog铆as de comunicaci贸n. Esas medidas se adoptar谩n 煤nicamente en circunstancias excepcionales, despu茅s de que se haya demostrado que no hay otras posibilidades razonables y adecuadas, y 煤nicamente durante el  tiempo que sea estrictamente necesario.
Art铆culo 64
Funciones y atribuciones de la Sala de Primera Instancia
1. Las funciones y atribuciones de la Sala de Primera Instancia enunciada en el presente art铆culo deber谩n ejercerse de conformidad con el presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba.
2. La Sala de Primera Instancia velar谩 por que el juicio sea justo y expedito y se sustancie con pleno respeto de los derechos del acusado y teniendo debidamente en cuenta la protecci贸n de las v铆ctimas y de los testigos. 
3. La Sala de Primera Instancia a la que se asigne una causa de conformidad con el presente Estatuto:
a) Celebrar谩 consultas con las partes y adoptar谩 los procedimientos que sean necesarios para que el juicio se sustancie de manera justa y expedita;
b) Determinar谩 el idioma o los idiomas que habr谩n de utilizarse en el juicio; y
c) Con sujeci贸n a cualesquiera otras disposiciones pertinentes del presente Estatuto, dispondr谩 la divulgaci贸n de los documentos o de la informaci贸n que no se hayan divulgado anteriormente, con suficiente antelaci贸n al comienzo del juicio como para permitir su preparaci贸n adecuada.
4. La Sala de Primera Instancia podr谩, en caso de ser necesario para su funcionamiento eficaz e imparcial, remitir cuestiones preliminares a la Sala de Cuestiones Preliminares o, de ser necesario, a otro magistrado de la Secci贸n de Cuestiones Preliminares que est茅 disponible.
5. Al notificar a las partes, la Sala de Primera Instancia podr谩, seg煤n proceda, indicar que se deber谩n acumular o separar los cargos cuando haya m谩s de un acusado.
6. Al desempe帽ar sus funciones antes del juicio o en el curso de 茅ste, la Sala de Primera Instancia podr谩, de ser necesario:
a) Ejercer cualquiera de las funciones de la Sala de Cuestiones Preliminares indicadas en el p谩rrafo 11 del Art铆culo 61;
b) Ordenar la comparecencia y la declaraci贸n de testigos y la presentaci贸n de documentos y otras pruebas recabando, de ser necesario, la asistencia de los Estados con arreglo a lo dispuesto en el presente Estatuto;
c) Adoptar medidas para la protecci贸n de la informaci贸n confidencial;
d) Ordenar la presentaci贸n de pruebas adicionales a las ya reunidas con antelaci贸n al juicio o las presentadas durante el juicio por las partes;
e) Adoptar medidas para la protecci贸n del acusado, de los testigos y de las v铆ctimas; y
f) Dirimir cualesquiera otras cuestiones pertinentes.
7. El juicio ser谩 p煤blico. Sin embargo, la Sala de Primera Instancia podr谩 decidir que determinadas diligencias se efect煤en a puerta cerrada, de conformidad con el Art铆culo 68, debido a circunstancias especiales o para proteger la informaci贸n de car谩cter confidencial o restringida que haya de presentarse en la pr谩ctica de la prueba.
8. a) Al comenzar el juicio, la Sala de Primera Instancia dar谩 lectura ante el acusado de los cargos confirmados anteriormente por la Sala de Cuestiones Preliminares. La Sala de Primera Instancia se cerciorar谩 de que el acusado comprende la naturaleza de los cargos. Dar谩 al acusado la oportunidad de declararse culpable de conformidad con el Art铆culo 65 o de declararse inocente;
b) Durante el juicio, el magistrado presidente podr谩 impartir directivas para la sustanciaci贸n del juicio, en particular para que 茅ste sea justo e imparcial. Con sujeci贸n a las directivas que imparta el magistrado presidente, las partes podr谩n presentar pruebas de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto.
9. La Sala de Primera Instancia podr谩, a petici贸n de una de las partes o de oficio, entre otras cosas:
a) Decidir sobre la admisibilidad o pertinencia de las pruebas;
b) Tomar todas las medidas necesarias para mantener el orden en las audiencias.
10. La Sala de Primera Instancia har谩 que el Secretario lleve y conserve un expediente completo del juicio, en el que se consignen fielmente las diligencias practicadas.
Art铆culo 65
Procedimiento en caso de declaraci贸n de culpabilidad
1. Si el acusado se declara culpable en las condiciones indicadas en el p谩rrafo 8 a) del Art铆culo 64, la Sala de Primera Instancia determinar谩:
a) Si el acusado comprende la naturaleza y la consecuencia de la declaraci贸n de culpabilidad;
b) Si esa declaraci贸n ha sido formulada voluntariamente tras suficiente consulta con el abogado defensor; y
c) Si la declaraci贸n de culpabilidad est谩 corroborada por los hechos de la causa conforme a:
i) Los cargos presentados por el Fiscal y aceptados por el acusado;
ii) Las piezas complementarias de los cargos presentados por el Fiscal y aceptados por el acusado; y
iii) Otras pruebas, como declaraciones de testigos, presentadas por el Fiscal o el acusado.
2. La Sala de Primera Instancia, de constatar que se cumplen las condiciones a que se hace referencia en el p谩rrafo 1, considerar谩 que la declaraci贸n de culpabilidad, junto con las pruebas adicionales presentadas, constituye un reconocimiento de todos los hechos esenciales que configuran el crimen del cual se ha declarado culpable el acusado y podr谩 condenarlo por ese crimen.
3. La Sala de Primera Instancia, de constatar que no se cumplen las condiciones a que se hace referencia en el p谩rrafo 1, tendr谩 la declaraci贸n de culpabilidad por no formulada y, en ese caso, ordenar谩 que prosiga el juicio con arreglo al procedimiento ordinario estipulado en el presente Estatuto y podr谩 remitir la causa a otra Sala de Primera Instancia.
4. La Sala de Primera Instancia, cuando considere necesario en inter茅s de la justicia y en particular en inter茅s de las v铆ctimas, una presentaci贸n m谩s completa de los hechos de la causa, podr谩:
a) Pedir al Fiscal que presente pruebas adicionales, inclusive declaraciones de testigos; o,
b) Ordenar que prosiga el juicio con arreglo al procedimiento ordinario estipulado en el presente Estatuto, en cuyo caso tendr谩 la declaraci贸n de culpabilidad por no formulada y podr谩 remitir la causa a otra Sala de Primera Instancia.
5. Las consultas que celebren el Fiscal y la defensa respecto de la modificaci贸n de los cargos, la declaraci贸n de culpabilidad o la pena que habr谩 de imponerse no ser谩n obligatorias para la Corte.
Art铆culo 66
Presunci贸n de inocencia
1. Se presumir谩 que toda persona es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad ante la Corte de conformidad con el derecho aplicable.
2. Incumbir谩 al Fiscal probar la culpabilidad del acusado.
3. Para dictar sentencia condenatoria, la Corte deber谩 estar convencida de la culpabilidad del acusado m谩s all谩 de toda duda razonable.
Art铆culo 67
Derechos del acusado
1. En la determinaci贸n de cualquier cargo, el acusado tendr谩 derecho a ser o铆do p煤blicamente, habida cuenta de las disposiciones del presente Estatuto, y una audiencia justa e imparcial, as铆 como a las siguientes garant铆as m铆nimas en pie de plena igualdad:
a) A ser informado sin demora y en forma detallada, en un idioma que comprenda y hable perfectamente, de la naturaleza, la causa y el contenido de los cargos que se le imputan;
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparaci贸n de su defensa y a comunicarse libre y confidencialmente con un defensor de su elecci贸n;
c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;
d) Con sujeci贸n a lo dispuesto en el p谩rrafo 2 del Art铆culo 63, el acusado tendr谩 derecho a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elecci贸n; a ser informado, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el inter茅s de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente si careciere de medios suficientes para pagarlo;
e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que 茅stos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo. El acusado tendr谩 derecho tambi茅n a oponer excepciones y a presentar cualquier otra prueba admisible de conformidad con el presente Estatuto;
f) A ser asistido gratuitamente por un int茅rprete competente y a obtener las traducciones necesarias para satisfacer los requisitos de equidad, si en las actuaciones ante la Corte o en los documentos presentados a la Corte se emplea un idioma que no comprende y no habla;
g) A no ser obligado a declarar contra s铆 mismo ni a declararse culpable y a guardar silencio, sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia;
h) A declarar de palabra o por escrito en su defensa sin prestar juramento; y
i) A que no se invierta la carga de la prueba ni le sea impuesta la carga de presentar contrapruebas.
2. Adem谩s de cualquier otra divulgaci贸n de informaci贸n estipulada en el presente Estatuto, el Fiscal divulgar谩 a la defensa, tan pronto como sea posible, las pruebas que obren en su poder o est茅n bajo su control y que, a su juicio, indiquen o tiendan a indicar la inocencia del acusado, o a atenuar su culpabilidad, o que puedan afectar a la credibilidad de las pruebas de cargo. En caso de duda acerca de la aplicaci贸n de este p谩rrafo, la Corte decidir谩.
Art铆culo 68
Protecci贸n de las v铆ctimas y los testigos y su
participaci贸n en las actuaciones
1. La Corte adoptar谩 las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar f铆sico y psicol贸gico, la dignidad y la vida privada de las v铆ctimas y los testigos. Con este fin, la Corte tendr谩 en cuenta todos los factores pertinentes, incluidos la edad, el g茅nero, definido en el p谩rrafo 3 del Art铆culo 2, y la salud, as铆 como la 铆ndole del crimen, en particular cuando 茅ste entra帽e violencia sexual o por razones de g茅nero, o violencia contra ni帽os. En especial, el Fiscal adoptar谩 estas medidas en el curso de la investigaci贸n y el enjuiciamiento de tales cr铆menes. Estas medidas no podr谩n redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni ser谩n incompatibles con 茅stos.
2. Como excepci贸n al principio del car谩cter p煤blico de las audiencias establecido en el Art铆culo 67, las Salas de la Corte podr谩n, a fin de proteger a las v铆ctimas y los testigos o a un acusado, decretar que una parte del juicio se celebre a puerta cerrada o permitir la presentaci贸n de pruebas por medios electr贸nicos u otros medios especiales. En particular, se aplicar谩n estas medidas en el caso de una v铆ctima de agresi贸n sexual o de un menor de edad que sea v铆ctima o testigo, salvo decisi贸n en contrario adoptada por la Corte atendiendo a todas las circunstancias, especialmente la opini贸n de la v铆ctima o el testigo.
3. La Corte permitir谩, en las fases del juicio que considere conveniente, que se presenten y tengan en cuenta las opiniones y observaciones de las v铆ctimas si se vieren afectados sus intereses personales y de una manera que no redunde en detrimento de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni sea incompatible con estos. Los representantes legales de las v铆ctimas podr谩n presentar dichas opiniones y observaciones cuando la Corte lo considere conveniente y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
4. La Dependencia de V铆ctimas y Testigos podr谩 asesorar al Fiscal y a la Corte acerca de las medidas adecuadas de protecci贸n, los dispositivos de seguridad, el asesoramiento y  la asistencia a que se hace referencia en el p谩rrafo 6 del Art铆culo 43.
5. Cuando la divulgaci贸n de pruebas o informaci贸n de conformidad con el presente Estatuto entra帽are un peligro grave para la seguridad de un testigo o de su familia, el Fiscal podr谩, a los efectos de cualquier diligencia anterior al juicio, no presentar dichas pruebas o informaci贸n y presentar en cambio un resumen de 茅stas. Las medidas de esta 铆ndole no podr谩n redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni ser谩n incompatibles con 茅stos.
6. Todo Estado podr谩 solicitar que se adopten las medidas necesarias respecto de la protecci贸n de sus funcionarios o agentes, as铆 como de la protecci贸n de informaci贸n de car谩cter confidencial o restringido.
Art铆culo 69
Pr谩ctica de las pruebas
1. Antes de declarar, cada testigo se comprometer谩, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, a decir verdad en su testimonio.
2. La prueba testimonial deber谩 rendirse en persona en el juicio, salvo cuando se apliquen las medidas establecidas en el Art铆culo 68 o en las Reglas de Procedimiento y Prueba. Asimismo, la Corte podr谩 permitir al testigo que preste testimonio oralmente o por medio de una grabaci贸n de v铆deo o audio, as铆 como se presenten documentos o transcripciones escritas, con sujeci贸n al presente Estatuto y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba. Estas medidas no podr谩n redundar en perjuicio de los derechos del acusado ni ser谩n incompatibles con 茅stos.
3. Las partes podr谩n presentar pruebas pertinentes a la causa, de conformidad con el Art铆culo 64. La Corte estar谩 facultada para pedir todas las pruebas que considere necesarias para determinar la veracidad de los hechos.
4. La Corte podr谩 decidir sobre la pertinencia o admisibilidad de cualquier prueba, teniendo en cuenta, entre otras cosas, su valor probatorio y cualquier perjuicio que pueda suponer para un juicio justo o para la justa evaluaci贸n del testimonio de un testigo, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
5. La Corte respetar谩 los privilegios de confidencialidad establecidos en las Reglas de Procedimiento y Prueba.
6. La Corte no exigir谩 prueba de los hechos de dominio p煤blico, pero podr谩 incorporarlos en autos.
7. No ser谩n admisibles las pruebas obtenidas como resultado de una violaci贸n del presente Estatuto o de las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas cuando:
a) Esa violaci贸n suscite serias dudas sobre la fiabilidad de las pruebas; o
b) Su admisi贸n atente contra la integridad del juicio o redunde en grave desmedro de 茅l.
8. La Corte, al decidir sobre la pertinencia o la admisibilidad de las pruebas presentadas por un Estado, no podr谩 pronunciarse sobre la aplicaci贸n del derecho interno de ese Estado.
Art铆culo 70
Delito contra la administraci贸n de justicia
1. La Corte tendr谩 competencia para conocer de los siguientes delitos contra la administraci贸n de justicia, siempre y cuando se cometan intencionalmente:
a) Dar falso testimonio cuando se est茅 obligado a decir verdad de conformidad con el p谩rrafo 1 del Art铆culo 69;
b) Presentar pruebas a sabiendas de que son falsas o han sido falsificadas;
c) Corromper a un testigo, obstruir su comparecencia o testimonio o interferir en ellos, tomar represalias contra un testigo por su declaraci贸n, destruir o alterar pruebas o interferir en las diligencias de prueba;
d) Poner trabas, intimidar o corromper a un funcionario de la Corte para obligarlo o inducirlo a que no cumpla sus funciones o a que lo haga de manera indebida;
e) Tomar represalias contra un funcionario de la Corte en raz贸n de funciones que haya desempe帽ado 茅l u otro funcionario; y
f) Solicitar o aceptar un soborno en calidad de funcionario de la Corte y en relaci贸n con sus funciones oficiales.
2. Las Reglas de Procedimiento y Prueba establecer谩n los principios y procedimientos que regulen el ejercicio por la Corte de su competencia sobre los delitos a que se hace referencia en el presente art铆culo. Las condiciones de la cooperaci贸n internacional con la Corte respecto de las actuaciones que realice de conformidad con el presente art铆culo se regir谩n por el derecho interno del Estado requerido.
3. En caso de detenci贸n condenatoria, la Corte podr谩 imponer una pena de reclusi贸n no superior a cinco a帽os o una multa, o ambas penas, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
4. a) Todo Estado Parte har谩 extensivas sus leyes penales que castiguen los delitos contra la integridad de su propio procedimiento de investigaci贸n o enjuiciamiento a los delitos contra la administraci贸n de justicia a que se hace referencia en  el presente art铆culo y sean cometidos en su territorio o por uno de sus nacionales;        
b) A solicitud de la Corte, el Estado Parte, siempre que lo considere apropiado, someter谩 el asunto a sus autoridades competentes a los efectos del enjuiciamiento. Esas autoridades conocer谩n de tales asuntos con diligencia y asignar谩n medios suficientes para que las causas se sustancien en forma eficaz.
Art铆culo 71
Sanciones por faltas de conducta en la Corte
1. En caso de faltas de conducta de personas presentes en la Corte, tales como perturbar las audiencias o negarse deliberadamente a cumplir sus 贸rdenes, la Corte podr谩 imponer sanciones administrativas, que no entra帽en privaci贸n de la libertad, como expulsi贸n temporal o permanente de la sala, multa u otras medidas similares establecidas en las Reglas de Procedimiento y Prueba.
2. El procedimiento para imponer las medidas a que se refiere el p谩rrafo 1 se regir谩 por las Reglas de Procedimiento y Prueba.
Art铆culo 72
Protecci贸n de informaci贸n que afecte a la seguridad nacional
1. El presente art铆culo ser谩 aplicable en todos los casos en que la divulgaci贸n de informaci贸n o documentos de un Estado pueda, a juicio de 茅ste, afectar a los intereses de su seguridad nacional. Esos casos son los comprendidos en el 谩mbito de los p谩rrafos 2 y 3 del Art铆culo 56, el p谩rrafo 3 del Art铆culo 61, el p谩rrafo 3 del Art铆culo 64, el p谩rrafo 2 del Art铆culo 67, el p谩rrafo 6 del Art铆culo 68, el p谩rrafo 6 del Art铆culo 87 y el Art铆culo 93, as铆 como los que se presenten en cualquier otra fase del procedimiento en el contexto de esa divulgaci贸n.
2. El presente art铆culo se aplicar谩 tambi茅n cuando una persona a quien se haya solicitado informaci贸n o pruebas se niegue a presentarlas o haya pedido un pronunciamiento del Estado porque su divulgaci贸n afectar铆a a los intereses de la seguridad nacional del Estado, y el Estado de que se trate confirme que, a su juicio, esa divulgaci贸n afectar铆a a los intereses de seguridad nacional del Estado, y el Estado de que se trate confirme que, a su juicio, esa divulgaci贸n afectar铆a a los intereses de su seguridad nacional.
3. Nada de lo dispuesto en el presente art铆culo afectar谩 a los privilegios de confidencialidad a que se refieren los apartados e) y f) del p谩rrafo 3 de Art铆culo 54 ni la aplicaci贸n del Art铆culo 73.
4. Si un Estado tiene conocimiento de que informaci贸n o documentos suyos est谩n siendo divulgados o pueden serlo en cualquier fase del procedimiento y estima que esa divulgaci贸n afectar铆a a sus intereses de seguridad nacional, tendr谩 derecho a pedir que la cuesti贸n se resuelva de conformidad con el presente art铆culo.
5. El Estado a cuyo juicio la divulgaci贸n de informaci贸n afectar谩 a sus intereses de seguridad nacional adoptar谩, actuando en conjunto con el Fiscal, la defensa, la Sala de Cuestiones Preliminares o la Sala de Primera Instancia seg煤n sea el caso, todas las medidas razonables para resolver la cuesti贸n  por medio de la cooperaci贸n. Esas medidas podr谩n ser, entre otras, las siguientes:
a) La modificaci贸n o aclaraci贸n de la solicitud;
b) Una decisi贸n de la Corte respecto de la pertinencia de la informaci贸n o de las pruebas solicitadas, o una decisi贸n sobre si las pruebas, aunque pertinentes, pudieran obtenerse o se hubieran obtenido de una fuente distinta del Estado;
c) La obtenci贸n de la informaci贸n o las pruebas de una fuente distinta o en una forma diferente; o
d) Un acuerdo sobre las condiciones en que se presente la asistencia, que incluya, entre otras cosas, la presentaci贸n de res煤menes o exposiciones, restricciones a la divulgaci贸n, la utilizaci贸n de procedimientos a puertas cerradas o ex parte, u otras medidas de protecci贸n permitidas con arreglo al Estatuto o las Reglas.
6. Una vez que se hayan adoptado todas las medidas razonables para resolver la cuesti贸n por medio de la cooperaci贸n, el Estado, si considera que la informaci贸n o los documentos no puedan procederse ni divulgarse por medio alguno ni bajo ninguna condici贸n sin perjuicio de sus intereses de seguridad nacional, notificar谩 al Fiscal o a la Corte las razones concretas de su decisi贸n, a menos que la indicaci贸n concreta de esas razones perjudique necesariamente los intereses de seguridad nacional del Estado.
7. Posteriormente, si la Corte decide que la prueba es pertinente y necesaria para determinar la culpabilidad o la inocencia del acusado, podr谩 adoptar las disposiciones siguientes:
a) Cuando se solicite la divulgaci贸n de la informaci贸n o del documento de conformidad con una solicitud de cooperaci贸n con arreglo a la Parte IX del presente Estatuto o en las circunstancias a que se refiere el p谩rrafo 2 del presente Art铆culo, y el estado hiciere valer para denegarla el motivo indicado en el p谩rrafo 4 del Art铆culo 93:
i) La Corte podr谩, antes de adoptar una de las conclusiones a que se refiere el inciso ii)  del apartado a) del p谩rrafo 7, solicitar nuevas consultas con el fin de o铆r las razones del Estado. La Corte, si el Estado lo solicita, celebrar谩 las consultas a puerta cerrada y ex parte;
ii) Si la Corte llega a la conclusi贸n de que, al hacer valer el motivo de denegaci贸n indicado en el p谩rrafo 4 del Art铆culo 93, dadas las circunstancias del caso, el Estado requerido no est谩 actuando de conformidad con las obligaciones que le impone el presente Estatuto, podr谩 remitir la cuesti贸n de conformidad con el p谩rrafo 7 del Art铆culo 87, especificando las razones de su conclusi贸n; y
iii) La Corte, en el juicio del acusado, podr谩 establecer las presunciones respecto de las existencia o inexistencia de un hecho que sean apropiadas en raz贸n de las circunstancias; o 
b) En todas las dem谩s circunstancias:
i) ordenar la divulgaci贸n; o
ii) Si no ordena la divulgaci贸n, establecer las presunciones relativas a la culpabilidad o a la inocencia del acusado que sean apropiadas en raz贸n de las circunstancias.
Art铆culo 73
Informaci贸n o documentos de terceros
La Corte, si pide a un Estado Parte que le proporcione informaci贸n o un documento que est茅 bajo su custodia, posesi贸n o control y que le haya sido divulgado por un Estado, una organizaci贸n intergubernamental o una organizaci贸n internacional a t铆tulo confidencial, recabar谩 el consentimiento de su autor para divulgar la informaci贸n o el documento. Si el autor es un Estado Parte, podr谩 consentir en divulgar dicha informaci贸n o documento o comprometerse a resolver la cuesti贸n con la Corte, con sujeci贸n a lo dispuesto en el Art铆culo 72. Si el autor no es un Estado Parte y no consiente en divulgar la informaci贸n o el documento, el Estado requerido comunicar谩 a la Corte que no puede proporcionar la informaci贸n o el documento de que se trate en raz贸n de la obligaci贸n contra铆da con su autor de preservar su car谩cter confidencial.
Art铆culo 74
Requisitos para el fallo
1. Todos los magistrados de la Sala de Primera Instancia estar谩n presentes en cada fase del juicio y en todas sus deliberaciones.
La Presidencia podr谩 designar para cada causa y seg煤n est茅n disponibles uno o varios magistrados suplentes para que asistan a todas las fases del juicio y sustituyan a cualquier miembro de la Sala de Primera Instancia que se vea imposibilitado para seguir participando en el juicio.
2. La Sala de Primera Instancia fundamentar谩 su fallo en su evaluaci贸n de las
pruebas y de la totalidad del juicio. El fallo se referir谩 煤nicamente a los hechos y las circunstancias descritos en los cargos o las modificaciones a los cargos, en su caso. La Corte podr谩 fundamentar su fallo 煤nicamente en las pruebas presentadas y examinadas ante ella en el juicio.
3. Los magistrados procurar谩n adoptar su fallo por unanimidad, pero, de no ser
posible, 茅ste ser谩 adoptado por mayor铆a.
4. Las deliberaciones de la Sala de Primera Instancia ser谩n secretas. 
5. El fallo constar谩 por escrito e incluir谩 una exposici贸n fundada y completa de la evaluaci贸n de las pruebas y las conclusiones. La Sala de Primera Instancia dictar谩 un fallo. Cuando no haya unanimidad, el fallo de la Sala de Primera Instancia incluir谩 las opiniones de la mayor铆a y de la minor铆a. La lectura del fallo o de un resumen de 茅ste se har谩 en sesi贸n p煤blica.
Art铆culo 75
Reparaci贸n de las v铆ctimas
1. La Corte establecer谩 principios aplicables a la reparaci贸n, incluidas la restituci贸n, la indemnizaci贸n y la rehabilitaci贸n, que ha de otorgarse a las v铆ctimas o a sus causahabientes. Sobre esta base, la Corte, previa solicitud o de oficio en circunstancias excepcionales, podr谩 determinar en su decisi贸n el alcance y la magnitud de los da帽os, perdidas o perjuicios causados a las v铆ctimas o a sus causahabientes, indicando los principios en que se funda.
2. La Corte podr谩 dictar directamente una decisi贸n contra el condenado en la que indique la reparaci贸n adecuada que ha de otorgarse a las v铆ctimas, incluidas la restituci贸n, la indemnizaci贸n y la rehabilitaci贸n. Cuando proceda, la Corte podr谩 ordenar que la indemnizaci贸n otorgada a t铆tulo de reparaci贸n se pague por conducto del Fondo Fiduciario previsto en el Art铆culo 79.
3. La Corte, antes de tomar una decisi贸n con arreglo a este art铆culo, tendr谩 en cuenta las observaciones formuladas por el condenado, las v铆ctimas, otras personas o Estado que tengan un inter茅s, o las que se formulen en su nombre.
4. Al ejercer sus atribuciones de conformidad con el presente art铆culo, la Corte, una vez que una persona sea declarada culpable de un crimen de su competencia, podr谩 determinar si, a fin de dar efecto a una decisi贸n que dicte de conformidad con este art铆culo, es necesario solicitar medidas de conformidad con el p谩rrafo 1 del art铆culo 90.
5. Los Estados Partes dar谩n efecto a la decisi贸n dictada con arreglo a este art铆culo como si las disposiciones del Art铆culo 109 se aplicaran  al presente art铆culo.
6.  Nada de lo dispuesto en el presente art铆culo podr谩 interpretarse en perjuicio de los derechos de las v铆ctimas con arreglo al derecho interno o el derecho internacional.
Art铆culo 76
Fallo condenatorio
1. En caso de que se dicte un fallo condenatorio, la Sala de Primera Instancia fijar谩 la pena que proceda imponer, para lo cual tendr谩 en cuenta las pruebas practicadas y las presentaciones relativas a la pena que se hayan hecho en el proceso.
2. Salvo en el caso en que sea aplicable el Art铆culo 65, la Sala de Primera Instancia podr谩 convocar de oficio una nueva audiencia, y tendr谩 que hacerlo si lo solicitan el Fiscal o el acusado antes de que concluya la instancia, a fin de practicar diligencias de prueba o escuchar presentaciones adicionales relativas a la pena, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
3. En el caso en que sea aplicable el p谩rrafo 2, en la audiencia a que se hace referencia en ese p谩rrafo o, de ser necesario, en una audiencia adicional se escuchar谩n las presentaciones que se hagan en virtud del Art铆culo 75.
4. La pena ser谩 impuesta en audiencia p煤blica y, de ser posible, en presencia del acusado.
PARTE VII. DE LAS PENAS
Art铆culo 77
Penas aplicables
1. La Corte podr谩, con sujeci贸n a lo dispuesto en el art铆culo 110, imponer a la persona declarada culpable de uno de los cr铆menes a que se hace referencia en el Art铆culo 5 del presente Estatuto una de las penas siguientes:
a) La reclusi贸n por un n煤mero determinado de a帽os que no exceda de 30 a帽os; o
b) La reclusi贸n a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado.
2. Adem谩s de la reclusi贸n, la Corte podr谩 imponer:
a) Una multa con arreglo a los criterios enunciados en las Reglas de Procedimiento y Prueba;
b) El decomiso del producto, los bienes y los haberes procedentes directa o indirectamente de dicho crimen, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.
Art铆culo 78
Imposici贸n de la pena
1. Al imponer una pena, la Corte tendr谩 en cuenta, de conformidad con las reglas de Procedimiento y Prueba, factores tales como la gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado.
2. La Corte, al imponer una pena de reclusi贸n, abonar谩 el tiempo que, por orden suya, haya estado detenido el condenado. La Corte podr谩 abonar cualquier otro per铆odo de detenci贸n cumplido en relaci贸n con la conducta constitutiva del delito.
3. Cuando una persona haya sido declarada culpable de m谩s de un crimen, la Corte impondr谩 una pena para cada uno de ellos y una pena com煤n en la que se especifique la duraci贸n total de la reclusi贸n. La pena no ser谩 inferior a la m谩s alta de cada una de las penas impuestas y no exceder谩 de 30 a帽os de reclusi贸n o de una pena de reclusi贸n a perpetuidad de conformidad con el p谩rrafo 1 b) del Art铆culo 77.
Art铆culo 79
Fondo fiduciario
1. Por decisi贸n de la Asamblea de los Estados Partes se establecer谩 un Fondo Fiduciario en beneficio de las v铆ctimas de cr铆menes de la competencia de la Corte y de sus familias.
2. La Corte podr谩 ordenar que las sumas y los bienes que reciba a t铆tulo de multa o decomiso sean transferidos al Fondo Fiduciario. 
3. El Fondo Fiduciario ser谩 administrado seg煤n los criterios que fije la Asamblea de los Estados Partes.
Art铆culo 80
El Estatuto, la aplicaci贸n de penas por los pa铆ses y la legislaci贸n nacional
Nada de lo dispuesto en la presente parte se entender谩 en perjuicio de la aplicaci贸n por los Estados de las penas prescritas por su legislaci贸n nacional ni de la legislaci贸n de los Estados en que no existan las penas prescritas en la presente parte.
PARTE VIII. DE LA APELACI脫N Y LA REVISI脫N
Art铆culo 81
Apelaci贸n del fallo condenatorio o absolutorio o de la pena
1. Los fallos dictados de conformidad con el Art铆culo 74 ser谩n apelables de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, seg煤n se dispone a continuaci贸n: 
a) El Fiscal podr谩 apelar por alguno de los motivos siguientes:
i) Vicio de procedimiento;
ii) Error de hecho; o
iii) Error de derecho; 
b) El condenado, o el Fiscal en su nombre, podr谩 apelar por alguno de los motivos siguientes:
i) Vicio de procedimiento;
ii) Error de hecho;
iii) Error de derecho;
iv) Cualquier otro motivo que afecte a la justicia o a la regularidad del proceso o del fallo.
2. a) El Fiscal o el condenado podr谩n apelar de una sentencia, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, en raz贸n de una desproporci贸n entre el crimen y la condena;
b) La Corte, si al conocer de la apelaci贸n de una sentencia, considerarse que hay fundamentos para revocar la condena en todo o parte, podr谩 invitar al Fiscal y al condenado a que presenten sus argumentos de conformidad con los apartados a) o b) del p谩rrafo 1 del art铆culo 81 y podr谩 dictar una decisi贸n respecto de la condena de conformidad con el art铆culo 83;
c) Este procedimiento tambi茅n ser谩 aplicable cuando la Corte, al conocer de una apelaci贸n contra la sentencia 煤nicamente, considere que hay fundamentos para reducir la pena en virtud del p谩rrafo 2  a).
3. a) Salvo que la sala de Primera Instancia ordene otra cosa, el condenado permanecer谩 privado de libertad mientras se falla la apelaci贸n;
b) Cuando la duraci贸n de la detenci贸n fuese mayor que la de la pena de prisi贸n impuesta, el condenado ser谩 puesto en libertad; sin embargo, si el Fiscal tambi茅n apelase, esa libertad podr谩 quedar sujeta a las condiciones enunciadas en el apartado siguiente;
c) Si la sentencia fuere absolutoria, el acusado ser谩 puesto en libertad de inmediato, con sujeci贸n a las normas siguientes:
i) En circunstancias excepcionales y teniendo en cuenta entre otras cosas, el riesgo concreto de fuga, la gravedad del delito y las probabilidades de que se d茅 lugar a la apelaci贸n, la Sala de Primera Instancia, a solicitud del Fiscal, podr谩 decretar que siga privado de la libertad mientras dure la apelaci贸n;
ii) Las decisiones dictadas por la Sala de Apelaciones en virtud del inciso precedente ser谩n apelables de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba. 
4. Con sujeci贸n a lo dispuesto en los apartados a) y b) del p谩rrafo 3, la ejecuci贸n de la decisi贸n o sentencia ser谩 suspendida durante el plazo fijado para la apelaci贸n y mientras dure el procedimiento de apelaci贸n.
Art铆culo 82
Apelaci贸n de otras decisiones
1. Cualquiera de las partes podr谩 apelar, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, de las siguientes decisiones:
a) Una decisi贸n relativa a  la competencia o la admisibilidad;
b) Una decisi贸n por la que se autorice o deniegue la libertad de la persona objeto de investigaci贸n o enjuiciamiento;
c) Una decisi贸n de la Sala de Cuestiones Preliminares de actuar de oficio de conformidad con el p谩rrafo 3 del Art铆culo 56;
d) Una decisi贸n relativa a una cuesti贸n que afecte de forma significativa a la justicia y a la prontitud con que se sustancia el proceso o a su resultado y respecto de la cual, en opini贸n de la Sala de Cuestiones Preliminares o la Sala de Primera Instancia, un dictamen inmediato de la Sala de Apelaciones pueda acelerar materialmente el proceso.
2. El Estado de que se trate o el Fiscal, con la autorizaci贸n de la Sala de Cuestiones Preliminares, podr谩 apelar de una decisi贸n adoptada por esta Sala de conformidad con el p谩rrafo 3 d) del Art铆culo 57. La apelaci贸n ser谩 sustanciada en procedimiento sumario.
3. La apelaci贸n no suspender谩 por si misma el procedimiento a menos que la Sala de Apelaciones lo dictamine, previa solicitud y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
4. El representante legal de las v铆ctimas, el condenado o el propietario de buena fe de bienes afectados por una providencia dictada en virtud del Art铆culo 73 podr谩n apelar, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, de la decisi贸n por la cual se conceda reparaci贸n.
Art铆culo 83
Procedimiento de apelaci贸n
1. A los efectos del procedimiento establecido en el Art铆culo 81 y en el presente art铆culo, la Sala de Apelaciones tendr谩 todas las atribuciones de la Sala de Primera Instancia.
2. La Sala de Apelaciones, si decide que las actuaciones apeladas fueron injustas y que ello afecta a la regularidad del fallo o la pena o que el fallo o la pena apelados adolecen efectivamente de errores de hecho o de derecho o de vicios de procedimiento, podr谩:
a) Revocar o enmendar el fallo o la pena; o
b) Decretar la celebraci贸n de un nuevo juicio en otra Sala de Primera Instancia.
A estos efectos, la Sala de Apelaciones podr谩 devolver una cuesti贸n de hecho a la Sala de Primera Instancia original para que la examine y le informe seg煤n corresponda, o podr谩 ella misma pedir pruebas para dirimirla. El fallo o la pena apelados 煤nicamente por el condenado, o por el Fiscal en nombre de 茅ste, no podr谩n ser modificados en perjuicio suyo.
3.  La Sala de Apelaciones, si al conocer de una apelaci贸n contra la pena, considera que hay una desproporci贸n entre el crimen y la pena, podr谩 modificar 茅sta conformidad con lo dispuesto en la Parte VII.
4.  La sentencia de la Sala de Apelaciones ser谩 aprobada por mayor铆a de los magistrados que la componen y anunciada en audiencia p煤blica. La sentencia enunciar谩 las razones en que se funda. De no haber unanimidad, consignar谩 las opiniones de la mayor铆a y de la minor铆a, si bien un magistrado podr谩 emitir una opini贸n separada o disidente sobre una cuesti贸n de derecho. 
5. La Sala de Apelaciones podr谩 dictar sentencia en ausencia de la persona absuelta o condenada. 
Art铆culo 84
Revisi贸n del fallo condenatorio o de la pena
1. El condenado  o, despu茅s de su fallecimiento, el c贸nyuge, los hijos, los padres o quien estuviera vivo al momento de la muerte del  acusado y tuviera instrucciones escritas del acusado de hacerlo, o el Fiscal en su nombre, podr谩  pedir a la Sala de Apelaciones que revise la sentencia definitiva condenatoria o la pena por las siguientes causas:
a) Se hubieren descubierto nuevas pruebas que:
i) No se hallaban disponible a la 茅poca del juicio por motivos que no cabr铆a imputar total o parcialmente a la parte que formula la solicitud; y,
ii) Son  suficientemente importantes como para que, de haberse valorado en el juicio, probablemente hubieran dado  lugar a otro veredicto;
b) Se acabare de descubrir que un elemento de prueba decisivo, apreciado en el juicio y del cual depende la condena, era falso o habr铆a sido objeto de adulteraci贸n o falsificaci贸n;
c) Uno o varios de los jueces que intervinieron en la sentencia condenatoria o en la confirmaci贸n  de los cargos han incurrido, en esa causa, en una falta o un incumplimiento de sus funciones de gravedad suficiente para justificar su separaci贸n del cargo de conformidad con el Art铆culo 46.
2. La Sala de Apelaciones rechazar谩 la solicitud si la considera infundada. Si determina que la solicitud es atendible, podr谩, seg煤n corresponda:
a) Convocar nuevamente a la Sala de Primera Instancia original;
b) Constituir una nueva Sala de Primera  Instancia; o
c) Mantener su competencia respecto del asunto, para tras oir a las partes en la manera establecida en la Reglas de Procedimiento y Prueba, determinar si ha de revisarse la sentencia.
Art铆culo 85
Indemnizaci贸n del detenido o condenado
1. El que haya sido ilegalmente detenido o recluido tendr谩 el derecho efectivo a ser indemnizado.
2. El que por decisi贸n final hubiera sido condenado por un crimen y hubiere cumplido la pena correspondiente ser谩 indemnizado conforme a la ley de ser anulada posteriormente su condena en raz贸n de hechos nuevos que demuestren concluyentemente que hubo un error  judicial, salvo que la falta de conocimiento oportuno de esos  hechos le fuera total o parcialmente imputable.
3. En circunstancias excepcionales, la Corte, si determina la existencia de hechos concluyentes  que muestran que hubo un error judicial grave y manifiesto tendr谩 la facultad discrecional de otorgar una indemnizaci贸n, de conformidad con los criterios establecidos en las Reglas de Procedimiento y Prueba, a quien hubiere sido puesto en libertad en virtud de una sentencia definitiva absolutoria o de un sobreseimiento de la causa por esa raz贸n.
PARTE IX. DE LA COOPERACI脫N INTERNACIONAL Y LA ASISTENCIA JUDICIAL
Art铆culo 86
Obligaci贸n general de cooperar
Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto, cooperar谩n plenamente con la Corte en relaci贸n con la investigaci贸n y el enjuiciamiento de cr铆menes de su competencia.
Art铆culo 87
Solicitudes de cooperaci贸n: disposiciones generales
1. a) La Corte estar谩 facultada para formular solicitudes de cooperaci贸n a los Estados Partes. Estas se transmitir谩n por v铆a diplom谩tica o por cualquier otro conducto adecuado que haya designado cada Estado Parte a la fecha de la ratificaci贸n,  aceptaci贸n, aprobaci贸n o adhesi贸n.
Cada Estado Parte podr谩 cambiar posteriormente esa designaci贸n de conformidad  con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
b) Cuando proceda, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado a), las solicitudes podr谩n transmitirse tambi茅n por conducto de la Organizaci贸n Internacional de Pol铆tica Criminal o de cualquier organizaci贸n regional competente.
2. Las solicitudes de cooperaci贸n y los documentos que las justifiquen estar谩n redactados en un idioma oficial del Estado requerido, o acompa帽ados de una traducci贸n a ese idioma, o en uno de los idiomas de trabajo de la Corte, seg煤n la elecci贸n que haya hecho el Estado a la fecha de la ratificaci贸n, aceptaci贸n, aprobaci贸n o adhesi贸n.
El Estado Parte podr谩 cambiar posteriormente esa elecci贸n de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
3. El Estado requerido preservar谩 el car谩cter confidencial de toda solicitud de cooperaci贸n y de los documentos que las justifiquen, salvo en la medida en que su divulgaci贸n sea necesaria para tramitarla.
4. Con respecto a las solicitudes de asistencia presentadas de conformidad con la presente parte, la Corte podr谩 adoptar todas las medidas, incluidas las relativas a la protecci贸n de la informaci贸n, que  sean necesarias para proteger la seguridad y el bienestar f铆sico o psicol贸gico de la v铆ctimas, los posibles testigos y sus familiares. La Corte podr谩 solicitar que toda informaci贸n comunicada en virtud de la presente parte sea transmitida y procesada de manera que se proteja la seguridad y el bienestar f铆sico o psicol贸gico de las v铆ctimas, los posibles testigos y sus familiares.
5. La Corte podr谩 invitar a cualquier Estado que no sea parte en el presente Estatuto a prestar la asistencia prevista en la presente parte sobre la base de un arreglo especial, un acuerdo con ese Estado o de cualquier otra manera adecuada.
Cuando un Estado que no sea parte en el presente Estatuto y que haya celebrado un arreglo especial o un acuerdo con la Corte se niegue a cooperar en la  ejecuci贸n de las solicitudes a que se refieran tal arreglo o acuerdo, la Corte podr谩 informar de ello a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad, si 茅ste le hubiese remitido el asunto.
6. La Corte podr谩 solicitar de cualquier organizaci贸n intergubernamental que le proporcione informaci贸n o documentos. Asimismo, la Corte podr谩 solicitar otras formas de cooperaci贸n y asistencia que se hayan acordado con cualquiera de esas organizaciones, de conformidad con su competencia o mandato.
7. Cuando, en contravenci贸n de lo dispuesto en el presente Estatuto, un Estado Parte se niegue a dar curso a una solicitud de cooperaci贸n formulada por la Corte, impidi茅ndole ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con el presente Estatuto, 茅sta podr谩 hacer una constataci贸n en ese sentido y remitir la  cuesti贸n  a la Asamblea  de los  Estados Partes o al Consejo de Seguridad, si 茅ste le hubiere remitido el asunto.
Art铆culo 88
Procedimientos aplicables en el derecho interno
Los Estados Partes se asegurar谩n de que en el derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperaci贸n especificadas en la presente parte.
Art铆culo 89
Entrega de personas a la Corte
1. La Corte podr谩 transmitir, junto con los antecedentes que la justifiquen de conformidad con el Art铆culo 91, una solicitud de detenci贸n y entrega de una persona a todo Estado en cuyo territorio pueda hallarse y solicitar谩 la cooperaci贸n de ese Estado. Los Estados Partes cumplir谩n las solicitudes de detenci贸n y entrega de conformidad con las disposiciones de la presente parte y el procedimiento establecido en su derecho interno.
2. Cuando la persona cuya entrega se pida la impugne ante un tribunal nacional oponiendo la excepci贸n de cosa juzgada de conformidad con el Art铆culo 20, el Estado requerido celebrar谩 de inmediato consultas con la Corte para determinar si ha habido una decisi贸n sobre la admisibilidad de la causa. Si la causa es admisible, el Estado requerido cumplir谩 la solicitud. Si est谩 pendiente la decisi贸n sobre la admisibilidad, el Estado requerido podr谩 aplazar la ejecuci贸n de la solicitud de entrega hasta que la Corte adopte esa decisi贸n.
3. a) El Estado Parte autorizar谩 de conformidad con su derecho procesal el tr谩nsito por su territorio de una persona que otro Estado entregue a la Corte, salvo cuando el tr谩nsito por el Estado obstaculice o demore la entrega;
b) La solicitud de la Corte de que se autorice ese tr谩nsito ser谩 transmitida de conformidad con el Art铆culo 87 y contendr谩:
i) Una descripci贸n de la persona que ser谩 transportada;
ii) Una breve exposici贸n de los hechos de la causa y su tipificaci贸n; y
iii) La orden de detenci贸n y entrega;
c) La persona transportada permanecer谩 detenida durante el tr谩nsito;
d) No se requerir谩 autorizaci贸n alguna cuando la persona sea transportada por v铆a a茅rea y no se prevea aterrizar en el territorio del Estado de tr谩nsito;
e) En caso de aterrizaje imprevisto en el territorio del Estado de tr谩nsito, 茅ste podr谩 pedir a la Corte que presente una solicitud de tr谩nsito con arreglo a lo dispuesto en el apartado b). El Estado de tr谩nsito detendr谩 a la persona transportada mientras se recibe la solicitud de la Corte y se efect煤a el tr谩nsito; sin embargo, la detenci贸n no podr谩 prolongarse m谩s de noventa y seis horas contadas desde el aterrizaje imprevisto si la solicitud no es recibida dentro de ese plazo.
4. Si la persona buscada est谩 siendo enjuiciada o cumple condena en el Estado requerido por un crimen distinto de aquel por el cual se pide su entrega a la Corte, el Estado requerido, despu茅s de haber decidido conceder la entrega, celebrar谩 consultas con la Corte.
Art铆culo 90
Solicitudes concurrentes
1. El Estado Parte que haya recibido una solicitud de la Corte relativa a la entrega de una persona de conformidad con el Art铆culo 89, y reciba adem谩s una solicitud de cualquier otro Estado relativa a la extradici贸n de la misma persona por la misma conducta que constituya la base del crimen en raz贸n del cual la Corte  ha pedido la entrega, notificar谩 a la Corte y al Estado requirente ese hecho.
2. Si el Estado requirente es un Estado Parte, el Estado requerido dar谩 prioridad a la solicitud de la Corte cuando:
a) Haya determinado, de conformidad con lo dispuesto en los Art铆culos 18 y 19, que la causa respecto de la cual se solicita la entrega es admisible y en su decisi贸n haya tenido en cuenta la investigaci贸n o el enjuiciamiento  que lleva a cabo el Estado requirente con respecto a la solicitud de extradici贸n que 茅ste ha presentado; o
b) Adopte la decisi贸n a que se refiere el apartado a) con arreglo a la notificaci贸n efectuada por el Estado requerido de conformidad con el p谩rrafo 1.
3. Cuando no se haya adoptado la decisi贸n a que se hace referencia en el p谩rrafo 2 a), el Estado requerido tendr谩 la facultad discrecional, hasta que se dicte la decisi贸n de la Corte en el p谩rrafo 2 b), de dar curso a la solicitud de extradici贸n presentada por el Estado requirente, pero no la har谩 efectiva hasta que la Corte haya resuelto que la causa es inadmisible. La Corte adoptar谩  su decisi贸n en procedimiento sumario.
4. Si el Estado requirente no es parte en el presente Estatuto, el Estado requerido, en caso de que no est茅 obligado por alguna norma internacional a conceder la extradici贸n al Estado requirente, dar谩 prioridad a la solicitud de entrega que le haya hecho la Corte si 茅sta ha determinado que la causa era admisible.
5. Cuando la Corte no haya determinado la admisibilidad de una causa de conformidad con el p谩rrafo 4, el Estado requerido tendr谩 la facultad discrecional de dar curso a la solicitud de extradici贸n que le haya hecho el Estado requirente.
6. En los casos en que sea aplicable el p谩rrafo 4, y salvo que el Estado requerido est茅 obligado por alguna norma internacional a extraditar la persona al Estado requirente que no sea parte en el presente Estatuto, el Estado requerido decidir谩 si hace la entrega a la Corte o concede la extradici贸n al Estado requerido tendr谩 en cuenta todos los factores pertinentes, ente otros:
a) Las fechas respectivas de las solicitudes; 
b) Los intereses del Estado requirente y, cuando proceda, si el crimen se cometi贸 en su territorio y cu谩l es la nacionalidad de las v铆ctimas y de la persona cuya entrega o extradici贸n se ha solicitado; y
c) La posibilidad de que la Corte y el Estado requirente lleguen  posteriormente a un acuerdo respecto de la entrega.
7. Cuando el Estado Parte que reciba una solicitud de la Corte de entrega de una persona reciba tambi茅n una solicitud de otro Estado relativa a la extradici贸n de la misma persona por una conducta distinta de la que constituye el crimen en raz贸n del cual la Corte solicita la entrega:
a) El Estado requerido, si no est谩 obligado por ninguna norma internacional a conceder la extradici贸n al Estado Parte requirente, dar谩 preferencia a la solicitud de la Corte;
b) El Estado requerido, si est谩 obligado por una norma internacional a conceder la extradici贸n al Estado Parte requirente, decidir谩 si la entrega a la Corte o la extradita al Estado requirente. En esta decisi贸n, el Estado requerido tendr谩 en cuenta todos los factores pertinentes y, entre otros, los enumerados en el p谩rrafo 6, pero tendr谩 especialmente en cuenta la naturaleza y la gravedad relativas de la conducta de que se trate.
8. Cuando, de conformidad con una notificaci贸n efectuada con arreglo al presente art铆culo, la Corte haya determinado la inadmisibilidad de una causa y posteriormente se deniegue la extradici贸n al Estado requirente, el Estado requerido notificar谩 su decisi贸n a la Corte.
Art铆culo 91
Contenido de la solicitud de detenci贸n y entrega
1. La solicitud de detenci贸n y entrega deber谩 formularse por escrito. En caso de urgencia, se podr谩 hacer por cualquier otro medio que permita dejar constancia escrita, a condici贸n de que la solicitud sea confirmada en la forma indicada en el p谩rrafo 1 a) del Art铆culo 87.
2. La solicitud de detenci贸n y entrega de una persona respecto de la cual la Sala de Cuestiones Preliminares haya dictado una orden de detenci贸n de conformidad con el Art铆culo 58 deber谩 contener los elementos siguientes o ir acompa帽ada de: 
a) Informaci贸n suficiente para la identificaci贸n de la persona buscada y datos sobre su probable paradero; 
b) Una copia de la orden de detenci贸n; y
c) Los documentos, las declaraciones o la informaci贸n que sean necesarios para cumplir los requisitos de procedimiento del Estado requerido relativos a la entrega; sin embargo, esos requisitos no podr谩n ser m谩s onerosos que los aplicables a las solicitudes de extradici贸n conforme a tratados o acuerdos celebrados por el Estado requerido y otros Estados y, de ser posible, ser谩n menos onerosos, habida cuenta del car谩cter espec铆ficos de la Corte.
3. La solicitud de detenci贸n y entrega del condenado deber谩 contener los siguientes elementos o ir acompa帽ada de:
a) Copia de la orden de detenci贸n dictada en su contra; 
b) Copia de la sentencia condenatoria;
c) Datos que demuestren que la persona buscada es aquella a la que se refiere la sentencia condenatoria; y
d) Si la persona que se busca ha sido ya condenada, copia de la sentencia y, en el caso de una  pena de reclusi贸n, una indicaci贸n de la parte de la pena que se ha cumplido y de la que queda por cumplir.
4. A solicitud de la Corte, el Estado Parte consultar谩 con 茅sta en general o con respecto a un asunto concreto, sobre las disposiciones de su derecho interno que puedan ser aplicables de conformidad con el apartado c) del p谩rrafo 2 del presente Art铆culo. En esas consultas, el Estado Parte comunicar谩 a la Corte las disposiciones espec铆ficas de su derecho interno.
Art铆culo 92
Detenci贸n provisional
1. En caso de urgencia, la Corte podr谩 solicitar la detenci贸n provisional de la persona buscada hasta que se presente la solicitud de entrega y los documentos que la justifiquen de conformidad con el Art铆culo 91.
2. La solicitud de detenci贸n provisional deber谩 hacerse por cualquier medio que permita dejar constancia escrita y contendr谩: 
a) Informaci贸n suficiente para identificar a la persona buscada y datos sobre su probable paradero; 
b) Una exposici贸n concisa de los cr铆menes por los que se pida la detenci贸n y de los hechos que presuntamente ser铆a constitutivos de esos cr铆menes, inclusive, de ser posible, la indicaci贸n de la fecha y el lugar en que se cometieron;
c) Una declaraci贸n de que existe una orden de detenci贸n o una decisi贸n final condenatoria respecto de la persona buscada; y 
d) Una declaraci贸n de que se presentar谩 una solicitud de entrega de la persona buscada.
3. La persona sometida a detenci贸n provisional podr谩 ser puesta en libertad si el Estado requerido no hubiere recibido la solicitud de entrega y los documentos que la justifiquen, de conformidad con e Art铆culo 91, dentro de plazo fijado en las Reglas de Procedimiento y Prueba. Sin embargo, el detenido podr谩 consentir en la entrega antes de que se cumpla dicho plazo siempre que lo permita el derecho interno del Estado requerido. En ese caso, el Estado requerido proceder谩 a entregar al detenido a la Corte tan pronto como sea posible.
4. El hecho de que la persona buscada haya sido puesta en libertad de conformidad con el p谩rrafo 3 no obstar谩  para que sea nuevamente detenida y entregada una vez que el Estado requerido reciba la solicitud de entrega y los documentos que la justifiquen.
Art铆culo 93
Otras formas de cooperaci贸n
1. Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en la presente parte y con los procedimientos de su derecho interno, deber谩n cumplir las solicitudes de asistencia formuladas por la Corte en relaci贸n con investigaciones o enjuiciamientos penales a fin de:
a) Identificar y buscar personas u objetos; 
b) Practicar pruebas, incluidos los testimonios  bajo juramento, y presentar pruebas, incluidos los dict谩menes  e informes periciales que requiera la Corte;
c) Interrogar a una persona objeto de investigaci贸n o enjuiciamiento; 
d) Notificar documentos, inclusive los documentos judiciales; 
e) Facilitar la comparecencia voluntaria ante la Corte de testigos o expertos;
f) Proceder al traslado provisional de personas, de conformidad con lo dispuesto en el p谩rrafo 7;
g) Realizar inspecciones oculares, inclusive la exhumaci贸n y el examen de cad谩veres y fosas comunes;
h) Practicar allanamientos y decomisos;
i) Transmitir registros y documentos, inclusive registros y documentos oficiales; 
j) Proteger a v铆ctimas y testigos y preservar pruebas; 
k) Identificar, determinar el paradero o congelar el producto y los bienes y haberes obtenidos del crimen y de los instrumentos del crimen, o incautarse de ellos, con miras a su decomiso ulterior y sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe; y
l) Cualquier otro tipo de asistencia no prohibida por la legislaci贸n del Estado requerido y destinada a facilitar la investigaci贸n y el enjuiciamiento de cr铆menes de la competencia de la Corte.
2. La Corte podr谩 dar seguridades a los testigos o expertos que comparezcan ante ella de que no ser谩n  enjuiciados o detenidos ni se restringir谩 su libertad personal por una acto u omisi贸n anterior a su salida del Estado requerido.
3. Cuando la ejecuci贸n de una determinada medida de asistencia detallada en una solicitud presentada de conformidad con el p谩rrafo 1 estuviera prohibida en el Estado requerido por un principio fundamental de derecho ya existente y de aplicaci贸n general, el Estado requerido celebrar谩 sin demora consultas con la Corte para tratar de resolver la cuesti贸n. En las consultas se deber铆a considerar si se puede prestar la asistencia de otra manera o con sujeci贸n a condiciones. Si, despu茅s de celebrar consultas, no se pudiera resolver la cuesti贸n, la Corte modificar谩 la solicitud seg煤n sea necesario.
4. El Estado Parte podr谩 no dar lugar a una solicitud de asistencia, en su totalidad o en parte, de conformidad con el Art铆culo 72 y 煤nicamente si la solicitud se refiere a la presentaci贸n de documentos o la divulgaci贸n de pruebas que afecten a su seguridad nacional.
5. Antes de denegar una solicitud de asistencia de conformidad con el p谩rrafo 1 1), el Estado requerido considerar谩 si se puede prestar la asistencia con sujeci贸n a ciertas condiciones, o si es posible hacerlo en una fecha posterior o de otra manera. La Corte o el Fiscal, si aceptan la asistencia sujeta a condiciones, tendr谩n que cumplirlas.
6. Si no se da lugar a una solicitud de asistencia, el Estado Parte requerido deber谩 comunicar sin demora los motivos a la Corte o al Fiscal.
7. a) La Corte podr谩 solicitar el traslado provisional de un detenido a los fines de su identificaci贸n o de que preste testimonio o asistencia de otra 铆ndole. El traslado podr谩 realizarse siempre que:
i) El detenido d茅 su libre consentimiento; y,
ii) El Estado requerido lo acepte, con sujeci贸n a las condiciones que hubiere acordado con la  Corte;
b) La persona trasladada permanecer谩 detenida. Una vez cumplidos los fines del traslado, la Corte la devolver谩 sin dilaci贸n al Estado requerido:
8. a) La Corte velar谩 por la protecci贸n del car谩cter confidencial de los documentos y de la informaci贸n, salvo en la medida en que 茅stos sean necesarios para la investigaci贸n y las diligencias pedidas en la solicitud;
b) El Estado requerido podr谩, cuando sea necesario, trasmitir al Fiscal documentos o informaci贸n con car谩cter confidencial. El Fiscal 煤nicamente podr谩 utilizarlos para reunir nuevas pruebas;
c) El Estado requerido podr谩, de oficio o a solicitud del fiscal, autorizar la divulgaci贸n ulterior de estos documentos o informaci贸n, los cuales podr谩n utilizarse como medios de prueba de conformidad con lo dispuesto en las Partes V y VI y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
9. a) i) El Estado Parte que reciba solicitudes concurrentes de la Corte y de otro Estado de conformidad con una obligaci贸n internacional y que no se refieran a la entrega o la extradici贸n, procurar谩, en consulta con la Corte y el otro Estado, atender ambas solicitudes, de ser necesario postergando o condicionando una de ellas;
ii) Si esto no fuera posible, la cuesti贸n de las solicitudes concurrentes se resolver谩 de conformidad con los principios enunciados en el Art铆culo 90;
b) Sin embargo, cuando la solicitud de la Corte se refiera a informaci贸n, bienes o personas que est茅n sometidos al control de un tercer Estado o de una organizaci贸n internacional en virtud de un acuerdo internacional, el Estado requerido lo comunicar谩 a la Corte y la Corte dirigir谩 su solicitud al tercer Estado o a la organizaci贸n internacional.
10. a) A solicitud de un Estado Parte que lleve a  cabo una investigaci贸n o sustancie un juicio por una conducta que constituya un crimen de la competencia de la Corte o que constituya un crimen grave con arreglo a derecho interno del Estado requirente, la Corte podr谩 cooperar con 茅l y prestarle asistencia;
b) i) La asistencia prestada de conformidad con el apartado a) podr谩 comprender, entre otras cosas:
1. La transmisi贸n de declaraciones, documentos u otros elementos de prueba obtenidos en el curso de una investigaci贸n o de un proceso sustanciado por la Corte; y
2. El interrogatorio de una persona detenida por orden de la Corte;
ii) En el caso de la asistencia prevista en el apartado b) i) a.:
1. Si los documentos u otros elementos de prueba se hubieren obtenido con la asistencia de un Estado, su transmisi贸n estar谩 subordinada al consentimiento de dicho Estado;
2.  Si las declaraciones, los documentos u otros elementos de prueba hubieren sido proporcionados por un testigo o un perito, su transmisi贸n estar谩 subordinada a lo dispuesto en el Art铆culo 68;
c) La Corte podr谩, de conformidad con el presente p谩rrafo y en las condiciones enunciadas en 茅l, acceder a una solicitud de asistencia presentada por un Estado que no sea parte en el presente Estatuto.
Art铆culo 94
Aplazamiento de  la ejecuci贸n de una solicitud de asistencia con respecto
a una investigaci贸n o un enjuiciamiento en curso
1. Si la ejecuci贸n inmediata de una solicitud de asistencia interfiriere una investigaci贸n o enjuiciamiento en curso de un asunto distinto de aquel al que se refiera la solicitud, el Estado requerido podr谩 aplazar la ejecuci贸n por el tiempo que acuerde con la Corte. No obstante, el aplazamiento no exceder谩 de lo necesario para concluir la investigaci贸n o el enjuiciamiento de que se trate en el Estado requerido. Antes de tomar la decisi贸n de aplazar la ejecuci贸n de la solicitud, el Estado requerido debe considerar si se podr谩 prestar inmediatamente la asistencia con sujeci贸n a ciertas condiciones.
2. Si de conformidad con el p谩rrafo 1, se decidiere aplazar la ejecuci贸n de una solicitud de asistencia, el Fiscal podr谩 en todo caso pedir que se adopten las medidas necesarias para preservar pruebas de conformidad con el p谩rrafo 1 j) del Art铆culo 93. 
Art铆culo 95
plazamiento de la ejecuci贸n de una solicitud por haberse 
impugnado la admisibilidad de la causa
Sin perjuicio de lo dispuesto en el p谩rrafo 2 del Art铆culo 53, cuando la Corte proceda a examinar una impugnaci贸n de la admisibilidad de una causa de conformidad con los Art铆culos 18 贸 19, el Estado requerido podr谩 aplazar la ejecuci贸n de una solicitud hecha de conformidad con esta parte hasta que la Corte se pronuncie sobre la impugnaci贸n, a menos que 茅sta haya resuelto expresamente que el Fiscal podr谩 continuar recogiendo pruebas conforme a lo previsto en los Art铆culos 18 贸 19.
Art铆culo 96
Contenido de la solicitud relativa a otras formas de asistencia de 
conformidad con el Art铆culo 93
1. La solicitud relativa a otras formas de asistencia a que se hace referencia en el Art铆culo 93 deber谩 hacerse por escrito. En caso de urgencia, se podr谩 hacer por cualquier otro medio que permita dejar constancia escrita, a condici贸n de que la solicitud sea confirmada en la forma indicada en el p谩rrafo 1 a) del Art铆culo 87.
2. La solicitud deber谩 contener los siguientes elementos o estar acompa帽ada de, seg煤n proceda: 
a) Una exposici贸n concisa de su prop贸sito y de la asistencia solicitada, incluidos los fundamentos jur铆dicos y los motivos de la solicitud; 
b) La informaci贸n m谩s detallada posible acerca del paradero o la identificaci贸n de la persona o el lugar objeto de la b煤squeda o la identificaci贸n, de forma que se pueda prestar la asistencia solicitada;
c) Una exposici贸n concisa de los hechos esenciales que fundamentan la solicitud;
d) Las razones y la indicaci贸n detallada de cualquier procedimiento que deba seguirse o requisito que deba cumplirse;
e) Cualquier informaci贸n que pueda ser necesaria conforme al derecho interno del Estado requerido para cumplir la solicitud; y 
f) Cualquier otra informaci贸n pertinente para que pueda prestarse la asistencia solicitada.
3. A solicitud de la Corte, todo Estado Parte consultar谩 con la Corte, en general o respecto de un asunto concreto, sobre las disposiciones de su derecho interno que puedan ser aplicables de conformidad con el p谩rrafo 2 e). En esas consultas, los Estados Partes comunicar谩n a la Corte las disposiciones espec铆ficas de su derecho interno.
4. Las disposiciones del presente art铆culo ser谩n tambi茅n aplicables, seg煤n proceda, con respecto a las solicitudes de asistencia hechas a la Corte.
Art铆culo 97
Consultas con la Corte
El Estado Parte que reciba una solicitud de conformidad con la presente parte celebrar谩 sin dilaci贸n consultas con la Corte si considera que la solicitud le plantea problemas que puedan obstaculizar o impedir su cumplimiento. Esos problemas podr铆an ser, entre otros:
a) Que la informaci贸n fuese insuficiente para cumplir la solicitud; 
b) Que, en el caso de una solicitud de entrega, la persona no pudiera ser localizada, pese a los intentos realizados, o que en la investigaci贸n realizada se hubiere determinado claramente que la persona en el Estado de detenci贸n no es la indicada en la solicitud; o 
c) Que el  cumplimiento de la solicitud en su forma actual obligare al Estado requerido a no cumplir una obligaci贸n preexistente en virtud de un tratado con otro Estado.
Art铆culo 98
Cooperaci贸n con respecto a la renuncia a la inmunidad y consentimiento a la entrega
1. La Corte podr谩 negarse a dar curso a una solicitud de entrega o de asistencia en virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que le imponga el derecho internacional con respecto a la inmunidad de un Estado o la inmunidad diplom谩tica de una persona o un bien de un tercer Estado, salvo que obtenga la cooperaci贸n de ese tercer Estado para la renuncia a la inmunidad. 
2. La Corte no dar谩 curso a una solicitud de entrega en virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que le imponga un acuerdo internacional conforme al cual se requiera el consentimiento del Estado que envi茅 para entregar a la Corte a una persona sujeta a la jurisdicci贸n de ese Estado, a menos que 茅sta obtenga primero la cooperaci贸n del Estado que env铆e para que d茅 su consentimiento a la entrega.
Art铆culo 99
Cumplimiento de las solicitudes a que se hace referencia en los Art铆culos 93 y  96
1. Las solicitudes de asistencia se cumplir谩n de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo proh铆be, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorizaci贸n a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el tramite.
2. En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta ser谩n trasmitidos con urgencia. 
3. Las respuestas de Estado requerido ser谩n transmitidas en su idioma y forma original. 
4. Sin perjuicio de los dem谩s art铆culos de la presente parte, cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepci贸n de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecuci贸n de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entra帽e un cambio en 茅l, el Fiscal podr谩 ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado seg煤n se indica a continuaci贸n:
a) Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una decisi贸n de admisibilidad de conformidad con los Art铆culos 18 贸 19, el Fiscal podr谩 ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido;
b) En los dem谩s casos, el Fiscal podr谩 ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeci贸n a cualquier condici贸n u observaci贸n razonable que imponga o haga ese Estado Parte. Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecuci贸n de una solicitud de conformidad con el presente apartado, celebrar谩 consultas sin demora con la Corte para resolver la cuesti贸n.
5. Las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea o铆da o interrogada por la Corte con arreglo al Art铆culo 72 podr谩 hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgaci贸n de informaci贸n confidencial relacionada con la defensa o la seguridad nacionales; ser谩n igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente Art铆culo.
Art铆culo 100
Gastos
1. Los gastos ordinarios que se deriven del cumplimiento de las solicitudes en el territorio del Estado requerido correr谩n a cargo de este; con excepci贸n de los siguientes, que correr谩n a cargo de la Corte;
a) Gastos relacionados con el viaje y la seguridad de los testigos y peritos, o el traslado, con arreglo al Art铆culo 93, de personas detenidas; 
b) Gastos de traducci贸n, interpretaci贸n y transcripci贸n;
c) Gastos de viaje y dietas de los magistrados, el Fiscal, los fiscales adjuntos, el secretario, el secretario adjunto y los funcionarios de cualquier 贸rgano de la Corte; 
d) Costos de los informes o dict谩menes periciales solicitados por la Corte; 
e) Gastos relacionados con el transporte de la persona que entregue a la Corte un Estado de detenci贸n; y
f) Previa consulta, todos los gastos extraordinarios que puedan ser resultados del cumplimiento de una solicitud. 
2. Las disposiciones del p谩rrafo 1 ser谩n aplicables, seg煤n proceda, a las solicitudes hechas por los Estados Partes a la Corte. En ese caso, los gastos ordinarios que se deriven de su cumplimiento correr谩n a cargo de la Corte. 
Art铆culo 101
Principio de la especialidad
1. Quien haya sido entregado a la Corte en virtud del presente Estatuto no ser谩 procesado, castigado o detenido por una conducta anterior a su entrega, a menos que 茅sta constituya la base del delito por el cual haya sido entregado.
2. La Corte podr谩 pedir al Estado que hizo la entrega que la dispense del cumplimiento de los requisitos establecidos en el p谩rrafo 1 y, si fuere necesario, proporcionar谩 informaci贸n adicional de conformidad con el Art铆culo 91. Los Estados Partes estar谩n facultados para dar esa dispensa a la Corte y procurar谩n hacerlo. 
Art铆culo 102
T茅rminos empleados
A los efectos del presente Estatuto:
a) Por 鈥渆ntrega鈥 se entender谩 la entrega de una persona por un Estado a la Corte de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto;
b) Por 鈥渆xtradici贸n鈥 se entender谩 la entrega de una persona por un Estado a otro Estado de conformidad con lo dispuesto en un tratado o convenci贸n o en el derecho interno.
PARTE X. DE LA EJECUCI脫N DE LA PENA
Art铆culo 103
Funci贸n de  los Estados en la ejecuci贸n de las penas privativas de libertad
1. a) La pena privativa de libertad se cumplir谩 en un Estado designado por la Corte sobre la base de una lista de Estados que hayan manifestado a la Corte que est谩n dispuestos a recibir condenados;
b) En el monto de declarar que est谩 dispuesto a recibir condenados, el Estado podr谩 poner condiciones a reserva de que sean aceptadas por la Corte y est茅n en conformidad con la presente parte;
c) El Estado designado en un caso determinado indicar谩 sin demora a la Corte si acepta la designaci贸n. 
2. a) El Estado de ejecuci贸n de la pena notificar谩 a la Corte cualesquiera circunstancias, incluido el cumplimiento de las condiciones aceptadas con arreglo al p谩rrafo 1, que pudieren afectar materialmente a las condiciones o la duraci贸n de la privaci贸n de libertad. Las circunstancias conocidas o previsibles deber谩n ponerse en conocimiento de la Corte con una antelaci贸n m铆nima de 45 d铆as. Durante este per铆odo, el Estado de ejecuci贸n no adoptara medida alguna que redunde en perjuicio de lo dispuesto en el Art铆culo 110;
b) La Corte, si no puede aceptar las circunstancias a que se hace referencia en el apartado a), lo notificar谩 al Estado de ejecuci贸n y proceder谩 de conformidad con el p谩rrafo 1 del Articulo 104.
3. La Corte al ejercer su facultad discrecional de efectuar la designaci贸n prevista en el p谩rrafo 1, tendr谩 en cuenta: 
a) El principio de que los Estados Partes deben compartir la responsabilidad por la ejecuci贸n de las penas privativas de libertad de conformidad con los principios de distribuci贸n equitativa que establezcan las Reglas de Procedimiento y Prueba;
b) La aplicaci贸n de normas de tratados internacionales generalmente aceptadas sobre el tratamiento de los reclusos; 
c) La opini贸n del condenado; 
d) La nacionalidad del condenado; y
e) Otros factores relativos a las circunstancias del crimen o del condenado, o a la ejecuci贸n eficaz de la pena, seg煤n procedan en la asignaci贸n del Estado de ejecuci贸n.
4. De no designarse un Estado de conformidad con el p谩rrafo 1, la pena privativa de libertad se cumplir谩 en el establecimiento penitenciario que designe el Estado anfitri贸n, de conformidad con las condiciones estipuladas en el acuerdo relativo a la sede a que se hace referencia en el p谩rrafo 2 del Art铆culo 3. En ese caso, los gastos que entra帽e la ejecuci贸n de la pena privativa de libertad ser谩n sufragados por la Corte.
Art铆culo 104
Cambio en la designaci贸n del Estado de ejecuci贸n
1. La Corte podr谩 en todo momento decidir el traslado del condenado a una prisi贸n de un Estado distinto del Estado de ejecuci贸n.
2. El condenado podr谩 en todo momento solicitar de la Corte su traslado del Estado de ejecuci贸n. 
Art铆culo 105
Ejecuci贸n de la pena
1. Con sujeci贸n a las condiciones que haya establecido un Estado de conformidad con el p谩rrafo 1 b) del Art铆culo 103, la pena privativa de libertad tendr谩 car谩cter obligatorio para los Estados Partes, los cuales no podr谩n modificarla en caso alguno.
2. La decisi贸n relativa a cualquier solicitud de apelaci贸n o revisi贸n incumbir谩 exclusivamente a la Corte. El Estado de ejecuci贸n no pondr谩 obst谩culos para que el condenado presente una solicitud de esa 铆ndole.
Art铆culo 106
Supervisi贸n de la ejecuci贸n de la pena y condiciones de reclusi贸n
1. La ejecuci贸n de una pena privativa de libertad estar谩 sujeta a la   supervisi贸n de la Corte y se ajustar谩 a las normas generalmente aceptadas de las convenciones internacionales sobre el tratamiento de los reclusos.
2. Las condiciones de reclusi贸n se regir谩n por la legislaci贸n del Estado de ejecuci贸n y se ajustar谩n a las normas generalmente aceptadas de las convenciones internacionales sobre el tratamiento de los reclusos; en todo caso, no ser谩n ni mas ni menos favorables que las aplicadas a los reclusos condenados por delitos similares en el Estado de ejecuci贸n.
3. La comunicaci贸n entre el condenado y la Corte ser谩 irrestricta y confidencial. 
Art铆culo 107
Traslado una vez cumplida la pena
1. Una vez cumplida la pena, quien no sea nacional del Estado de ejecuci贸n podr谩, de conformidad con la legislaci贸n de dicho Estado, ser trasladado al Estado que est茅 obligado a aceptarlo o a otro Estado que est茅 dispuesto a hacerlo, teniendo en cuenta si quiere ser trasladado a este, a menos que el Estado de ejecuci贸n lo autorice a permanecer en su territorio.
2. Los gastos derivados del traslado de conformidad con lo dispuesto en el p谩rrafo 1,  de no ser sufragados por un Estado, correr谩n por cuenta de la Corte.
3. Con sujeci贸n a lo dispuesto en el Art铆culo 108, el Estado de ejecuci贸n tambi茅n podr谩, de conformidad con su derecho interno, extraditar o entregar por cualquier otra v铆a a la persona a un Estado que haya pedido la extradici贸n o entrega para someterla a juicio o para que cumpla una pena. 
Art铆culo 108
Limitaciones al enjuiciamiento o la sanci贸n por otros delitos
1. El condenado que se halle bajo la custodia del Estado de ejecuci贸n no ser谩 sometido a enjuiciamiento, sanci贸n o extradici贸n a un tercer Estado por una conducta anterior a su entrega al Estado de ejecuci贸n, a menos que, a petici贸n de 茅ste, la Corte haya aprobado el enjuiciamiento, la sanci贸n o la extradici贸n. 
2. La Corte dirimir谩 la cuesti贸n tras haber o铆do al condenado. 
3. El p谩rrafo 1 del presente Art铆culo no ser谩 aplicable si el condenado permanece de manera voluntaria durante m谩s de treinta d铆as en el territorio del Estado de ejecuci贸n despu茅s de haber cumplido la totalidad de la pena impuesta por la Corte o si regresa al territorio de ese Estado despu茅s de haber salido de 茅l. 
Art铆culo 109
Ejecuci贸n de multas y ordenes de decomiso
1. Los Estados Partes har谩n efectivas las multas u ordenes de decomiso decretadas por la Corte en virtud de la Parte VII, sin los perjuicios de los derechos de terceros de buena fe y de conformidad con el procedimiento establecido en su derecho interno. 
2. El Estado Parte que no pueda hacer efectiva la orden de decomiso adoptar谩 medidas para cobrar el valor del producto, los bienes o los haberes cuyo decomiso hubiere decretado la Corte, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. 
3. Los bienes, o el producto de la venta de bienes inmuebles o, seg煤n proceda, la venta de otros bienes que el Estado Parte obtenga al ejecutar una decisi贸n de la Corte ser谩n transferidos a la Corte. 
Art铆culo 110
Examen de una reducci贸n de la pena
1. El Estado de ejecuci贸n no pondr谩 en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte. 
2. Solo la Corte podr谩 decidir la reducci贸n de la pena y se pronunciar谩 al respecto despu茅s de escuchar al recluso. 
3. Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o veinticinco a帽os de prisi贸n en caso de cadena perpetua, la Corte revisar谩 la pena para determinar si 茅sta puede reducirse. La revisi贸n no se llevara a cabo antes de cumplidos esos plazos. 
4. Al proceder a la revisi贸n o examen con arreglo al p谩rrafo 3, la Corte podr谩 reducir la pena si considera que concurren uno o m谩s de los siguientes factores: 
a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos;
b) Si el recluso ha facilitado de manera espont谩nea la ejecuci贸n de las decisiones y 贸rdenes de la Corte en otros casos, en particular ayudando a 茅sta en la localizaci贸n de los bienes sobre los que recaigan las multas, las 贸rdenes de decomiso o de reparaci贸n que puedan usarse en beneficio de las v铆ctimas; o 
c) Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducci贸n de la pena.
5) La Corte, si en su revisi贸n inicial con arreglo al p谩rrafo 3, determina que no procede reducir la pena, volver谩 a examinar la cuesti贸n con la periodicidad y con arreglos a los criterios indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba.
Art铆culo 111
Evasi贸n
Si un condenado se evade y huye del Estado de ejecuci贸n, 茅ste podr谩, tras consultar a la Corte, pedir al Estado en que se encuentre que lo entregue de conformidad con los acuerdos bilaterales y multilaterales vigentes, o podr谩 pedir a la Corte que solicite de conformidad con la Parte IX. La Corte, si solicita la entrega, podr谩 resolver que el condenado sea enviado al Estado en que cumpl铆a su pena o a otro Estado que indique.
PARTE XI. DE LA ASAMBLEA DE LOS ESTADOS PARTES
Art铆culo 112
Asamblea de los Estados Partes
1. Se instituye una Asamblea de los Estados Partes en el presente Estatuto.
Cada Estado Parte tendr谩 un representante en la asamblea que podr谩 hacerse acompa帽ar de suplentes y asesores. Otros Estados signatarios del Estatuto o del Acta final podr谩n participar en la asamblea a t铆tulo de observadores.
1. La Asamblea:
a) Examinar谩 y aprobar谩, seg煤n proceda, las recomendaciones de la Comisi贸n Preparatoria; 
b) Ejercer谩 su supervisi贸n respecto de la Presidencia, el Fiscal y la Secretar铆a en las cuestiones relativas a la administraci贸n de la Corte; 
c) Examinar谩 los informes y las actividades de la mesa establecidos en el p谩rrafo 3 y adoptar谩 las medidas que procedan a ese respecto; 
d) Examinar谩 y decidir谩 el presupuesto de la Corte; 
e) Decidir谩 si corresponde, de conformidad con el Art铆culo 36, modificar el n煤mero de magistrados; 
f) Examinar谩 cuestiones relativas a la falta de cooperaci贸n de conformidad con los p谩rrafos 5 y 7 del Art铆culo 87; 
g) Desempe帽ar谩 las dem谩s funciones que procedan en virtud del presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba.
3.a) La Asamblea tendr谩 una mesa, que estar谩 compuesta de un Presidente, dos Vicepresidentes y 18 miembros elegidos por la Asamblea por  per铆odos  de tres a帽os; 
b) La mesa tendr谩 car谩cter representativo, teniendo en cuenta, en particular, el principio de la distribuci贸n geogr谩fica equitativa y la representaci贸n adecuada de los principales sistemas jur铆dicos del mundo; 
c) La mesa se reunir谩 con la periodicidad que sea necesaria, pero por lo menos una vez al a帽o, prestara asistencia a la asamblea en el desempe帽o de sus funciones. 
4. La Asamblea podr谩  establecer los 贸rganos subsidiarios que considere necesarios incluido un mecanismo de supervisi贸n independiente que se encargara de la inspecci贸n, la evaluaci贸n y la investigaci贸n de la Corte a fin de mejorar su eficiencia y econom铆a. 
5. El Presidente de la Corte, el Fiscal y el Secretario o sus representantes podr谩n, cuando proceda, participar en las sesiones de la Asamblea y de la Mesa. 
6. La Asamblea se reunir谩 en la sede de la Corte o en la sede de las Naciones Unidas una vez al a帽o y, cuando las circunstancias lo exijan, celebrar谩 per铆odos extraordinarios de sesiones.  Salvo que se indique otra cosa en el presente Estatuto, los per铆odos extraordinarios de sesiones ser谩n convocados por la Mesa de oficio o a petici贸n de un tercio de los Estados Partes. 
7. Cada Estado Parte tendr谩 un voto. La Asamblea y La Mesa har谩n todo lo posible para adoptar sus decisiones por consenso. Si no se pudiere llegar a un consenso, y salvo que en el presente Estatuto se dispondr谩 otra cosa:
a) Las decisiones sobre cuestiones de fondo ser谩n aprobadas por mayor铆a de dos tercios de los presentes y votantes, a condici贸n de que una mayor铆a absoluta de los Estados Partes constituir谩 el qu贸rum para la votaci贸n; 
b) Las decisiones sobre cuestiones de procedimientos se tomar谩n por mayor铆a simple de los Estados Partes presentes y votantes. 
8. El Estado Parte que est茅 en mora en el pago de sus contribuciones financieras a los gastos de la Corte no tendr谩 voto en la Asamblea ni en la Mesa cuando la suma adecuada sea igual o superior al total de las contribuciones adecuadas por los dos a帽os  anteriores completos. La Asamblea podr谩, sin embargo, permitir que dicho Estado vote en ella y en la Mesa si llegare a la conclusi贸n de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad del Estado Parte. 
9. La Asamblea aprobar谩 su propio reglamento.
10. Los idiomas oficiales y de trabajo de la Asamblea ser谩n los de la Asamblea General de las Naciones Unidas.   
PARTE XII. DE LA FINANCIACION
Art铆culo 113
Reglamento financiero
Salvo que se prevea expresamente otra cosa, todas las cuestiones financieras relacionadas con la Corte y con las reuniones de la Asamblea de los Estados Partes, inclusive su Mesa y sus 贸rganos subsidiarios, se regir谩n por el presente Estatuto y por el reglamento financiero y reglamentaci贸n financiera detallada que apruebe la Asamblea de los Estados Partes.
Art铆culo 114
Pago de los gastos
Los gastos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Partes, incluidos los de su Mesa y 贸rganos subsidiarios, se sufragar谩n con fondos de la Corte.
Art铆culo 115
Fondos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Partes
Los gastos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Partes, inclusive su Mesa y sus 贸rganos subsidiarios, previstos en el presupuesto aprobado por la Asamblea de los Estados Partes, se sufragar谩n con cargo a:
a) Cuotas de los Estados Partes; 
b) Fondos procedentes de las Naciones Unidas. Con sujeci贸n a la aprobaci贸n de la Asamblea General, en particular respecto de los gastos efectuados en la relaci贸n con cuestiones remitidas por el Consejo de Seguridad.
Art铆culo 116
Contribuciones voluntarias
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Art铆culo 115, la Corte podr谩 recibir y utilizar, en calidad de fondos adicionales, contribuciones voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales, particulares, sociedades y otras entidades, de conformidad con los criterios en la materia que adopte la Asamblea de los Estados Partes. 
Art铆culo 117
Prorrateo de las Cuotas
Las cuotas de los Estados Partes se prorratear谩n de conformidad con una escala de cuotas convenida basada en la escala adoptada por las Naciones Unidas para su presupuesto ordinario y ajustada de conformidad con los principios en que se basa dicha escala.
Art铆culo 118
Comprobaci贸n anual de cuentas
Los registros, los libros y los cuentas de la Corte, incluidos sus estados financieros anuales, ser谩n verificados anualmente por un auditor independiente.
PARTE XIII. CLAUSULAS FINALES
Art铆culo 119
Soluci贸n de controversias
1. Las controversias relativas a las funciones judiciales de la Corte ser谩n dirimidas por ella.
2. Cualquier otra controversia que surja entre dos o m谩s Estados Partes respecto de la interpretaci贸n o aplicaci贸n del presente Estatuto que no se resuelva mediante negociaciones en un plazo de tres meses contados desde el comienzo de la controversia ser谩 sometida a la asamblea de los Estados Partes. La Asamblea podr谩 tratar de resolver por s铆 misma la controversia o recomendar otros medios de soluci贸n, incluida su remisi贸n a la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el Estatuto de 茅sta.
Art铆culo 120
Reservas
No se admitir谩n reservas al presente Estatuto.
Art铆culo 121
Enmiendas
1. Transcurridos siete a帽os desde la entrada en vigor del presente Estatuto, cualquier Estado Parte podr谩 proponer enmiendas a 茅l. El texto de la enmienda propuesta ser谩 presentado al Secretario General de las Naciones Unidas, que lo distribuir谩 sin dilaci贸n a los Estados Partes.
2. Transcurridos no menos de tres meses desde la fecha de la notificaci贸n, la Asamblea de los Estados Partes decidir谩 por mayor铆a de los presentes y votantes decidir, si ha de examinar la propuesta, lo cual podr谩 hacer directamente o previa convocaci贸n de una Conferencia de Revisi贸n si la cuesti贸n lo justifica. 
3. La aprobaci贸n de una enmienda en una reuni贸n de la Asamblea de los Estados Partes o en una Conferencia de Revisi贸n en la que no sea posible llegar a un consenso requerir谩 una mayor铆a de dos tercios de los Estados Partes. 
4. Salvo lo dispuesto en el p谩rrafo 5, toda enmienda entrar谩 en vigor respecto de los Estados Partes un a帽o despu茅s de que los siete octavos de estos hayan depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas sus instrumentos de ratificaci贸n o de adhesi贸n.
5. Las enmiendas al Art铆culo 5 del presente Estatuto entrar谩n en vigor 煤nicamente a los Estados Partes que las hayan aceptado un a帽o despu茅s del dep贸sito de sus instrumentos de ratificaci贸n o aceptaci贸n. La Corte no ejercer谩 su competencia respecto de un crimen comprendido en la enmienda cuando haya sido cometido por nacionales o en el territorio de un Estado Parte que no haya aceptado la enmienda.
6. Si una enmienda ha sido aceptada por los siete octavos de los Estados Partes de conformidad con el p谩rrafo 4, el Estado Parte que no la haya aceptado podr谩 denunciar el Estatuto con efecto inmediato, no obstante lo dispuesto en el p谩rrafo 1 del Art铆culo 127  pero en sujeci贸n al p谩rrafo 2 de dicho art铆culo, mediante notificaci贸n hecha a m谩s tardar un a帽o despu茅s de la entrada en vigor de la enmienda.
7. El Secretario General de las Naciones Unidas distribuir谩 a los Estados Partes las enmiendas aprobadas en una reuni贸n de la Asamblea de los Estados Partes o en una Conferencia de Revisi贸n.
Art铆culo 122
Enmienda a disposiciones de car谩cter institucional
1. No obstante lo dispuesto en el p谩rrafo 1 del Art铆culo 121, cualquier Estado Parte podr谩 proponer en cualquier momento enmiendas a las disposiciones del presente Estatuto de car谩cter exclusivamente institucional, a saber, el Art铆culo 35, los p谩rrafos 8 y 9 del Art铆culo 36,  el Art铆culo 37, el Art铆culo 38, el p谩rrafo 1 del Art铆culo 39 (dos primeras oraciones), los p谩rrafos 4 a 9 del Art铆culo 42, los p谩rrafos 2 y 4 del Art铆culo 43 y los Art铆culos 44, 46, 47 y 49. El texto de la enmienda propuesta ser谩 presentado al Secretario General de las Naciones Unidas o a la persona designada por la Asamblea de los Estados Partes, que lo distribuir谩 sin demora a los Estados Partes y a otros participantes en la Asamblea.
2. Las enmiendas presentadas con arreglo al presente Art铆culo, respecto de las cuales no sea posible llegar a un consenso, ser谩n aprobadas por la Asamblea de los Estados Partes o por una conferencia de Revisi贸n por una mayor铆a de dos tercios de los Estados Partes. Esas enmiendas entrar谩n en vigor respecto de los Estados Partes seis meses despu茅s de su aprobaci贸n por la Asamblea o, en su caso por la Conferencia.
Art铆culo 123
Revisi贸n del Estatuto
1. Siete a帽os despu茅s de que entre en vigor el presente Estatuto, el Secretario General de las Naciones Unidas convocar谩 una Conferencia de Revisi贸n de los Estados Partes para examinar las enmiendas al Estatuto. El examen podr谩 comprender la lista de los cr铆menes indicados en el Art铆culo 5 pero no se limitar谩 a ellos. La Conferencia estar谩 abierta a los participantes en la Asamblea de los Estados Partes y en las mismas condiciones que 茅sta.
2. Posteriormente, en cualquier momento, a petici贸n de un Estado Parte y a los efectos indicados en el p谩rrafo 1, el Secretario General de las Naciones Unidas, previa la aprobaci贸n de una mayor铆a de los Estados Partes, convocar谩 una Conferencia de Revisi贸n de los Estados Partes.
3. Las disposiciones de los p谩rrafos 3 a 7 del Art铆culo 121 ser谩n aplicables a la aprobaci贸n y entrada en vigor de toda enmienda del Estatuto examinada en una conferencia de Revisi贸n. 
Art铆culo 124
Disposici贸n de transici贸n
No obstante lo dispuesto en el p谩rrafo 1 del Art铆culo 12, un Estado al hacerse parte en el Estatuto, podr谩 declarar que, durante un per铆odo de siete a帽os contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto, no aceptar谩 la competencia de la Corte sobre la categor铆a de cr铆menes a que se hace referencia en el Art铆culo 8 cuando se denuncie la comisi贸n de uno de esos cr铆menes por sus nacionales o en su territorio. La declaraci贸n formulada de conformidad con el presente art铆culo podr谩 ser retirada en cualquier momento. Lo dispuesto en el presente art铆culo ser谩 reconsiderado en la Conferencia de Revisi贸n que se convoque de conformidad con el p谩rrafo 1 del Art铆culo 123.
Art铆culo 125
Firma,  ratificaci贸n, aceptaci贸n, aprobaci贸n o adhesi贸n
1. El presente Estatuto estar谩 abierto a la firma de todos los Estados el 17 de julio de 1998 en Roma, en la sede de la Organizaci贸n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci贸n. Posteriormente, y hasta el 17 de octubre de 1998, seguir谩 abierto a la firma de Roma, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia. Despu茅s de esa fecha, el Estatuto estar谩 abierto a la firma en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, hasta el 31 de diciembre del a帽o 2000. 
2. El presente Estatuto estar谩 sujeto a la ratificaci贸n, aceptaci贸n o aprobaci贸n de los Estados signatarios. Los instrumentos de ratificaci贸n, aceptaci贸n o aprobaci贸n ser谩n depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 
3. El presente Estatuto estar谩 abierto a la adhesi贸n de cualquier Estado. Los instrumentos de adhesi贸n ser谩n depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Art铆culo 126
Entrada de vigor
1. El presente Estatuto entrar谩 en vigor el primer d铆a del mes siguiente al sexag茅simo d铆a a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexag茅simo instrumento de ratificaci贸n, aceptaci贸n, aprobaci贸n o adhesi贸n.
2. Respecto de cada Estado que ratifique, acepte o apruebe el Estatuto o se adhiera a 茅l despu茅s de que sea depositado el sexag茅simo instrumento de ratificaci贸n, aceptaci贸n, aprobaci贸n o adhesi贸n, el Estatuto entrar谩 en vigor el primer d铆a del mes siguiente al sexag茅simo d铆a a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificaci贸n, aceptaci贸n, aprobaci贸n o adhesi贸n. 
Art铆culo 127
Denuncia
1. Todo Estado Parte podr谩 denunciar el presente Estatuto mediante notificaci贸n por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtir谩 efecto un a帽o despu茅s de la fecha en que se reciba la notificaci贸n a menos que en ella se indique una fecha ulterior.
2. La denuncia no exonerar谩 al Estado de las obligaciones que le incumbieran de conformidad con el presente Estatuto mientras era parte en 茅l, en particular las obligaciones financieras que hubiere contra铆do. La denuncia no obstar谩 a la cooperaci贸n con la Corte en el contexto de las investigaciones y los enjuiciamientos penales en relaci贸n con los cuales el Estado denunciante est茅 obligado a cooperar y que se hayan iniciado antes de la fecha en que la denuncia surta efecto; la denuncia tampoco obstar谩 en modo alguno a que se sigan examinando las cuestiones que la Corte tuviera ante s铆 antes de la fecha en que la denuncia  surta efecto.
Art铆culo 128
Textos aut茅nticos
El original del presente Estatuto, cuyos textos en 谩rabe, chino, espa帽ol, franc茅s, ingl茅s y ruso son igualmente aut茅nticos, ser谩 depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, que enviar谩 copia certificada a todos los Estados.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Estatuto.
HECHO EN ROMA,  el d铆a diecisiete de julio de mil novecientos noventa y ocho.鈥
Art铆culo 2掳.- Comun铆quese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable C谩mara de Senadores el siete de diciembre del a帽o dos mil, quedando sancionado el mismo por la Honorable C谩mara de Diputados, el veinti煤n de diciembre del a帽o dos mil, de conformidad al Art铆culo 204 de la Constituci贸n Nacional.

Antecedente de la Ley N潞 1663






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